Es imperioso modificar la ley de salud mental
Las palabras pronunciadas recientemente en el Senado por Marina Charpentier, madre del popular músico Chano, sobre la desesperante situación de éste y la imperiosa necesidad de modificar la ley de salud mental para permitir soluciones eficaces para este tipo de casos, calaron hondo en la sociedad argentina: “Estoy acá porque soy la mamá de alguien enfermo con la enfermedad de la adicción. Hablo por cientos de madres que me piden que hable por ellas (…) La ley no me ayudó (…) ¿En qué cabeza entra que una persona que consumió marihuana, paco o cocaína va a ir libremente a internarse?”.
La ley 26.657, a la que se refiere, pese a haber significado un avance en muchos sentidos, ha generado problemas para su aplicación. Por eso, el año pasado, presenté como diputado nacional un proyecto de ley destinado a corregir esas deficiencias. Fui asesorado por profesionales e instituciones de excelencia en el ámbito de la salud mental, que a su formación teórica le agregan la imprescindible experiencia de convivir cotidianamente con estas situaciones.
En primer lugar, el proyecto destaca que el poder de policía en materia de salubridad es una competencia provincial. Pero la modificación principal tiende a corregir ciertas confusiones y vaguedades de la ley actual, que no distingue claramente quién decide la necesidad de la internación de personas cuya situación mental importe un peligro para sí o para terceros, quién la controla y dónde se concreta.
Mi proyecto rescata el rol del médico psiquiatra, pues por su específica incumbencia académica es el profesional más idóneo para decidir una posible internación. Que puedan existir errores no debería modificar esa premisa. Con ese criterio, no existirían las incumbencias de ninguna profesión.
La posibilidad del error, presente en cualquier acción humana, no justifica que se diluya el necesario protagonismo del psiquiatra mediante una junta multidisciplinaria, porque puede haber también mala praxis con la participación de más personas.
Involucrar en la decisión a quienes no tienen la capacitación profesional específica, lejos de resolver el problema, lo profundiza. La responsabilidad médica debe ser respetada y la legislación prevenir los abusos con la intervención necesaria de las asesorías y defensorías de incapaces y la consecuente actuación de los jueces.
En cuanto a los lugares de internación de las personas con padecimientos mentales, la idea de hacer desaparecer los hospitales especializados y derivar esos pacientes a hospitales generales trajo serias complicaciones, por la inadecuada preparación de muchos de estos. Por ello, es necesario retrotraer la legislación en ese aspecto.
Hay que abordar estos temas tan delicados sin anteojeras ideológicas. Familias desesperadas, como la de Chano, que no encuentran respuestas adecuadas en un sistema atravesado por el dogmatismo, que es la contracara de la ciencia.