Impulsan una denuncia contra Castillo por presunta corrupción
La Comisión Permanente del Congreso de Perú admitió a trámite ayer jueves la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente del país, Pedro Castillo, por presunta corrupción y dio 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales -es decir, antes de que acabe el año- para presentar su informe final sobre la demanda.
La denuncia contra Castillo fue aprobada con 19 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones por supuestamente liderar una presunta organización criminal dedicada a entregar licitaciones fraudulentas de obras a cambio de dinero. Ahora el caso seguirá avanzando en su periplo legislativo. Si la Comisión aprueba el informe y la denuncia culmina en el pleno del Congreso, se abriría la puerta a un eventual juicio político.
A ojos de Castillo, la denuncia supone el inicio de una “nueva modalidad de golpe de Estado” y el Ejecutivo peruano defiende que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente sólo puede ser acusado, durante el ejercicio de sus funciones, por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.
En este sentido, cabe resaltar que este martes el Tribunal Constitucional ordenó al Congreso anular otro proceso de denuncia constitucional contra el presidente que plantea inhabilitar al mandatario por cinco años por “traición a la patria” al haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia.
El alto tribunal votó a favor de los cuestionamientos planteados por la defensa legal del gobernante al considerar, entre otros motivos, que el informe final que plantea la inhabilitación de Castillo “no es acorde con parámetros de racionabilidad”.
La tesis de la fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político. Fue esta denuncia la que gatilló la reacción de Castillo para pedir a la OEA que intervenga, invocando la Carta Democrática Interamericana. Según el mandatario, la fiscalía y la oposición de derecha, que controla el
Castillo, otra vez en problemas con el Congreso de Perú.
Congreso, buscan “un golpe de Estado” atribuyéndole delitos que niega haber cometido. Alega, además, que no puede ser investigado hasta el final del mandato, en julio de 2026.
Precisamente una misión de la OEA visitó Lima esta semana y se reunió con el presidente, con autoridades de la Corte Suprema y del Palacio
Legislativo y con jefes opositores para tomar el pulso a la pugna entre poderes. La misión no se pronunciará sobre el tema y sólo enviará un informe que será tratado por el plenario de la organización americana.
Castillo, en el poder desde julio de 2021, ya ha enfrentado dos intentos de destitución en el Congreso.w