Un intendente, culpable por destruir la casa de un vecino
El intendente municipal de la localidad de Perugorría, Corrientes, fue condenado a un año y ocho meses de prisión por haber arrasado con una topadora la vivienda de un vecino del barrio La Tablita, hecho que ocurrió en diciembre de 2021. El fallo recayó sobre Juan Ramón Castellanos, de Encuentro Liberal, partido que integra el oficialismo provincial.
El fallo fue dictado este jueves por el juez Ramón Alberto Ríos, que encuadró la conducta de Castellanos en los delitos de usurpación y abuso de autoridad, tal como había sido requerido por el fiscal Juan Carlos Alegre.
Todo comenzó el 9 de diciembre de 2021 cuando Mariano López salió de su casa para dirigirse a la estancia donde trabaja como peón rural. Hacía casi una década se había instalado en el barrio La Tablita a partir de un permiso de ocupación que le había otorgado la Municipalidad, y con esfuerzo pudo levantar su casa de mampostería.
Hacía algunos años se había separado y vivía sólo en la casa. Por su trabajo solía estar ausente muchos días y sus vecinos se encargaban de que nadie ingresara a robar.
Ese dia, varios operarios de la Municipalidad desembarcaron en el barrio con camiones y una máquina vial. El intendente Castellanos había ordenado irrumpir en la casa de López, sacar los muebles y demoler la construcción.
El argumento del alcalde era que la casa estaba construida sobre la traza de una calle que debía ser abierta para convertirse en uno de los ingresos a un barrio de viviendas sociales que estaba levantando a pocas cuadras el Instituto Provincial de la Vivienda de Corrientes (INVICO).
Los empleados municipales sacaron los muebles de López y la topadora arrasó lo que con esfuerzo el peón había logrado levantar. Sus cosas quedaron esparcidas hasta que un camión las llevó a un depósito de la Municipalidad. Cuando retornó de la estancia, López ya no tenía casa, y muchos de sus muebles estaban destruidos.
El hombre radicó una denuncia contra el intendente por usurpación y abuso de autoridad. Durante el proceso judicial pudo probar que ese terreno se lo había cedido una gestión municipal anterior. Como prueba exhibió un documento de posesión del inmueble.
Por su parte, Castellanos alegó que la demolición se realizó luego de un acuerdo con el propietario, pero esa situación nunca pudo probarla. Adujo que había consensuado verbalmente con López, hecho que el peón negó rotundamente.
El juicio oral y público se desarrolló a lo largo de 4 jornadas y los testimonios no fueron favorables para Castellanos. Por eso, el fiscal Juan Alegre pidió la condena del alcalde por el concurso de los delitos de usurpación y abuso de autoridad. La abogada defensora, Julieta Lacroze, pidió la absolución.
Al dar su veredicto, el juez Ríos sostuvo que “quedó probado en la audiencias la usurpación de la vivienda, que era propiedad de López” y que no se pudo constatar el acuerdo previo para la demolición de la casa, como alegó el alcalde. ■