Los K armaron varias estrategias para sacar y nombrar jueces

El kirchnerismo en los últimos tiempos armó e impulsó varias maniobras en el Consejo de la Magistratura para impulsar o sacar jueces con los que no estaba de acuerdo. Todas tuvieron la impronta de la vicepresidenta Cristina Kirchner, una de las más preocupadas por la cuestión judicial e involucrada en varias causas de corrupción.

Una de las más movidas más fuertes fue la que intentó desplazar a dos camaristas federales, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, justo quienes habían confirmado los procesamiento de la vicepresidenta -y otros ex funcionarios k- en el caso de los Cuadernos de las Coimas.

En el Consejo, el oficialismo aprobó una resolución que instaba a anular los traslados de varios magistrados entre los que estaban Bruglia y Bertuzziy los obligaba a volver a su cargos anteriores. Así, podían sacarlos de la estratégica Cámara Federal.

Pero el caso llegó a la Corte Suprema que en pocas semanas emitió un fallo que los repuso en sus cargos hasta que se hicieran nuevos concursos. Fue un freno a la maniobra K y despertó un fuerte enojo de la vice y el Gobierno contra el máximo Tribunal.

Desde ese momento los ataques contra la Corte se intensificaron y acusaron al máximo Tribunal de ser afín a los intereses de la oposición, de tener un rol político e incluso de intentar dar "un golpe institucional", como planteó el senador Oscar Parrilli la semana pasada cuando se agotaba el tiempo para que salga un nueva ley sobre el Consejo de la Magistratura en el Congreso.

Con los concursos también se involucraron para tratar de nombrar jueces afines. Apuraron las tres vacantes de Comodoro Py -los lugares que habían dejado el fallecido Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres- y los de Bruglia y Bertuzzi.

En el último mes, antes del cambio del Consejo, intentaron tres veces sin éxito impulsar esos nombramientos. Los consejeros de la oposición no les dieron los votos y se enfrentaron a la maniobra. La última que lo intentaron fue el miércoles pasado en la sesión previa a que dejara de funcionar el organismo.

También quisieron votar un reglamento de emergencia -para funcionar en caso de que no se conforme el nuevo Consejo - que generó una fuerte polémica ya que podía habilitar al actual presidente del Consejo, el juez K Alberto Lugones, a tomar decisiones por fuera de lo netamente administrativo con siete votos que son lo que el oficialismo consigue sumando el de la diputada Graciela Camaño.

Se trató en la última sesión del miércoles y la oposición lo bloqueo. Los obligó a agregar en el reglamento que Lugones solo podía tomar decisiones con los dos tercios de los votos, unos 9 en total, que la oposición no está dispuesta brindárselos.

Desde la oposición sostenían que avalar ese reglamento como estaba era darle un cheque en blanco ya que si lo aprobaban podían nombrar jueces con los votos propios.

Con los cambios que se vienen en el Consejo, el oficialismo perderá poder e influencia en el organismo. La presidencia quedará en manos del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que la vicepresidenta considera enemigo.

Además, con la nueva conformación ya no tendrá los votos propios para avanzar con designaciones y nombramientos. ■