La corrupción K en vísperas del fallo
No entiendo cómo seguir bancando a ese tipo”. La frase en tono destemplado fue pronunciada por Máximo Kirchner delante de Axel Kicillof. El gobernador de Buenos Aires quedó mudo hasta que el diputado abandonó la reunión de la cual participaban otro par de personas. El funcionario objetado era Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense.
Hace tiempo que el hijo de Cristina Fernández y el mandatario provincial conviven en un clima de tensión elevada. Algunas veces, por la desatención que dispensaría a ciertos intendentes peronistas. Muchas veces, por el problema de la inseguridad creciente y el comportamiento mediático del ministro. Aquella explosión del diputado estuvo espoleada por otro motivo. Ocurrió cuando trascendieron informaciones sobre un patrimonio oculto que Berni no podría justificar.
A Berni no lo sostiene Kicillof. Lo sostiene todavía Cristina. Con pesar de Máximo. Aunque ausculta posibles reemplazantes. El nudo del problema, sin embargo, sería ahora otro. La acusación contra el ministro de Seguridad sucedió en vísperas del fallo por la causa Vialidad: la adjudicación de la obra pública en favor de Lázaro Báez. Según el desenlace, podría abrir el grifo de otros casos de corrupción que permanecen trabados (Los Sauces-Hotesur) o progresan con llamativa lentitud (Los cuadernos de las coimas). Antesala inhóspita para un oficialismo que aspira a reconstituirse y recuperar competitividad en el 2023.
El kirchnerismo maldice las inoportunidades del Gobierno. ¿Era necesaria ahora una reivindicación pública del ex ministro Ginés González García? Sus pergaminos como sanitarista resultaron muy dañados en la opinión pública por el manejo de la pandemia y el vacunatorio VIP. La Cámpora carece también de capacidad de autocrítica. ¿Cómo explica la titular del PAMI, Luana Volnovich, la adquisición a una empresa fantasma de cotillón mundialista para distribuir, supuestamente, entre afiliados de la entidad? ¿Cómo entender la vigencia de 250.000 planes sociales irregulares denunciados por la AFIP y con una causa en la Justicia?
El intercambio de culpas, en verdad, refleja la persistencia de internas furiosas. Existe una compulsión con el sálvese quien pueda que contrasta con el mensaje de la unidad para volver a triunfar. Puede que aquel homenaje a Ginés haya sido un berretín de Alberto Fernández. ¿No convergieron, acaso, kirchneristas, albertistas y massistas en la decisión de bloquear la información de los contratos firmados por la compra de vacunas que pretendió evaluar la Auditoria General de la Nación?
El organismo representa otra de las paradojas institucionales de la Argentina. Se trata de una herramienta de control que por ley corresponde a la oposición. En efecto, el auditor general es el radical Jesús Rodríguez. Pero en la composición de sus miembros hay una mayoría oficialista. Sucede que en los primeros tiempos de su administración, Mauricio Macri hizo una concesión a Sergio Massa. Fugaz luna de miel antes de bautizarlo “ventajita”. Habilitó la designación de un auditor propio, Gabriel Mihura Estrada. Con el salto del líder renovador al Frente de Todos, ese representante responde ahora al Gobierno. En sus votaciones sobre temas incómodos puede imponer una mayoría de cuatro contra tres.
Así aconteció cuando la oposición planteó analizar la adquisición de vacunas contra el Covid 2020-21. El oficialismo hizo un bloqueo: al menos dos de sus representantes consideraron que no poseían argumentos convincentes para la defensa del informe elaborado por la gerencia de la ANG que controla el kirchnerismo. “Mejor no pasar vergüenza”, confesó uno de ellos. Aquel texto estaba plagado de rarezas. También de omisiones acerca del affaire con Pfizer o el incumplimiento de AstraZeneca. Un ejemplo: junto a la cantidad de vacunas adquiridas de cada marca figuró el monto total abonado. Con la excepción de la rusa Sputnik V. Allí se pudo ver el registro de las dosis entregadas sin el dinero abonado. Sólo un total de US$ 221 millones que ningún auditor atinó a descifrar de donde salió.
Carla Vizzotti explicó que la imposibilidad de auditar los contratos de las vacunas respondió el pacto de confidencialidad con los laboratorios. Verdad parcelada. Ese secreto, como ocurrió en todos los países, estuvo circunscripto a ciertos artículos. No a la totalidad. Los gobiernos de naciones acostumbradas a una mayor normalidad de funcionamiento publicaron incluso aquellos contratos en las páginas oficiales. Suprimiendo los párrafos pactados en reserva.
Tampoco tantas oscuridades en el poder deben llamar a esta altura la atención. Se trata de una práctica que ha sido norma durante el kirchnerismo. Con necesidad de multiplicarse cuando refiere a la batalla que Cristina sostiene con el Poder Judicial y la Corte Suprema. Juega en ese terreno su destino político. En parte, además, la suerte de su familia. Massa ha empezado a preocuparse: teme que el conflicto de poderes que ha extendido la vicepresidenta pueda afectar sus esfuerzos para evitar el descontrol económico-social y cumplir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La semana anterior Cristina detonó el pleito con la Corte cuando condujo al Senado a desconocer un fallo que impedía al senador camporista Claudio Doñate integrar el Consejo de la Magistratura. Su lugar debería ser ocupado por el opositor Luis Juez. La definición quedó en un paréntesis a raíz de un recurso judicial que presentó el oficialismo.
