El Gobierno buscó bajarle el tono y dejó el caso en manos de la Justicia
Los pasaportes de los iraníes fueron seguidos con especial interés. Pero no hubo alertas de inteligencia del exterior.
Con Alberto Fernández recluido en Olivos tras su vuelta de Los Ángeles, parte del Gobierno seguía con atención ayer el desenlace judicial que rechazó el habeas corpus en torno al avión carguero de la empresa venezolana Emtrasur retenido en el aeropuerto de Ezeiza por falta de combustible y a su tripulación iraní, que esperaba en un hotel cercano por la devolución de sus documentos para poder hacer el ingreso formal al país.
"Les retuvimos los documentos, el juez nos da la razón y la oposición nos acusa de no hacer nada, es increíble", se quejaban a última hora desde un despacho oficial en alusión a las denuncias de Juntos por el Cambio y antes de que Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora, resolviera sobre el habeas corpus presentado por el abogado Rafael Resnick Brenner en representación de los cinco tripulantes de Irán cuyos pasaportes fueron retenidos por Migraciones tras una alerta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), después de que el Boeing 747-300M matrícula YV3531 no pudiera ingresar al espacio aéreo uruguayo para abastecerse de combustible.
Según pudo saber este diario, tanto el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, como su par de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, fueron informados sobre las novedades por José Glinski, director nacional de la PSA, y María Florencia Carignano, directora de Migraciones: son dos de los funcionarios que estuvieron sobre el tema el fin de semana.
En el caso Cancillería, el rol de Santiago Cafiero se limitó a lo protocolar: desde el juzgado de Villena les comunicaron del habeas corpus presentado por Resnick Brenner para que informen del mismo a las embajadas de Irán y Venezuela en el país.
Con el correr de las horas, la polémica empezó a inquietar al Gobierno, que esperó durante todo el domingo la resolución de Villena, que recolectó información oficial y dictaminó cuando caía la noche.
Hasta el miércoles, el avión y la tripulación de la empresa venezolana no habían tenido mayores inconvenientes, aunque las autoridades oficiales ya habían encendido las alarmas. Nunca hubo, sin embargo, ninguna alerta de organismos internacionales sobre los tripulantes.
La aeronave, que partió de Caracas y que antes había pasado por Paraguay, aterrizó en la terminal de cargas TCA del aeropuerto de Ezeiza el lunes por la tarde, previa escala en Córdoba, producto de la neblina. La carga -autopartesfue despachada tras la revisión correspondiente, y los tripulantes -5 iraníes y 14 venezolanos- cumplieron con los trámites migratorios con normalidad.
El martes, el avión tenía previsto volver a Venezuela, pero "la partida fue cancelada por no contar con abastecimiento de combustible, alojándose la tripulación en el Hotel Holiday Inn de Ezeiza", según se transcribió en el expediente de Migraciones. La empresa Emtrasur contrató a un broker para hacerse del combustible, pero tampoco cumplió. Según las fuentes, la compañía hizo entonces una transferencia a ANCAP, la petrolera uruguaya, para abastecerse en el vecino país.
El miércoles a las 14.44 el avión despegó hacia Montevideo, pero tuvo que volver a Ezeiza después de que las autoridades uruguayas le denegaran el ingreso, según trascendió por una supuesta sanción que pesaba sobre la empresa.
Fue en ese momento cuando en la PSA decidieron actuar, solicitaron que la aeronave se posicione en la plataforma 54 de la terminal de cargas y se contactaron con Migraciones. Con las horas de servicio vencidas, la tripulación descendió del avión, sin aprovisionamiento de combustible, y se les retuvo la documentación: se les otorgó una "autorización provisoria de permanencia", es decir, sin ingreso legal al país. Y fueron alojados en el mismo hotel.
Los funcionarios se ampararon en el artículo 35 de la Ley de Migraciones que da cuenta de la "sospecha fundada" de que el motivo de ingreso al país difiere del manifestado formalmente ante los controles migratorios. Es decir, las autoridades nacionales concluyeron en que podía haber otros intereses detrás del transporte de autopartes de los tripulantes iraníes.
Por tratarse de un país asociado al Mercosur, y no necesitar visado especial, a los ciudadanos venezolanos se les devolvieron los documentos. No así a los iraníes, que fueron seguidos con especial interés, según fuentes oficiales.
Ante el juzgado de Lomas de Zamora, Resnick Brenner -un reconocido ex funcionario de AFIP, implicado en el caso Ciccone- presentó el sábado toda la documentación oficial en torno a la aeronave en la que, según el abogado, no figuraba "ningún secuestro, embargo ni impedimento" para desarrollar la operación de carga. En la noche del domingo, el juez le dio la razón a los funcionarios del gobierno, que esperaban por los próximos movimientos de la tripulación iraní. ■