100 años de YPF, en un país declinante
Será YPF la empresa energética prestigiosa que contribuya al desarrollo del potencial geológico y de fuentes renovables con que cuenta el país en la transición del paradigma energético que experimenta el mundo? ¿Seguirá siendo un actor relevante y emblemático en el programa de desarrollo económico y social que el país se debe?
YPF fue una de las primeras empresas petroleras estatales del mundo. Creada en 1922 como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con la gestión del General Enrique Mosconi se transforma en un símbolo de la soberanía energética nacional. Nace coexistiendo con otras petroleras privadas multinacionales.
Casi el 70% de su vida jurídica se desenvolvió como empresa 100% estatal. Con la transformación en sociedad comercial, YPF S.A llegó a ser totalmente privada y extranjera, y hasta resignó su nombre a segundo plano cuando se la conoció como Repsol-YPF.
Pero la trayectoria accionaria, asociada a los vaivenes de una Argentina en crisis sistémica desde la revolución de 1930, no es lo más relevante para explicar su desempeño y sus resultados. Estos están más asociados a las políticas energéticas a los que fue sometida su gestión, y a la autonomía relativa que tuvo la compañía en el gerenciamiento de precios, inversiones y costos.
A mayor interferencia política en su gestión, peores resultados; a políticas energéticas más discrecionales (precios políticos, reglas cambiantes, cortoplacismo) menores logros en producción y reposición de reservas.
La YPF que la administración Alfonsín le transfirió a la administración Menem estaba organizada como sociedad del Estado. El decreto 2248/90 transformó a YPF de sociedad del Estado en sociedad anónima comercial.
El Estado nacional era dueño del 100% de las acciones. Su transformación en sociedad comercial habilitó el camino al reparto acciona rio. En la ley 24.145 de Federalización de Hidrocarburos y Privatización de YPF, 51% de las acciones quedaron bajo el dominio del Estado Nacional, 39% se asignaron a las Provincias productoras y 10% fue para el personal.
En el mismo instrumento provincias y Nación se comprometieron a vender en rondas sucesivas parte del capital a inversores privados. Por la venta del 58.5% del capital ingresaron al Tesoro 3040 millones de dólares.
Parte de ese ingreso se destinó a rescatar deuda por regalías a las provincias y otra parte fue destina a rescatar el BOCON previsional en forma anticipada. El Estado Nacional preservó una masa crítica de acciones (20,3%) suficiente para controlar decisiones estratégicas y decidir la dirección de la empresa. En 1998 empiezan las tratativas con Repsol. Se vende un 14.99% de las acciones por el que los españoles pagan 2010 millones de dólares, y luego el remanente de acciones que le restaban al Estado Nacional por otros 1578 millones de dólares.
Los españoles hacen entonces una oferta pública por todo el paquete de la compañía. YPF muta en Repsol-YPF. Bajo el giro español, el otro hito en la estructura accionaria de la YPF privada se da cuando en 2007 la administración Kirchner promueve el proceso de “argentinización”.
El grupo Eskenazi compra el 25.46% de las acciones de la compañía, 15% al momento de la firma y el remanente más tarde. Los créditos que sufragan la compra se pagan con dividendos extraordinarios distribuidos que aprueba la empresa.
En el 2012 la administración de Cristina Fernández de Kirchner expropia el 51% de las acciones en poder de Repsol y el Estado Nacional asume el control de la empresa. En 2014 Repsol fue indemnizada por un monto en valor presente de aquella época de 5000 millones de dólares.
Así llegamos a la YPF de hoy que padece, con el conjunto de la industria, la reincidencia en políticas fallidas. En sus cien largos años de vida jurídica, ya como empresa estatal, privada o mixta, ya como “brazo ejecutor de la política petrolera” antes, y ocupada del negocio en competencia con otros actores como se pretende ahora (con presiones políticas para actuar como “empresa testigo”), YPF acumula una larga y valiosa experiencia en el know how del negocio, pero ha tenido que transitar por todas las turbulencias de una Argentina política y económica en decadencia secular.
Con autonomía de gestión, YPF sabe cómo y dónde explorar, producir y comercializar petróleo y gas natural. Con autonomía de gestión sabe cómo reducir costos y mejorar su productividad, y conoce sus restricciones presupuestarias y financieras.
Con autonomía de gestión, YPF sabe también cómo generar beneficios y reinvertirlos dando prioridad a la geología argentina. Pero sometida a precios intervenidos, interferida en las decisiones de inversión y con incorporaciones políticas a su plantel, deja de ser parte de la solución y, por su peso relativo, se transforma en otro problema para el sector energético y para la economía argentina.
En una estrategia energética de largo plazo, con reglas estables y señales de precios que reflejen costos económicos, YPF, con autonomía de gestión, e internacionalizada, puede sorprendernos con buenas noticias que se trasladarán a su hoy paupérrimo valor de capitalización bursátil. Cuenta con inmensas reservas potenciales, ha recorrido la curva de aprendizaje del desarrollo no convencional, se ha diversificado horizontalmente al desarrollo de las nuevas energías, y cuenta con grandes posibilidades de incursionar en el desarrollo del hidrógeno. Pero requiere de ingentes inversiones, de nuevos socios y de acceso a los mercados de capitales. Seguirá siendo un actor relevante en la película energética argentina, pero necesita el guión de un país normal.