Castillo, otra vez bajo fuerte presión
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú aprobó este miércoles tratar la denuncia de la fiscalía para someter a juicio político al presidente Pedro Castillo, a quien se acusa de corrupción y liderar una organización criminal.
“La denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría”, anunció la presidenta de la comisión, Lady Camones. La votación arrojó 13 votos a favor y ocho en contra.
El documento contra Castillo y dos exministros de su gobierno fue presentado al Congreso el pasado 11 de octubre por la fiscal general, Patricia Benavides. Según sotiene, todos los denunciados son “presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario”.
La tesis de la fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político. Es la primera vez que la fiscalía denuncia a un presidente en Perú.
La admisión a trámite de la denuncia representa el puntapié formal de un largo proceso que, si prospera, puede acabar con la salida de Castillo del poder.
Esto se produce a menos de tres días del arribo a Lima de una misión de la OEA que analizará la aguda crisis política en Perú por los recurrentes choques entre Ejecutivo y Legislativo.
La subcomisión debe evaluar la denuncia y, si la declara procedente, remitirla a la Comisión Permanente del Congreso, penúltimo peldaño antes de ser enviada al pleno. El pleno del Congreso es la única instancia que puede decidir la suerte del presidente, que fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026.
Desde su llegada al poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia y que ya intentó destituirlo en dos ocasiones. En la anterior se lo acusó de traición a la patria al considerar un posible referéndum para conceder una salida al mar a Bolivia. Castillo, maestro rural de 53 años, dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
La Fiscalía acusa al presidente de dirigir una red de corrupción y lavado de activos