Boric y una huelga inesperada en la principal empresa estatal de Chile
Es contra el cierre de una fundición que contamina. Los trabajadores acusan por “traición” al presidente, cuya campaña apoyaron. El paro es por tiempo indefinido.
Se trata de Codelco, la mayor empresa de cobre del mundo y un motor central de la economía chilena. La medida de fuerza es contra la decisión del presidente de cerrar una fundición en la región de Valparaíso, por su carácter contaminante. Los mineros, que votaron por Boric, lo acusan ahora de traición. Y afirman que el problema se soluciona no con el cierre sino con más inversión. La huelga es por tiempo indeterminado. El mandatario recibe, en cambio, el apoyo de las familias afectadas y de grupos ambientalistas.
Al menos 42 millones de dólares al día dejará de producir Codelco, la minera estatal de cobre de Chile, productora del 10% del mineral a nivel mundial. Todos los sindicatos de sus distintas faenas, a lo largo del país, decidieron paralizar sus actividades, desde la madrugada de ayer y por tiempo indeterminado, en rechazo al anuncio del presidente Gabriel Boric de cerrar –en un plazo de 5 añosla Fundición Ventanas, ubicada en la Región de Valparaíso.
El viernes pasado, el gobernante chileno anunció que el directorio de la empresa había votado el plan de desmantelamiento de la fundición, acusada de provocar hasta el 64% del óxido de azufre de la zona, lo que ha generado distintas alertas ambientales, incluida la intoxicación de niños de la escuela básica de la localidad de Quintero, ubicada a escasos kilómetros de la planta.
La decisión ha dividido a la sociedad chilena. Por un lado, los trabajadores acusan a Boric de “traición”, ya que apoyaron su campaña, y reprochan al gobierno por “falta de diálogo” y por el impacto económico que tendría la eventual cesantía que el cierre produciría. Además, dicen que Chile renunciaría a fundir su propio cobre, externalizándolo en el extranjero. Para los sindicatos, “la solución es invertir” para que la fundición no emane más gases contaminantes.
En cambio, las organizaciones ambientales y las familias afectadas por la contaminación han aplaudido la “valentía” de Boric y su gobierno, en una decisión que viene a solucionar un problema endémico en la zona, de hace más de 50 años, período en el que se han instalado 16 plantas en un cordón costero que no excede los diez kilómetros.
El sector, denominado Quintero-Puchincaví ha sido denominado como una “zona de sacrificio”. Cuando Boric informó al país de su decisión, hizo hincapié en que su gobierno no desea la existencia de áreas similares, al mismo tiempo de anunciar medidas para apoyar la estabilidad laboral de los trabajadores afectados.
Boric aseveró que el cierre “se realizará mediante un proceso gradual y responsable, con la población y las y los trabajadores". Y agregó que "esta decisión -que requiere para ser efectiva del concurso del Congreso Nacional, con cuya buena voluntad esperamos contar-, se ha tomado considerando los recurrentes casos de intoxicación que ha habido en la zona de operación de la fundición, los constantes cierres temporales de escuelas, los niños y niñas enfermos y enfermas, y la saturación medioambiental”.
"Cada una de las acciones que llevamos a cabo, las realizamos mirando el bienestar de toda la ciudadanía, y especialmente de las mujeres, hombres, niños y niñas que viven de modo más directo las consecuencias de un modelo económico y social que ha sido excluyente, desigual, y que se expresa de diversas formas. Una de las cuales es la persistencia de las zonas de sacrificio”, añadió Boric.
La compleja decisión del mandatario chileno llega en un momento cuando cae su imagen: 40% aprueba su gestión contra un 54% que la rechaza. Por lo mismo, la inestabilidad económica que genera la paralización es vista por recelo desde la oposición. La empresa es responsable de entre el 10 y el 15% del PIB. Sin embargo, desde el bloque oficialista su “valentía” ha sido celebrada. Para sus partidarios, poner la salud y la protección de ecosistema por sobre las eventuales implicancias económicas y políticas que puede tener su decisión, implicado un acto de “coraje”.
Sin embargo, no bastaron las promesas de no abandonar a los trabajadores y garantizar su trabajo. Los operarios de la fundición insisten en que la solución es invertir en tecnología para que la planta deje de contaminar y no desmantelarla. Con todo, hay opiniones encontradas sobre cuánto costaría esa operación. Los sindicatos hablan de cerca de US$ 65 millones, pero desde la academia llevan esa cifra a los US$1.400 millones.
Los mineros acusan al gobierno de no haber hablado de su decisión con las distintas partes. Afirman que, si bien hubo reuniones con el directorio, se votó y se comunicó abruptamente, sorprendiendo incluso a la prensa. Adicionalmente, le enrostran al presidente la supuesta traición en la que ha incurrido el gobierno, pues ellos llamaron a votar por él en vez de José Antonio Kast. ■