La mayoría de la Corte rechazó una recusación del administrador del Tribunal
Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda se negaron a apartarse del juicio civil que Héctor Marchi inició contra Carrió.
La Corte rechazó ayer por segunda vez una recusación del administrador general del máximo tribunal, Héctor Marchi, en el juicio civil que le sigue por daños y perjuicios a la líder la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió y al ex diputado de ese partido Fernando Sánchez.
El rechazo fue firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, quienes a su vez aceptaron la recusación que admitió Ricardo Lorenzetti por razones de decoro para evitar toda sospecha de parcialidad. Sucede que Carrió pidió hace varios años atrás el juicio político de Lorenzetti.
En una resolución, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda también desestimaron la posición de Lorenzetti a favor de la recusación de sus colegas que había planteado por el contador Marchi quien administra los fondos del máximo tribunal. Marchi quería que su recurso fuera votado por conjueces.
Lorenzetti había expresado que “era necesaria la excusación en los casos en que fuera parte un funcionario del Tribunal y que dicha excusación también correspondía en razón de que ese funcionario podía ser citado a declarar en un juicio político” que el kirchnerismo inició a la Corte en la cámara de Diputados.
Sin embargo, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda consideraron que esa circunstancia “no configura ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, norma que establece un mecanismo excepcional y de interpretación restrictiva”.
Además, señalaron que tampoco “se advierte que pueda generar motivos graves de decoro o delicadeza que justifiquen admitir la excusación del juez Lorenzetti fundada en esos hechos (artículo 30 del citado código)”.
Más adelante en su resolución, la mayoría resolvió que “por análogas razones, tampoco resultaría admisible la excusación de dicho juez con fundamento en el juicio político promovido contra él por la codemandada Carrió”.
Recordaron que si bien “el inciso 6° del citado artículo 17 establece como causa legal de recusación “ser o haber sido el juez denunciado por la recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la denuncia”, dicha disposición no resulta aplicable a las recusaciones de los jueces de la Corte Suprema".
Puntualizaron que los ministros de la Corte no están "sometidos a la ley de enjuiciamiento de magistrados vigente en 1967 al dictarse el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (decreto-ley 16.937), ni tampoco a la ley actualmente vigente (la ley 24.937, Título II)”.
Luego recordaron “la regla sentada en Fallos: 327:4118 según la cual resultan inadmisibles las recusaciones dirigidas contra los ministros del Tribunal cuando están fundadas en el juicio político que se pudiese haber solicitado”.
“Ello es así con independencia del estado en que se encuentre dicho proceso, pues el Tribunal afirmó la mencionada regla aun cuando, como ocurría en el citado precedente, existía un despacho favorable de la comisión de juicio político”, acotaron.
Como la Procuradora Laura Monti ya dictaminó en el caso, los tres miembros de la Corte y no conjueces como quería Marchi, ya están en condiciones de decidir sobre el tema de fondo, es decir si los fueros parlamentarios de Carrió la amparan en este caso. Monti falló a favor de Carrió.
En fuentes judiciales, se advirtió que detrás de este pedido realizado en una causa civil, no solo está el alcance del ejercicio de la libertad de expresión de los legisladores, sino también una "ventana jurídica". De prosperar ésta “abriría la puerta a futuras recusaciones del tribunal en las causas en trámite que se discuten en el marco de la Comisión de Juicio Político y en otras que, eventualmente, se pudieran agregar por votación de la mayoría de esa Comisión”.