Pese a la condena, el embajador K sigue en Israel
No parece haber apuro en el Gobierno -y en la Cancillería- para que el ex gobernador kirchnerista de Entre Ríos, Sergio Urribarri, enviado como embajador en Israel por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, deje su destino y regrese a Buenos Aires, pese a que hace un mes y medio presentó su renuncia, tras ser condenado por la Justicia a ocho de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por corrupción.
El caso de la destituida fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche vuelve a poner el foco en el dirigente kirchnerista. Porque Goyeneche impulsó la investigación que logró la condena en primera instancia por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Urribarri va a apelar.
Pese a que el 7 de abril a la noche Urribarri terminó renunciando a la embajada en Tel Aviv, todavía sigue al frente de la misma.
En Presidencia, le aceptaron la dimisión pero el decreto sobre el fin de su misión todavía no llegó a sus manos. Es decir, no completó su tramitación. Sin eso Urribarri no está formalmente ido. Y sin ello tampoco puede iniciar los trámites de regreso. La situación es polémica teniendo en cuenta la celeridad con que otras veces Presidencia o Cancillería resuelve traer de vuelta a un embajador.
Según sabe este diario, Urribarri no va a la oficina central de la embajada pero sigue siendo embajador desde la residencia argentina.
Hoy, muchas de las actividades de la Argentina están representadas por Francisco Tropepi, el encargado de negocios de la embajada.
Consultadas por Clarín fuentes en el Gobierno se justificaron. Dijeron que la renuncia de Urribarri como embajador está siendo tramitada por "procedimientos administrativos correspondientes al caso".
Reconocieron que Urribarri permanece en la residencia de la embajada pero "hasta tanto no se haga efectiva su desvinculación, no puede abandonar la legación argentina". Reiteraron, como ya lo había anticipado este diario que se necesita un decreto presidencial para removerlo del cargo.
Es decir es facultad del presidente Alberto Fernández removerlo y todavía no lo ha hecho. ■
El Gobierno justifica que Urribarri sigue en Tel Aviv por temas “administrativos”.