Clarín

El temor judicial que fuerza el acercamien­to de Pérsico con Cristina

La Justicia expuso el desmanejo. Quedaron dirigentes en la mira. El informe de la AFIP que dice otra cosa.

- Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

“Hoy tenemos 7% de desocupaci­ón pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar porque con esa desocupaci­ón del 7% deberíamos tener menos planes sociales. El Estado debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizad­as”. Las palabras de Cristina Kirchner en junio pasado, fueron el punto de partida de la interna que hoy envuelve al Frente de Todos por los planes sociales. Apuntaba contra el Movimiento Evita de Emilio Pérsico, pero no se trataba de un debate sobre cómo convertir los planes en empleo ni de sacar del esquema clientelís­tico a un segmento de la sociedad que prefiere un trabajo digno. Más bien era el inicio de una discusión por el poder que otorga el manejo de miles de millones de pesos de la ayuda social.

Rápido de reflejos, Juan Zabaleta, que no comulgaba con la construcci­ón de poder que hizo Pérsico y compañía, primero pidió un informe a la AFIP y dos meses después implementó la auditoría de los planes a través de las universida­des. Si bien la medida era indiscutid­a para una sociedad que ve cómo cifras millonaria­s se distribuye­n de una manera poco clara porque en la cadena hasta que llega al beneficiar­io se pierden jirones de fondos –como los punteros que les exigen a los beneficiar­ios una parte, como reconoció el Partido Obrero-, no era rápida ni sencilla de aplicar porque se trataba de un relevamien­to presencial. Y Cristina lo quería con urgencia.

Es allí donde entra en juego Carlos Castagneto, un funcionari­o cristinist­a que había asumido como jefe de la AFIP a fines de julio en reemplazo de Mercedes Marcó del Pont. Ese documento, que daba a entender que 253.184 beneficiar­ios incumplían los requisitos para recibir un plan, estuvo listo unos diez días después de la asunción de Tolosa Paz y fue difundido, no por el Ministerio de Desarrollo Social, el 9 de noviembre. De hecho, la funcionari­a albertista tuvo que acomodar su accionar sobre ese informe. ¿La AFIP vs Tolosa Paz?

De acuerdo a la normativa, entre los principale­s puntos de quienes no pueden acceder al plan Potenciar trabajo están los que tienen un empleo registrado; un comercio; perciben un subsidio, jubilación o pensión; son propietari­os de 2 inmuebles o más; o dueños de un vehículo de menos de 10 años.

En un sector del Gobierno, la interpreta­ción sobre el informe de la AFIP lanzó sospechas. No es que 250 mil hayan presentado una declaració­n de bienes personales, dicen, sino que refleja quiénes son dueños de un bien, lo cual –si es uno- no es impediment­o para recibir un plan Potenciar Trabaja. De hecho, afirman que de ese total, unos 150 mil figuran por ser propietari­os de una moto. Otros por tener una vivienda. En ninguno de los dos casos, es irregular el otorgamien­to del plan.

Sin embargo, en el oficialism­o no pueden justificar algunos movimiento­s de grupos determinad­os de dirigentes sociales. Los 2.000 planes que se dieron de bajas no sólo refieren a personas que accedieron a un promedio de 15 dólares para, por ejemplo, comprar online una app para el celular. Si no que fueron detectadas personas que concretame­nte ingresaron al mercado de cambio para operar un volumen de varios cientos de miles de dólares.

Si se trata de acceso al mercado de capitales, es responsabi­lidad del Banco Central. ¿No sería lógico entonces que el BCRA detalle quiénes compraron dólares billete y a la vez reciben –o manejan- planes sociales? De seguro, el escándalo sería mucho mayor.

Esto puso nerviosos a algunos miembros de organizaci­ones sociales y del Movimiento Evita, ante la posibilida­d que se investigue si estuvieron comprando dólares con dinero destinado a los planes. Basta un antecedent­e. En julio pasado, una serie de allanamien­tos dispuestos por la justicia en el Conurbano bonaerense y en la Ciudad, hallaron 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos en domicilios y galpones de punteros de la Corriente Clasistas y Combativa. Eso habla por sí solo de la discrecion­alidad y desparpajo con el que algunas agrupacion­es sociales manejan dinero del Estado. En marzo del 2021, la Gendarmerí­a detuvo a una camioneta en cuyo interior llevaba sobres por un millón y medio de pesos. Luego argumentar­ían que era para un acto en Luján, como si fuera suficiente.

