Una denuncia social que busca mantener el equilibrio

Cómo decir que la situación económica y social es muy complicada y solidarizarse con quienes más la padecen, sin desagradar al irritable Javier Milei y a quienes conservan la esperanza de que su gestión sacará al país de la crisis. Así podría sintetizarse el espíritu de la declaración que difundieron el centenar de obispos del país al término de su primer plenario de obispos, a cuatro meses del nuevo gobierno.

En la carilla y media que abarca el pronunciamiento salta a la vista que los prelados no se privan de enumerar aspectos de la realidad nacional particularmente dolorosos para muchos, pero evitando “transformarnos -dicen- en profetas de calamidades que sólo desparraman pánico y angustia”. Y por las dudas aclaran que “desde hace décadas vivimos tiempos difíciles en nuestra querida Argentina”, no desde este gobierno.

Más aún: reconocen la mezcla de padecimiento indigno y esperanza que conviven en la población.

De hecho, la declaración comienza afirmando que “son tiempos complejos, por momentos contradictorios, en los que conviven una esperanza y paciencia honda de nuestro pueblo, que habla de su grandeza de corazón, con una incertidumbre y una creciente vulnerabilidad de las personas”.

Pero advierten son las situaciones socialmente más complejas como los “millones de niños y niñas se debaten entre la miseria y la marginación” y los “muchos abuelos y abuelas se les presenta el drama elegir entre comer y comprar los remedios porque la jubilación no alcanza”.

Tampoco se privan de criticar aspectos de la política social. Denuncian que “cierran comedores comunitarios por falta de asistencia y que muchos vecinos se quedan sin la posibilidad de esa comida en el día” y “la discontinuidad de políticas públicas de integración de barrios populares, logradas con el consenso de gobiernos de distintos signos políticos y representantes legislativos”.

Los obispos ya habían denunciado a comienzos de enero que un reempadronamiento de los comedores comunitarios y un cambio en el suministro de las provisiones que reciben había derivado en la suspensión del envío de comestibles y, si bien luego se reanudó la ayuda y hubo aportes a Cáritas y las iglesias evangélicas, los obispos observan aún restricciones serias.

Al denunciar el programa de integración de barrios populares, los obispos se refieren a la anunciada eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) dispuesto por el gobierno, por considerar que son “negocios de la política”.

Más allá de que el actual gobienro dijo que había sido buena la gestión del FISU, los obispos consideran que aquellos programas valiosos, si sufren anomalías, deben ser corregidos, pero no eliminados. Tras advertir como lo vienen haciendo hace tiempo que “avanza la pandemia silenciosa de narcotráfico” y sobre la grieta y la primacía del individualismo, vuelven al equilibro al llaman a no perder la alegría que “tiene que ver (…) con la experiencia de tener un horizonte”. Ojalá así sea. ■