La Fiscalía de Perú cita a Pedro Castillo en una causa por presunta corrupción
Investiga desde abril las denuncias de irregularidades en la construcción de un puente en la Amazonía.
La Fiscalía de Perú citó al presidente Pedro Castillo para que el próximo 13 de junio declare en la investigación preliminar que se le sigue, junto a otros representantes del actual Gobierno y legisladores, por un presunto caso de corrupción.
También ayer, el ministro de Agricultura y Riego de Perú, Javier Arce, tuvo que renunciar, tan solo dos semanas después de asumir el cargo y luego de que medios locales informaran que estuvo en prisión y tiene otras investigaciones vigentes.
El Ministerio Público informó, en un comunicado, que la notificación a Castillo fue enviada por el Fiscal de la Nación (general), Pablo Sánchez, para las 10.00 horas del día programado.
De acuerdo con sus prerrogativas, el gobernante puede decidir si acude ante el despacho fiscal o brinda su testimonio en el Palacio de Gobierno.
La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, aunque pueden avanzar las indagaciones. Castillo finaliza su mandato en julio de 2026.
El Ministerio Público también programó la ampliación de la declaración del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva para este lunes, mientras que el martes declarará la exviceministra de Transportes Fabiola Caballero y, el miércoles, el abogado y exasesor del ministerio de Transportes Alex Starost. También se ha citado para esta semana a dos integrantes del comité de selección de la licitación para la construcción de un puente sobre un río de la Amazonía peruana. Estas indagaciones forman parte de una investigación preliminar abierta por el fiscal Sánchez contra Castillo, Silva, y seis actuales congresistas, remarcó la nota.
La Fiscalía investiga desde abril pasado las denuncias de irregularidades en la selección de propuestas para la construcción del puente “Tarata” sobre el río Huallaga, en la Amazonía del país, que se otorgó a un consorcio asesorado por la empresaria Karelim López, quien también está siendo investigada por presunta corrupción. En estas pesquisas se ha incluido a 13 personas y la Fiscalía considera que existía una organización criminal enquistada en el actual Ejecutivo, que era liderada por el presidente Castillo, quien ha negado esas acusaciones.
Karelim López acusó al mandatario y a su entorno más cercano, incluidos los dos sobrinos, de haber formado una red criminal para adjudicar ilegalmente contratos de obras públicas. El fiscal general ordenó el domingo pasado ampliar las pesquisas contra Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. La defensa del gobernante exige que se declare la “nulidad absoluta” de esa investigación y anunció que, si esto no se acepta, planteará una “tutela de derechos”, ya que considera que goza de inmunidad absoluta mientras esté en el cargo. Como parte de este caso, el Poder Judicial dictó este sábado 36 meses de impedimento de salida del país contra Silva, y una medida similar, aunque por 9 meses, contra los actuales congresistas Raúl Doroteo y Darwin Espinoza, del partido centrista Acción Popular.
La orden judicial contra Silva se dio por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal en agravio del Estado, mientras que contra Doroteo y Espinoza fue por la presunta comisión de tráfico de influencias agravado.
Este viernes se difundió la transcripción de un presunto audio en la que el empresario Zamir Villaverde, quien está preso mientras se le investiga por corrupción, supuestamente le ofrece un soborno a Silva para obtener la licitación para la construcción del puente. Medios locales aseguraron este domingo que esa transcripción es verdadera y que la fiscal Karla Zecenarro dispuso la elaboración de un acta en la que consta el diálogo. Villaverde, quien pidió ser colaborador de la investigación fiscal en este caso, también ha implicado a Castillo en la presunta trama corrupta, aunque sin haber presentado hasta el momento pruebas de sus afirmaciones. Las denuncias contra el mandatario han reactivado la crisis política que afronta Perú desde el inicio del actual régimen, a fines de julio del año pasado, y llevado a la oposición y medios locales a exigir que Castillo deje el Gobierno.
El sábado, integrantes de organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales opositores marcharon por el centro de Lima para exigir la salida de la jefatura de Estado de Castillo, al que acusaron de ser “corrupto” y “comunista”. ■