El juez analiza los contratos con otros 45 organismos
Ercolini pidió datos a la Armada, a Radio y Televisión SE y al INTA.
La presunta maniobra defraudatoria que se destapó con la intermediación de aseguradoras desde la ANSES desnudó una estructura que podría haberse replicado en otros organismos del Estado. Para dilucidar esto, el juez Julián Ercolini pidió información a 45 dependencias que Nación Seguros mencionó en la documentación que entregó al juzgado. Esto se suma a 27 aseguradoras, tanto personas jurídicas como físicas, que constan en las planillas remitidas al magistrado.
Las órdenes de presentación de los últimos dos días buscan determinar hasta dónde se expandió la presunta maniobra defraudatoria que le valió a Alberto Fernández, ya fuera del poder, su primera imputación en una causa por corrupción.
Como contó Clarín, la justicia tiene bajo análisis a 27 aseguradoras que habrían participado de intermediaciones discrecionales y sin fundamentos en contratos entre organismos públicos, que le significaron a las arcas estatales una multimillonaria erogación, algo que se estudia como el posible perjuicio delictivo.
Para determinar si la maniobra se aplicó en otros organismos del Estado, el magistrado pidió información a 45 organismos estatales.
El listado, al que accedió Clarín incluye al Estado Mayor de la Armada, a Radio y Televisión SE, Corredores Viales, al Ministerio de Economía, ANMAT, INTA, como también a la Superintendencia de Servicios de Salud, la Dirección Nacional de Vialidad, al extinto Ministerio de Desarrollo Social, la Administración General de Puertos, la Secretaría de Agricultura, entre otros.
Los 45 organismos cuyos papeles busca analizar el juzgado federal, fueron seleccionados porque según la información proporcionada por Nación Seguros contrataron de acuerdo con la modalidad que se señaló como sospechosa y defraudatoria para las arcas del Estado. La estructura que se analiza habría comenzado a funcionar a finales de 2021, momento en el que Alberto F., ordenó que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros. Allí no terminaba el circuito: ésta a su vez, contrataba a un broker y a empresas privadas.
La trama de contrataciones “opacas” con el rubro seguro se destapó por los manejos dentro de la ANSES, un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios. Mientras se encuentran imputados el ex presidente Alberto Fernández, y los brokers Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa (casado con una secretaria de Alberto, María Cantero), el juez considera que se podría estar ante un entramado aún de mayores dimensiones. El primer dato que alerta sobre la posibilidad de que no todo se haya circunscrito a la ANSES, son los convenios que firmaba el Ministerio con Nación Seguros en los que había una cláusula que permitía el negociado: 'La contratación del seguro objeto del presente Convenio se hará entre el Ministerio y Nación Seguros admitiéndose que el Ministerio pueda generar una designación de un intermediario'”, consta en el caso.■