Menos grasa burocrática, más músculo regulatorio
Ex presidente de YPF Ex secretario de Energía
Antes de la transformación de la industria energética en los 90 del siglo pasado, la prestación de los servicios de gas natural y electricidad en el país tenía un amplio predominio de empresas estatales e integración vertical en la cadena de valor (recordar las empresas Gas del Estado, Agua y Energía).
El servicio al consumidor final residencial estaba caracterizado como servicio público, pero la interrelación entre las empresas públicas y el Estado dueño no estaba intermediada por organismos reguladores.
Durante la administración Alfonsín se creó un holding de empresas del estado para fijar indicadores de control, sobre todo del manejo financiero, por el impacto de sus déficits en las cuentas públicas.
Con la desregulación de la industria, la privatización y la desintegración vertical en los mercados de gas y electricidad (unbundling), los segmentos regulados –caracterizados como monopolios naturales- del transporte y la distribución, pasaron a ser regidos por los Marcos Regulatorios de Electricidad y de Gas Natural (leyes 24065 y 24076).
Esas leyes marco crean los organismos regulatorios sectoriales ENRE (electricidad) y ENARGAS (gas natural) como órganos de aplicación, con la tarea clave en esos mercados no competitivos de controlar la calidad de los servicios a cargo ahora de prestadoras privadas (concesionarias, licenciatarias), fijar tarifas razonables que permitieran recuperar costos económicos y remunerar la base de inversión de los operadores, promoviendo aquellos avances tecnológicos, traducidos en evolución normativa, que permitieran introducir mayor competencia, pensando sobre todo en el consumidor cautivo (consumidores dependientes de las distribuidoras).
Tanto los marcos regulatorios como los entes creados fueron un injerto en la tradición administrativista argentina. Hubo que asimilar una nueva institucionalidad.
De la tradición comparada, y de la teoría económica regulatoria, se tomó con aprensión el riesgo que implicaba la llamada “captura del regulador” por las empresas reguladas. No sólo por la posible comisión de actos de corrupción, sino también porque sin cuerpos técnicos e idóneos se pueden presentar problemas de “información asimétrica” que suelen derivar en sobrecostos, baja inversión, o deficiente calidad del servicio en perjuicio del usuario.
De allí que los especialistas, y el propio Banco Mundial, que estuvo muy activo en el nuevo diseño institucional, insistieran en la necesidad de dotar a los nuevos organismos de profesionales idóneos, seleccionando a sus autoridades por concurso con intervención del Congreso (para asegurar estabilidad dentro de mandatos limitados en el tiempo), y asegurar autonomía de gestión.
Hay que reconocer que la organización inicial de los Entes tuvo autoridades elegidas que se ajustaron en general a estos principios, Además, los mandatos de los reguladores fueron respetados en los cambios de gobierno.
Esto hasta que el populismo energético entrampó al sector en políticas discrecionales de corto plazo y empezó a congelar precios y tarifas energéticas. Allí empezó la captura del regulador, no por las empresas, si no por la política, con la derogación de facto de los marcos regulatorios por las leyes de emergencia eterna, las intervenciones a los cuerpos directivos, y las incorporaciones a la nómina de personal de militancia rentada.
Hay que destacar que la administración
Macri había vuelto a regularizar los entes con cuerpos directivos profesionales designados por concurso.
La ley de emergencia con que inauguró su mandato la presente administración volvió a las andadas. El ENRE y el ENARGAS hoy están intervenidos, y, como subrayó Jorge Lapeña en este medio (Clarín 22-11-22) dicha intervención sine die carece de razón y fundamentos. Coincido con su propuesta de unificación de los Entes Nacionales en un “Ente Regulador único altamente profesionalizado”.
El mundo avanza, y, a las ya clásicas funciones regulatorias en los mercados energéticos, hoy se han añadido otras que aggiornan la gobernanza a las tecnologías disponibles y a los desafíos que imponen las transiciones energéticas en cada país. Nos referimos a la regulación basada en datos y a la transformación digital del regulador; la regulación para la innovación; la regulación basada en evidencia; la regulación centrada en el usuario; la regulación que promueve la sostenibilidad ambiental y climática con el acceso y asequibilidad de los servicios públicos; y a la nueva comunicación institucional y manejo reputacional del regulador.
Todas tendencias que refuerzan la interacción y convergencia regulatoria entre el gas y la electricidad. Ya hay antecedentes en la legislación comparada de fusión de organismos reguladores de gas y electricidad, como el caso del OFGEN en el Reino Unido.
Entre nosotros, el precedente de las intervenciones y sus secuelas en la burocratización y politización de los entes, impone encarar una nueva etapa de reinstitucionalización desde los cimientos.
La fusión de los entes de energía debe dar inicio a un nuevo organismo regulador, profesional, autónomo, y con reaseguros de continuidad de mandatos y gestión en la alternancia republicana del poder. Con reguladores que defiendan los intereses de los usuarios preservando un servicio de calidad, y blindando la evolución regulatoria de la discrecionalidad y el cortoplacismo de la demagogia política. ■
La fusión de los entes de energía debe dar inicio a un nuevo organismo.