Polémica por una certificación que el Gobierno exige a dueños de camiones
Es para los que tienen modificaciones fuera de fábrica. Quejas por considerarla inútil y por los costos.
Hasta febrero de este año, el dueño de un camión al que se le había agregado un nuevo tanque de combustible, una hidrogrúa o cualquier modificación realizada fuera de fábrica podía pedirle un certificado sobre esa modificación al propio taller y luego presentarla en los talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que es el trámite equivalente a las VTV de los autos particulares.
Aquel recorrido burocrático cambió a comienzos de este año por decisión del Ministerio de Transporte: ahora los transportistas deben hacer esa certificación en una red de talleres que depende de la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor (AITA). Es esa entidad la que ahora emite un certificado, denominado Informe de Configuración de Modelo (ICM). Recién una vez que tiene ese certificado en mano, el dueño del camión se puede presentar a hacer la RTO. Se trata, por lo tanto, de un trámite obligatorio.
Si bien se trata de una decisión que lleva vigente casi un año entero, ahora una de las entidades que agrupan a los dueños de los camiones salió a cuestionarla públicamente a través de un pedido de acceso a la información pública, que fue presentado en el Congreso.
La entidad que cuestiona la decisión oficial es la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que encabezan los empresarios Roberto Guarnieri y Guillermo Werner. A través del diputado y también transportista Anibal Tortoriello, de Juntos por el Cambio de Río Negro, los empresarios presentaron un pedido de acceso a la información pública al ministro Alexis Guerrera. En la presentación, le cuestionan a Guerrera que el nuevo procedimiento “duplica certificaciones e incrementa los costos logísticos de dicha actividad en forma innecesaria, ineficaz e injustificada”.
Según voceros de esta cámara, el costo total de la nueva certificación es de entre 25.000 y 30.000 pesos por camión y que, en base al parque de camiones con modificaciones que circula por la Argentina, tendrá un volumen recaudatorio inicial mínimo de $450 millones hasta certificar todo el parque automotor y de unos $ 50 millones anuales, a valores actuales, una vez concluida la etapa de certificación.
Un detalle importante es que no se trata de una nueva caja del Estado, ya que la certificación en cuestión es manejada por talleres privados, a cargo de una entidad no gubernamental.
Se trata de la ya mencionada Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor.
Pero aun así, los empresarios de Fadeeac aseguraron que se trata de una norma elaborada “sin la experiencia de los que estamos día a día en la ruta, además de incurrir en evidente exceso reglamentario e incrementar los costos asociados al transporte, en tiempos en que esta particular problemática no admite más tensión”.
La norma del ministerio de Transporte es la Disposición 1/2022, con fecha 8 de febrero, mientras que la objeción de la cámara empresaria fue presentada más de nueve meses después, el 15 de noviembre. Desde el Ministerio de Transporte no hubo todavía respuesta oficial al reclamo, la cual saldría recién a comienzos del mes próximo.
Sin embargo, fuentes próximas a esa cartera aseguraron que la objeción por parte de Fadeeac obedece no tanto a cuestiones de costos, como de intereses políticos.
“La Fadeeac formó parte de la mesa de negociación en la cual se tomó esta decisión, que por otra parte no encareció el costo de los transportistas sino que lo hizo más barato y accesible”, aseguraron las fuentes. “Antes de la modificación las homologaciones tenían un costo de 100.000 pesos y la hacían entre 20 ingenieros. Ahora cuestan entre 20.000 y 30.000 pesos e intervienen 200 ingenieros en todo el país”.w