Por el derrumbe en Beara, condenaron a ex dueños y no a funcionarios y policías
Los propietarios del boliche donde murieron dos jóvenes recibieron una pena de tres años de prisión pero no irán detenidos.
A poco tiempo de cumplirse doce años del derrumbe que provocó las muertes de Ariana Lizarraga (21) y Leticia Provedo (20), el Tribunal Oral Criminal 7 condenó a tres años de prisión condicional a los dueños del boliche de Palermo, pero absolvió a los funcionarios públicos y a los policías.
Tanto los propietarios como los exfuncionarios llegaron al juicio acusados de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas; lesiones culposas graves y leves; y cohecho pasivo”.
En tanto, se indicó que el maestro mayor de obra que certificó trabajos en el lugar del desastre, Gustavo Amarú, recibió la misma pena que los socios.
Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess, los propietarios de la sociedad comercial que administraba el lugar recibieron también una pena de cinco años de inhabilitación para ejercer el comercio, mientras que los exfuncionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que otorgaron la habilitación y debían controlar su estructura y actividades fueron absueltos.
Lo mismo que ocurrió con los efectivos de la entonces Policía Federal acusados de cobrar coimas para permitir el funcionamiento.
El fallo del Tribunal, compuesto por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti Achaval, se dio a a conocer ayer.
El fiscal Ciruzzi había solicitado una pena de cuatro años y seis meses de prisión, más nueve años de inhabilitación para ejercer el comercio, para Yun, Dobrila y Fliess; y tres años de prisión en suspenso e inhabilitación de diez años para ser funcionario, para los responsables de las habilitaciones y el control en la Ciudad al momento del derrumbe.
Por el caracter condicional de la condena, los propietarios del lugar no tendrán que cumplir con su pena en la cárcel.
Antes del fallo, que provocó quejas y el descontento de los familiares de las víctimas, que esperaban penas mayores y condenas para todos los imputados, los propietarios de Beara, Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess, se habían declarado inocentes.
Aunque los tres aceptaron que el entrepiso del boliche estaba mal construido y responsabilizaron a los arquitectos y a los constructores contratados.
“El único motivo por el que pasó lo que pasó fue por una construcción deficiente”, señaló Yun, y remarcó que en el montaje del entrepiso participaron tres arquitectos y tres maestros mayores de obra.
“Todos sabían que Beara estaba siendo utilizado para otras cosas, todos sabían que había un entrepiso con endeblez constructiva, todos sabían que había setecientas personas, muchas más que las permitidas; entonces, todos se tendrían que haber representado el resultado de muerte”, había argumentado el fiscal en su alegato, previo a las condenas.
La tragedia fue el 10 de septiembre de 2010. Beara estaba en Scalabrini Ortiz 1638. Cerca de las 3.50, cuando terminó un recital del grupo Ráfaga, se cayó el entrepiso.
En la causa consta otro antecedente. El boliche había sido clausurado
por irregularidades, y el Gobierno porteño había levantado la sanción para habilitarlo “salón de fiestas privadas”.
Pero el lugar funcionaba como un boliche bailable.
Entre los funcionarios que habían sido imputados, por el derrumbe y que el lunes resultaron absueltos en primera instancia, están el exdirector de Habilitaciones de la Ciudad, Martín Farrel; la exdirectora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski; el exdirector de Habilitaciones Especiales, Pablo Damián Saikauskas; el ex jefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano; y el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky.
En cuanto a los policías, fueron acusados y también liberados de culpa y cargo, el ex comisario Rodolfo Cabezas y los integrantes de esa fuerza Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, todos alejados la institución por el episodio.
“Esta causa me ha arruinado la vida, estoy inhabilitado para ejercer cargos públicos porque no me puedo presentar a los concursos: soy inocente y creo que ha quedado demostrada mi inocencia”, había afirmado el exdirector de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Farrel, ante el tribunal. Ahora, con el fallo, resultó absuelto.
Igual que Vanesa Berkowski, exdirectora de Fiscalización y Control del Gobierno porteño. Dijo ser inocente de los cargos que se le imputan y lamentó “estar diez años sometida a un procedimiento penal”.w