Choque con la Iglesia sobre las indemnizaciones por abusos
Los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia o en ámbitos eclesiásticos enfrentan al gobierno de Pedro Sánchez con la Conferencia Episcopal Española. El gobierno pretende implementar las recomendaciones del informe que el Defensor del Pueblo realizó sobre violaciones dentro de la Iglesia entre las que postula la creación de un fondo para reparar económicamente incluso a las personas que hayan padecido esa violencia y cuya posibilidad de denunciarlo haya prescrito.
“Una persona es víctima haya muerto o no su victimario, y la verdad es la verdad, haya prescrito o no”, dijo el defensor del Pueblo, Angel Gabilondo, cuando presentó su investigación, en octubre del año pasado. Se trató del primer informe oficial sobre pederastía en el seno de la Iglesia y fue el Congreso de los Diputados el que le encomendó la tarea a Gabilondo. Según su relevamiento, casi medio millón de españoles sufrieron abusos por parte de curas, religiosos, laicos consagrados o personas vinculadas al clero y sus instituciones.
“Eso es mentira. No corresponde a la realidad”, dijo Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y por entonces presidente -dejó el cargo el mes pasado- de la Conferencia Episcopal Española. Ahora, seis meses después de su presentación en el Congreso, el gobierno de Pedro Sánchez desempolvó el informe del Defensor del Pueblo y anunció esta semana su intención de indemnizar a las víctimas de abusos que hayan prescrito.
“Con el ánimo de que nuestra democracia salde una deuda con esas víctimas que durante décadas estuvieron olvidadas”, dijo el ministro de Justicia, Félix Bolaños. La propuesta, según el borrador del gobierno, “exigiría la colaboración de la Iglesia para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación”.
César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal, señaló que el organismo que nuclea a todos los obispos de España y de Andorra “ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica”.
Ya en octubre del año pasado, la respuesta del Episcopado al informe del Defensor del Pueblo denunciaba discriminación. Por entonces, García Magán advertía: “Si hay víctimas de otros ámbitos y otros medios, ¿a ésas las dejamos sin reparación? Estaríamos creando una calificación aleatoria y perniciosa”.
“La Conferencia Episcopal también le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia pero siempre en la medida en la que aborde el problema en su conjunto”, agregó García Magán este martes. No todos los integrantes de la institución religiosa, sin embargo, consideran que la propuesta del gobierno se ensaña con la Iglesia.
El arzobispo de Madrid, José Cobo, quien además es vicepresidente de la Conferencia Episcopal, se mostró proclive a “asumir nuestra responsabilidad como Iglesia, colaborando con el Estado en todo lo que haga falta, partiendo de los apuntes que daba el informe del Defensor del Pueblo”.