La onda expansiva llegó la última semana a Diputados. Allí la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, había elevado a la Magistratura la nómina de los cuatro diputados (dos oficialistas, dos opositores) que deben integrar el cuerpo. Restaba que la Corte fijara la fecha de sus juramentos.
Imprevistamente (o no tanto) apareció un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo, Martín Cormick, que consideró nulo el mandato cumplido por la radical Roxana Reyes como consejera. Ese mandato caducó el 11 de noviembre. El magistrado, militante de Justicia Legítima, ligado a La Cámpora y ex funcionario de Cristina,
incurrió en una desprolijidad. Emitió su dictamen con fecha de septiembre, cuando fue presentada una apelación por el titular del bloque oficialista, Germán Martínez. Debajo de su rúbrica estampó el 28 de noviembre. La premura es mala consejera.
Cormick consideró con proyección de futuro que el PRO y la UCR deberían considerarse una sola fuerza. Por ende, no tendrían que tener dos representantes. Un pretendido juego de espejo con el fallo de la Corte que abortó la made la vicepresidenta. La dama partió el bloque del Senado para quedarse con dos delegados de la Cámara alta por la mayoría (inobjetable) y otro por la segunda minoría.
Moreau hizo entonces marcha atrás. Cubrió las formas al apelar el veredicto de Cormick. Decidió suspender las designaciones de los cuatro consejeros para el período 2022-26. Conclusión: la Magistratura carece de todos los representantes del Congreso. De esa manera no podrá funcionar. Quedará paralizado. Objetivo cumplido de Cristina.
La onda expansiva política no concluyó en ese punto. Moreau debió ser votada para reelegir como titular de Diputados. Su origen es el Frente Renovador. Su jefe hipotético, Massa. La mujer no resistió las presiones de su padre, Leopoldo Moreau. Actor disciplinado de la vicepresidenta. La sesión durante la cual renovaría su mandato se cayó. Tiene tiempo para lograrlo hasta el 10 de este mes. Con su maniobra abrió una grieta con la oposición que resulta difícil imaginar cómo subsanar. Aunque siga a futuro con el timón de la Cámara baja, su autoridad pareciera haber quedado dañada. El kirchnerismo no tiene mucha expectativa parlamentaria para el año electoral que viene. Massa requeriría de la sanción de algunos proyectos para proteger la precaria situación económico-social.
Cristina parece estar extremando el sentido de sus mensajes para reponer la épica de la lucha contra “el poder real” y fortalecer su imagen de presunta víctima. La apelación al lawfare ya le suena a poco. En su última intervención calificó al Tribunal Oral Federal 2 que el martes emitirá la sentencia por Vialidad como “un pelotón de fusilamiento”. Hizo conexiones alucinadas con los tiempos de la dictadura. La exageración tendría un motor político: la vicepresidenta enfrenta esta circunstancia en momento en que intenta reordenar la coalición oficial. Con lealtades a su liderazgo que pretende conservar e incrementar en caso de recibir un fallo adverso.
Tiene de contra la aparición de defensores poco sagaces. El kirchnerismo apela a la descalificación de los jueces. Nadie habla sobre Báez, sobre el ex secretario de Obras Públicas, José López. Hasta prefieren olvidarse de Néstor Kirchner, que transformó a un modesto empleado bancario en empresario multimillonario. Eduardo De Pedro pretendió elevar el nivel argumental. Sostuvo que se está juzgando a la dirigente con mayor volumen político de la Argentina. Verdad. ¿Qué tendría que ver eso con la supuesta comisión de delitos?
La ofensiva no posee límites. Al enemigo declarado de la Justicia la vicepresidenta aspira sumar a la oposición. Los cañones apuntan cada vez más contra el diputado del PRO, Gerardo Milman. Se le adjudica haber dicho en un bar que esperaba el atentado fallido del cual fue víctima Cristina. No hay corroboración judicial en la investigación que ese episodio haya sido real.
Están apuntadas además dos colaboradoras suyas cuando estuvo en el ministerio de Seguridad, bajo el comando de Patricia Bullrich. La defensa de Cristina aduce que habrían escuchado aquel vaticinio de Milman. Denuncia que borraron contenido de sus teléfonos incautados por la jueza María Eugenia Capuchetti. Cierto: un montón de fotos íntimas.
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Se suceden los episodios oscuros en el Gobierno. Hablan de una matriz , no de conductas excepcionales. Bloqueos a información sobre vacunas, despilfarro del PAMI, planes truchos que no se ponen en regla, reivindicaciones provocativas.
En el medio, el conflicto creciente con la Justicia, la Corte y la oposición.