La ausencia de diálogo entre el gobierno y los indígenas agudiza la crisis en Ecuador
Quito rechaza levantar el estado de excepción. Y las protestas crecen en la capital tras 10 días de manifestaciones.
La posibilidad de una salida a la crisis en Ecuador parecía alejarse ayer cuando el gobierno se negó a derogar el estado de excepción en seis provincias, como exige el movimiento indígena para terminar un conflicto que ya lleva 10 días de protestas con dos muertos, decenas de heridos y detenidos, policías desaparecidos y varios bloqueos de rutas.
Las movilizaciones no cedían anoche en Quito. Alrededor de un millar de indígenas que llegaron esta semana a la capital para exigir una reducción de los precios de los combustibles se dispersaron al c ierre de esta edición en grupos para avanzar sobre el centro de la ciudad, mientras a su paso levantaban barricadas con troncos de árboles. Por donde pasaban los manifestantes, los comercios cerraban sus puertas.
Las protestas se han caracterizado por violentos bloqueos de las principales vías de seis provincias. En la capital, hubo agresiones a ciudadanos y vehículos, con exigencias de cierre a comercios que luego fueron saqueados. En declaraciones periodísticas, el titular de la Confederación Nacional Indígena (Conaie), Leónidas Iza, reiteró que las demandas incluyen la reducción del precio de la gasolina de 2,55 a 2,10 dólares por galón, la fijación de precios de los productos agropecuarios y presupuesto para educación intercultural, entre otros reclamos centrados sobre todo en el creciente costo de vida.
La noche del martes, Iza exigió al gobierno que, previo a un diálogo, elimine el estado de excepción en seis provincias, que desmilitarice y elimine la dotación policial alrededor de los sitios donde se concentraban en la capital y que les permitan llegar al parque de El Arbolito y la vecina Casa de la Cultura para mantener asambleas. El gobierno se ha negado a negociar hasta que cesen las manifestaciones.
“No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir”, advirtió el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, al canal Teleamazonas.
Bajo el estado de emergencia, el presidente desplegó las fuerzas armadas y está facultado para imponer toques de queda.
El martes un ataque a instalaciones policiales en Puyo, en la Amazonía ecuatoriana, dejó un muerto y seis uniformados con heridas graves, según el ministerio del Interior. Tras los choques que siguieron, 18 policías están “desaparecidos” y tres más fueron “retenidos” por indígenas, añadió el jefe de la cartera, Patricio Carrillo, en rueda de prensa.
Estamos “demasiado enojados con el gobierno”, dijo a la AFP uno de los manifestantes, Olmedo Ayala, un indígena de 42 años, que llegó a Quito desde la provincia El Salado.
“Vivimos en crisis económicamente en el campo, ahí no hay desarrollo, no tenemos fuentes de trabajo, solo somos agricultores y nuestras mujeres (viven) de sacar la leche” pero cada vez reciben menos dinero por ello, contó. Si el presidente conservador Guillermo Lasso no rebaja los precios de combustibles y no acepta las demás exigencias de la Conaie “tendrá que salir”, afirmó.
Lasso, que asumió el poder en mayo de 2021, denuncia que el movimiento indígena presiona para sacarlo del poder, como lo hicieron con tres mandatarios entre 1997 y 2005.
La Conaie convocó en 2019 a protestas que duraron dos semanas y dejaron 11 muertos y más de 1.000 heridos en todo el país, así como pérdidas por 800 millones de dólares.
De su lado, el ministro de Defensa, Luis Lara, alertó el martes que “la democracia del Ecuador está en serio riesgo”. Las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República”, agregó Lara.
Ante la grave situación, las embajadas de la Unión Europea, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, España, Italia, España y Suiza, en un comunicado público, expresaron “preocupación por los continuos disturbios en el país, especialmente porque afectan a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos’’ e invitaron a las partes al diálogo y “la concreción de acuerdos” para pacificar el país. Al llamado al diálogo se sumaron la OEA, la ONU, la Iglesia y varias universidades.■