La anomia afecta al Estado de derecho
En forma casi imperceptible hemos venido entrando en los últimos años en una situación de anomia, entendida en su sentido amplio, como incumplimiento de normas jurídicas que rigen la vida de la sociedad o la carencia de ellas pese al mandato constitucional que obliga a dictarlas.
Lo que llama la atención es que, salvo contadas excepciones, este apartamiento de la legalidad jurídica que caracteriza al Estado de derecho, no ha producido las reacciones que eran de esperar, provocando la sensación de que existe una suerte de acostumbramiento o resignación a coexistir con esta irregular situación.
Oportunamente nos hemos referido a la ausencia de las normas que debían haberse dictado, en un artículo titulado “Deudas del Congreso con la Constitución Nacional” (diario Clarín del 6/8/2021) en el cual hicimos una síntesis de las mismas, mencionando como caso emblemático la ley sobre la coparticipación federal de impuestos exigida por el artículo 75 inciso 2° que debió hacer sido sancionada hace 26 años. Habría que agregar la falta de sanción del Presupuesto para el corriente año.
La inconstitucional regulación de los decretos de necesidad y urgencia efectuada por la ley 26.122, promovida en el año 2006 por la actual Vicepresidenta, es también una manifestación de anomia, en su sentido amplio, por cuanto basta que sean aprobados por una sola Cámara para que mantengan su vigencia, mientras que para la sanción de una ley se requiere la aprobación de ambas Cámaras. Han pasado 16 años de la sanción de este adefesio jurídico y el Congreso sigue sin rescatar las facultades legislativas cedidas graciosamente al Poder Ejecutivo.
Igualmente inconstitucional, como recientemente lo declaró la Corte Suprema de Justicia, era la ley 26.080 impulsada por el kirchnerismo en el año 2006, por cuanto violaba las exigencias del artículo 114 para la integración del Consejo de la Magistratura.
El fallo del alto tribunal restituyó la vigencia de las leyes 24.937 y 24.939 que regularon originalmente la integración del Consejo, pero fueron nuevamente violadas luego de la sentencia, al designarse en representación de la segunda minoría a un senador oficialista, cuando le correspondía a la oposición, recurriendo a la tramposa y burda maniobra de simular una división del bloque mayoritario
Debemos incluir en la extensa lista de casos de anomia, la falta de cobertura de cargos previstos por la Constitución o por las leyes.
Un caso notorio es el del Defensor del Pueblo, establecido por el artículo 86 de la Constitución, que se encuentra vacante desde hace 13 años. También se encuentra demorada la designación del Procurador General de la Nación (artículo 120), no obstante existir una propuesta del Poder Ejecutivo, que se encuentra pendiente del acuerdo senatorial, trabado por razones políticas. En el mismo orden de ideas no puede dejar de mencionarse la vacancia de un tercio de los cargos de jueces federales, pese a existir las correspondientes ternas para cubrir los mismos elevadas por el Consejo de la Magistratura, agravando de ese modo el de por sí irregular funcionamiento del Poder Judicial. No obstante ello, el oficialismo hizo sancionar por el Senado un proyecto de ley, con vicios reglamentarios, aumentando desmesuradamente el número de cargos judiciales.
Merece una especial consideración la situación de la Corte Suprema de Justicia, cuya integración fue reducida de 9 a 5 miembros durante la presidencia de la señora de Kirchner y que ahora caprichosamente el mismo oficialismo pretende aumentar hasta el disparatado número de 24 jueces. Mientras tanto el Poder Ejecutivo ni siquiera ha iniciado el trámite de preselección previsto por el decreto 222/2003, para cubrir la vacante producida en el alto tribunal a partir del 1° de noviembre de 2021, que desde esta fecha funciona con sólo 4 miembros.
Por otra parte, el Congreso de la Nación tampoco exhibe un ejemplo de trabajo, como lo evidencian la escasez de sesiones y la baja calidad de su funcionamiento, tanto en las deliberaciones, a veces muy desordenadas y plagadas de incidentes, como en su producción legislativa.
El abuso en la realización de sesiones especiales, como pretexto para incumplir con las mayorías especiales que exigen los reglamentos para sancionar leyes que no cuentan con los dictámenes en forma, constituye una mala praxis parlamentaria que hace perder jerarquía al principal poder del Estado.
Esta situación de anomia producida por la irresponsabilidad de los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes, ha provocado que haya sectores de la población que no se sienten obligados a cumplirlas, lo que puede advertirse en las violaciones que se producen casi diariamente como los cortes de calles y rutas, la ocupación ilegal de tierras, a veces con la complicidad de funcionarios, a lo que se agregan los ya insoportables hechos de inseguridad con pérdidas de vidas y de bienes en un clima de violencia y de desorden generalizado.
Finalmente, también contribuye a agravar el cuadro señalado, la manifiesta incertidumbre acerca de quien ejerce el poder real en nuestro país, ya que parecen trastocados los roles encomendados por la Constitución a las máximas autoridades políticas, generando confusiones, enfrentamientos mediáticos y descalificaciones mutuas que potencian la pérdida de confianza y de credibilidad en un gobierno, que carece de plan y de rumbo, mientras el flagelo de la inflación causa estragos en la economía, aumentando diariamente la pobreza y la indigencia.w