Doble crimen en el barco: dos fallos dejan al acusado cerca del juicio
La Cámara Federal de La Plata confirmó el procesamiento y denegó la excarcelación de Carlos Lima (52).
Había purgado una pena de siete años y medio luego de intentar matar a un vecino que se quejaba de que su lavarropas inundaba la vereda. Aún así, Carlos Eugenio Lima (52) no tuvo inconvenientes en dejar atras su pasado como policía de la Bonaerense y, una vez recuperada su libertad, continuar con su otra pasión: la marina mercante.
Sus antecedentes de violencia o bien no se supieron o no importaron. Lo cierto es que, pese a su caracter irascible, terminó trabajando en buques, labor que lo mantenía semanas aislado junto a un grupo reducido de personas.
Lima era tercer oficial de cubierta del buque petrolero Ayane. Casi sobre la medianoche del viernes 22 de octubre de 2021, tomó un arma y mató a dos de sus superiores: el capitán Daniel García (39) y el primer oficial Juan Alfonso Pegasano (48).
Su plan era también asesinar al segundo oficial, Lucas Discenza (32), pero cuando lo fue a buscar a su camarote, donde estaba durmiendo, no pudo abrir la puerta. La pateó y la baleó, pero no logró llegar a él.
Frustrado, fue al puente de mando, disparó contra los instrumentos, tomó la radio y emitió un contundente mensaje a la Prefectura: “El capitán y el primer oficial están muertos,
los maté yo. Y me voy a entregar. Así que quiero que venga un guardacosta y me arreste. Listo. Es tan sencillo como eso”.
Lima quedó a disposición del juez federal Enrique Kreplak, que primero certificó que estaba cuerdo (aunque le decían El Loco Lima) y después lo procesó. A eso le sumó la prisión preventiva y un embargo de veinte millones de pesos.
El caso llegó apelado a la Sala III de la Cámara Federal de la Plata que, en dos fallos sintéticos (10 y 15 carillas),
dejó firme todo lo actuado por el juez.
“Advierte el Tribunal que el magistrado ha enumerado adecuadamente en el fallo las pruebas existentes en el sumario, que las vinculó a los casos estudiados y que detalló los elementos que le permitieron atribuirle participación en ellos al encartado” dijeron los jueces Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias y María Alejandra Martin.
“La defensa podrá discrepar con el criterio del juez a quo, agraviarse de la ausencia de elementos probatorios que justifiquen lo decidido, así como de la falta de vinculación entre las pruebas valoradas y la conclusión a la que se arribó, pero, de todos modos, resulta inadmisible el planteo efectuado en tanto y en cuanto las discrepancias puestas de manifiesto solo constituyen una mera diferencia de opiniones, anticipada a la etapa contradictoria del debate, que tendrá adecuada respuesta en el marco de la apelación planteada”, concluyeron los camaristas que, en palabras sencillas, le dijeron a la defensa que lo que quiera discutir lo haga en el juicio oral.
Al apelar ante la Cámara, los abogados de Lima- primero un defensor oficial y luego el abogado particular Carlos Broitman- intentaron marcar contradicciones entre los testigos y cuestionaron que el juez valorara la autoincriminación del acusado cuando llamó por radio a Prefectura.
En su única entrevista con la prensa, concedida a Clarín desde su celda, Lima deslizó que el arma (que nunca se encontró porque la tiró al río) era propiedad de Pegasano y que él solo se defendió. También dijo que el capitán murió porque se interpuso en su camino, que no tenía nada contra él porque apenas lo conocía.
En cuanto al móvil, Lima le contó a este diario que Pegasano lo acosaba y que incluso le había revelado a la tripulación que él había estado preso por un intento de homicidio. La infidencia habría ocurrido durante el festejo de cumpleaños del acusado el 13 de octubre de 2021. “Era algo que yo tenía oculto bajo siete llaves. Era un pasado que tenía enterrado y éste me mandó al frente en pleno comedor de oficiales”, declaró Lima.
Este claro antecedente de un carácter violento es en el que se basan los abogados querellantes Tomás Farini Duggan y David Aguilar, representantes de las viudas e hijos de las víctimas, para reclamar que la investigación penal se amplíe a la empresa armadora Bahía Grande y a la Prefectura.
Para hacer todo un poco mas terrorífico, además del duelo por las muertes, las familias tienen que enfrentar problemas prácticos. Por ejemplo, la ART les informó que como Pegasano y García no tuvieron un accidente laboral sino que fueron víctimas de un delito penal, no les cubre absolutamente nada de nada. ■