Los abusos sexuales del clero, en el centro de la visita del Papa a Portugal
Francisco llegará el miércoles. Un informe reciente reveló que casi 5.000 chicos fueron víctimas en ese país.
Cuando un grupo de expertos leyó en voz alta algunos de los angustiosos testimonios que habían recibido de víctimas recién descubiertas de abusos sexuales en la Iglesia católica de Portugal, los obispos destacados del país se veían incómodos en las primeras filas del auditorio.
En una intervención televisada en vivo, los expertos reportaron en febrero que al menos 4.815 niños y niñas habían sufrido abusos desde 1950, la mayoría entre los 10 y los 14 años. Antes de esos impactantes hallazgos, los líderes de la Iglesia portuguesa habían reiterado que sólo se había producido un puñado de casos de abusos sexuales en el clero.
Perdieron aún más credibilidad con una respuesta tan torpe y vacilante que el primer grupo de defensa de los sobrevivientes en Portugal inspiró a las víctimas para reclamar compensaciones.
El Papa Francisco entrará de lleno en todo el proceso de reflexión en Portugal, en torno a ese legado de abusos clericales y encubrimientos, cuando llegue a Lisboa el próximo miércoles para participar en el Día Mundial de la Juventud, un evento internacional de jóvenes católicos.
Aunque no hay menciones al escándalo en la agenda del pontífice, se espera que se reúna con víctimas durante su visita.
Francisco también visitará el santuario de Fátima, una localidad rural portuguesa que es uno de los destinos de peregrinaje más populares de la Iglesia católica.
Antonio Grosso, que dice que sufrió abusos sexuales en un antiguo albergue religioso para niños en Fátima en la década de 1960, señala el
drástico contraste en la actitud de la Iglesia. Las autoridades eclesiásticas “no creen lo que les dicen las víctimas, pero sí creen a niños pequeños que dicen haber visto a la Virgen”, dijo este jubilado bancario, de 70 años.
Portugal ha sido el país que más recientemente enfrenta décadas de abusos de sacerdotes y encubrimiento de obispos y superiores religiosos. Sin embargo, los líderes de la Iglesia portuguesa parecen haber aprendido poco de sus colegas en Estados Unidos, el resto de Europa y
América Latina, que enfrentaron crisis similares.
Desde la publicación del reporte, la jerarquía portuguesa fue cambiando de opinión sobre el posible -aún no decidido- asunto de pagos de reparación a las víctimas. Ha titubeado a la hora de suspender a miembros activos del clero señalados en el informe.
Anne Barrett Doyle, de BishopAccountability.org, un grupo estadounidense que mantiene un archivo en internet sobre abusos en la Iglesia católica, dijo que los obispos portugueses esperaban que la comisión independiente les ayudara a restaurar la confianza al revelar el pasado de abusos y encubrimientos al tiempo que les permitía “disculparse, hacer promesas de reformas y seguir adelante”.
“Su plan salió terriblemente mal”, dijo en un correo electrónico. “Con el hallazgo de casi 5.000 víctimas y su chocante afirmación de que había sacerdotes acusados aún en oficio, la comisión resultó ser más independiente de lo que esperaban los obispos”, remarcó.
Ante los demoledores hallazgos, los líderes de la Iglesia alegaron primero que las posibles reparaciones eran un asunto de las cortes, que en Portugal tienen una acumulación de casos pendientes y son conocidas por su lentitud a la hora de tomar decisiones, que a veces requieren años.
El cardenal de Lisboa, Manuel Clemente, dijo que la Iglesia sólo haría lo que las cortes decidieran que debía hacer. Él y otros jerarcas recalcaron que según la ley portuguesa, el responsable de cualquier indemnización es el agresor, no la institución a la que pertenezca.
Para abril, la Iglesia había suavizado
Se espera que Francisco se reúna con víctimas de abusos sexuales durante su visita a Portugal.
el mensaje y dijo que no descartaba las reparaciones. Prometió “estar disponible” para las víctimas y dijo que si los agresores condenados no podían pagar, lo haría la Iglesia. Esos planes no se han concretado.
Además, las autoridades eclesiásticas dijeron que los clérigos aún activos señalados como supuestos agresores sólo podían ser suspendidos de sus tareas tras el debido proceso legal. Ante la presión pública, más tarde suspendieron a cuatro de la docena de sacerdotes identificados. ■