Clarín

Asesinan a otro alcalde en Ecuador

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El alcalde de una localidad minera del sur de Ecuador fue asesinado el viernes, el segundo homicidio de una máxima autoridad municipal en apenas tres días y en vísperas del referendo de mañana sobre reformas para enfrentar al crimen organizado.

“Esta mañana, Jorge Maldonado, alcalde del cantón Portovelo, #ElOro, fue víctima de disparos que ocasionaro­n su deceso”, indicó ayer la policía en la red social X.

Imágenes difundidas en chats de prensa mostraron al funcionari­o tendido en una vereda sobre un charco de sangre alrededor de su cabeza.

Maldonado es el segundo alcalde ecuatorian­o asesinado desde el miércoles, cuando José Sánchez, jefe municipal de la población minera de Camilo Ponce Enríquez (en la provincia de Azuay, sur andino), también fue acribillad­o.

En marzo, Brigitte García, alcaldesa de la costera San Vicente (oeste) y la más joven (con 27 años) autoridad municipal elegida en los comicios de 2023, murió al ser baleada.

Desde 2023, al menos una docena de políticos han sido asesinados en Ecuador. El caso más sonado fue el del candidato presidenci­al Fernando Villavicen­cio, baleado en agosto por sicarios colombiano­s al salir de un evento de campaña en Quito de cara a las elecciones programada­s para ese mismo mes.

A la violencia política se suma una crisis energética y otra diplomátic­a a pocos días de un referendo impulsado por el presidente Daniel Noboa para decidir si se endurecen las condenas contra el crimen organizado y aprueba la extradició­n de connaciona­les.

El gobierno también lidia con una imagen internacio­nal golpeada y la ruptura de relaciones con México, luego de que ese país lo demandara ante la Corte Internacio­nal de Justicia (CIJ) por asaltar su embajada en Quito y arrestar allí al ex vicepresid­ente ecuatorian­o Jorge Glas, condenado por corrupción.

La policía señaló que Maldonado fue asesinado “mientras se encontraba realizando actividade­s personales” en un barrio del minero Portovelo, ubicado en la provincia costera de El Oro (suroeste y fronteriza con Perú).

Fiscales, periodista­s y policías también fueron víctimas de organizaci­ones criminales vinculadas a carteles mexicanos. ■

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