Cayó en Rosario un testaferro que comparten 2 capos narco
Jorge Benegas (47) está vinculado con Julio Rodríguez Granthon, proveedor de la banda Los Monos, y Esteban Lindor Alvarado, ambos presos.
En el complejo mapa narco de Rosario hay nombres que suenan una y otra vez. Es el caso de Jorge Antonio Benegas (47), detenido ayer en el marco de un mega operativo contra el lavado de dinero del narcotráfico. En octubre de 2021 fue condenado a cinco años de prisión (firmó un juicio abreviado) como organizador de la asociación ilícita que lavaba dinero para el capo narco Esteban Lindor Alvarado (44). Benegas figuraba como dueño de una propiedad de su jefe.
Su vínculo era estrecho. En una foto tomada en un restaurante, Benegas aparece parado entre Alvarado y Mauricio “Canibal” Laferrara (27), el jefe de sicarios de la banda que sigue prófugo tras escaparse de la cárcel de Devoto, en octubre de 2023, escondido entre la basura.
Benegas y su esposa, Valeria Nazca (45) –condenada en 2021 a tres años–, eran testaferros en la estructura de Alvarado. Lavaban su dinero a través de sociedades que figuraban a su nombre. Pero Nazca tuvo un final violento: fue emboscada y asesinada a de seis balazos frente a un galpón, al sudoeste de Rosario, en mayo de 2023.
Eso obligó a su esposo a buscar nuevos socios y, de acuerdo a lo que descubrió la Justicia Federal de Rosario con la Procunar y la Procelac, Benegas tuvo que diversificar sus servicios. Ayer fue detenido como narcolavador del capo narco Julio Andrés Rodriguez Granthon, nacido en Perú hace 30 años.
“Fui uno los principales proveedores de Los Monos. A Alvarado lo conocí en el camión de traslado, cuando nos trajeron a cárceles federales. Tengo una buena relación con él. No porque me lleve bien con Guille (Cantero) voy a estar enemistado con él”, le dijo Granthon a Clarín, en la entrevista para el documental “Por qué Sangra Rosario”.
Rodríguez Granthon se alejó de la guerra entre los Cantero (fundadores de Los Monos) y Alvarado. Ante todo es un hombre de negocios. La caída de Benegas como parte de su estructura de lavado de dinero confirma su pragmatismo.
“Benegas participó en maniobras de apoyo logístico a la organización. Proveía vehículos a empleados de Julio Rodríguez Granthon y fue observado conduciendo el camión Scania R400 dominio AC797MS”, uno de los vehículos atribuidos a la banda del peruano.
Benegas cayó en el marco de allanamientos ordenados por la Justicia federal de Rosario y pedidos por el fiscal federal N° 2 de Rosario, Matías Scilabra, Diego Iglesias -titular de la Procunar- y Diego Velasco, de la Procelac. El operativo incluyó la detención de otras nueve personas, entre ellas el papá de Granthon, Francisco Rodríguez Villarreal (63, ex abogado del Ejército peruano) y tres mujeres, una de ellas su pareja. Fueron secuestrados 24 vehículos y embargaron cinco propiedades.
En uno de los allanamientos fueron secuestrados seis panes de cocaína, con la particularidad de que la droga estaba embalada en paquetes amarillos con el logo del delfín, características que se vienen repitiendo desde hace meses en operativos en distintos puntos del pais.
“Una de las personas que presenta mayor participación en el esquema de lavado de dinero de la organización es el padre de Rodríguez Granthon, Francisco Rodríguez Villarreal, que intervenía en la gestión de la explotación e inversión de los bienes espúreos de su hijo, por ejemplo, administrando proyectos inmobiliarios impulsados por aquél y gestionando vehículos de miembros de la organización”, detalla la acusación fiscal.
Granthon -detenido en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz- vive bajo el sistema de aislamiento de presos de “alto riesgo”. En sus tiempos de “gloria” llegó a introducir en Argentina 400 kilos de cocaína peruana por mes, con una ganancia neta de medio millón de dólares por cargamento, según explicó el capo peruano a Clarín.
Granthon es piloto civil y controla el mercado de la cocaína en Rosario. Detenido en 2019, en su primera condena, en octubre de 2021, le dieron diez años de prisión por narcotraficante. En agosto de 2021 le impusieron una pena de doce años de cárcel y, en diciembre de 2023, otra a diez años de prisión.w
En los allanamientos hubo también otros nueve arrestados.