“El objetivo de Cristina era el Evita, pero nadie puede descartar que Cristina, de paso, le haya querido pegar también a Tolosa Paz porque junto con Pepe Albistur no son orgánicos y sólo están identifica­dos con Alberto”, razona un funcionari­o cercano al mandatario.

Aunque hay quienes señalan que Tolosa Paz, indirectam­ente, podría terminar haciendo un mejor trabajo que Zabaleta para el gusto de Cristina, porque está cruzando la informació­n de los titulares de los planes basándose

Hay personas de las organizaci­ones sociales que compraron cientos de miles de dólares.

en los datos biométrico­s y con la aplicación Mi Argentina que maneja el Renaper, a cargo del camporista Santiago Rodríguez. ¿Puede haber ejercido el informe de la AFIP alguna presión extra para que la ministra acelere una depuración?

Diez días atrás, uno de los asistentes al cumpleaños de Albistur en City Bell fue Máximo Kirchner, reveló Perfil. Esto echaría por tierra una ofensiva del cristinism­o contra Tolosa. Más bien, parecería una estrategia para poder negociar en otros términos con Pérsico y compañía.

Así tendría respuesta lo que en principio llamó la atención; el acercamien­to en las últimas semanas de Cristina Kirchner con Pérsico, a quien recibió en su despacho del Senado junto a otros dirigentes. La excusa del encuentro esbozada fue la necesidad de la vicepresid­enta de alinear a todos, y limar diferencia­s con el Evita en pos de la unidad y ante unas elecciones 2023 que se presentan oscuras. Pero uno de los motivos esgrimidos por un dirigente kirchneris­ta bonaerense es que el acercamien­to de Pérsico a Cristina se debe a que si avanza la investigac­ión judicial podría estar en problemas. Y en un recorte de planes el mayor perjudicad­o sería el Evita.

El último viernes, Alberto Fernández sentó a todas las partes: Tolosa Paz, Pérsico y el gringo Castro de la UTEP. Allí el mandatario respaldó a la funcionari­a y no se acordó nada, porque será la justicia la que decida. Aunque después Juan Grabois quien salió a vender que se había parado el ajuste de los planes.

Llama la atención la embestida de Grabois contra Alberto Fernández y Tolosa Paz. A Grabois responde Fernanda Miño del MTE, que está a cargo de la Secretaría de Integració­n Socio Urbana en Desarrollo Social. Y cuyo presupuest­o para el próximo año será de más de 11 mil millones de pesos.

El problema para los piqueteros es más complejo porque está judicializ­ado. Hay quienes no creen casual la tenaz ofensiva del fiscal Guillermo Marijuán quien acaba de denunciar a Pérsico y a Tolosa Paz por malversaci­ón de fondos basándose sólo en el informe estadístic­o de la AFIP. El problema de Pérsico reside en que el encabeza la autoridad de aplicación y si se liquida algún plan Potenciar Trabaja que es irregular, deberá dar explicacio­nes ante la Justicia.

¿Por qué la Justicia no ordena una pericia que detalle quién recibe cada plan, si cumple con los requisitos, quién se los otorga, si alguien le pide un reintegro, qué vinculació­n tiene con las cooperativ­as, cuántas cooperativ­as hay, a quién pertenecen, y cuánto reciben?

Pese a que sus referentes forman parte del gobierno, el Movimiento Evita suele actuar en tándem con el Partido Obrero: la izquierda protesta, obtiene un aumento en la cantidad o el monto de los planes, y el principal beneficiar­io es el Evita porque maneja la mayor cantidad de la ayuda social. Ganan todos o pierden todos.

El gobierno de Cristina Kirchner dejó en 2015 unos 270 mil planes sociales; el de Mauricio Macri en 2019, 500 mil; y el de Alberto Fernández y Cristina lo triplicó y hoy orillan los 1.400.000. Está claro quiénes son los verdaderos perjudicad­os porque no es lo mismo un plan que un trabajo en blanco con aportes previsiona­les y obra social. Ahora, ¿quiénes se benefician con el aumento exponencia­l de los planes?w

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Alianza por convenienc­ia. El acercamien­to entre Pérsico y Máximo Kirchner tiene que ver más con la judicializ­ación del sistema de planes.

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