Luego de Rosario, quieren instalar el sistema acusatorio en Buenos Aires
Rosatti y otros magistrados proponen debatir el próximo destino para implementar el nuevo Código Procesal Penal. Buscan postergar a Mendoza.
Magistrados de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Procuración General de la Nación proponen estudiar la posibilidad de -tras poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal en Rosario el próximo 6 de mayo - implementarlo luego en la provincia de Buenos Aires y no en Mendoza, como estaba previsto hasta ahora.
El eventual cambio de estos planes estratégicos se debe a que magistrados de esos organismos temen que los narcos presionados en la Jurisdicción Judicial Rosario que llega desde San Nicolás, Buenos Aires, a Rafaela en el Norte de Santa Fe- migren hacia territorio bonaerense. Sobre todo, se muevan hacia al Norte de la Provincia metiendo, además, más presión sobre el aeropuerto de Ezeiza como canal de salida de la droga hacia Europa.
La preocupación por Ezeiza la trasmitió la DEA, según informaron fuentes judiciales a Clarín, además de insistir con mayores controles y condenas por el tráfico de drogas en la Hidrovía.
La apuesta la analizan, pese a que hay problemas de infraestructura sobre todo en la Procuración General de la Nación que dirige Eduardo Casal- para llegar al 6 de mayo para la vigencia del sistema acusatorio, la ambiciosa fecha que puso el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
Este sistema dará la investigación a los fiscales y creará procesos orales a fin de tratar de conseguir juicios más rápidos. Por razón, Casal es el que más recursos debe disponer y reclama por más fondos, contaron a este diario fuentes de la Procuración.
La implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy duró ocho meses pero el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, dispuso de “mucho flujo de fondos para los cambios que eran necesarios, no como ahora", se quejan las fuentes.
Otra razón que podría llevar a elegir la jurisdicción La Plata -que incluye Ezeiza y Lomas de Zamoraes que el cuerpo de jueces federales está más completo. Se prevé terminar con el concurso para el juzgado federal 2 de Lomas en poco tiempo. En cambio, el de Mendoza con la destitución del ex juez federal Walter Bento y otras vacantes "se muestra más problemático desde este punto de vista", resaltaron fuentes de la Magistratura consultadas por Clarín.
También destacan que es una ventaja para esa opción que el titular de la Procuración contra la Narcocriminalidad, Diego Iglesias, es a su vez el fiscal de la Cámara Federal de La Plata.
Ayer el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura de la Nación Horacio Rosatti recorrió otra vez ciudades de la jurisdicción Rosario de cara a la implementa
Antes de asumir como procurador general del Tesoro, Rodolfo Barra, fue abogado del Gobierno de Gildo Insfrán ante la Corte por los recursos contra su reelección indefinida en Formosa.
ción del sistema acusatorio, como lo viene haciendo casi todas las semanas. “Más trabajo y menos show”, dicen en el palacio de Tribunales para llegar al 6 de mayo.
Rosatti mantuvo en Rosario un nuevo encuentro de trabajo con los integrantes de la Cámara Federal de Rosario Fernando Barbará, Aníbal Pineda, Silvina Andalaf Casiello y Élida Isabel Vidal.
Esta semana Rosatti, también, se reunió los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, en los tribunales de Comodoro Py.
De la reunión participaron el vicepresidente primero de la Cámara, Daniel Petrone; el vicepresidente segundo, Diego Barroetaveña, y los magistrados Ángela Ledesma, Carlos Mahiques, Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Javier Carbajo.
Rosatti destacó el rol fundamental de la Casación Federal en la implementación del Código Procesal Penal Federal, en especial las vinculadas con la puesta en vigencia de la reforma procesal, dotación de personal y equipamiento tecnológico. Luego, Casación bajo la Presidencia de Mariano Borinsky, mantuvo -a su vez- un encuentro presencial y virtual con representantes de la Junta de Tribunales Orales Federales, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación y demás representantes de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal. Durante el encuentro, los jueces se comprometieron a trabajar de manera conjunta desde las Comisiones de Implementación del Código Procesal Penal Federal y de Gestión Judicial y de Reglamento y Capacitación.
Los jueces, también, tomaron nota de las necesidades de los distintos órganos jurisdiccionales, en especial las de contar con subsedes de la Oficina Judicial para la puesta en vigencia de la reforma procesal, dotación de personal y equipamiento tecnológico. Las oficinas judiciales son las que manejan los recursos materiales.
Además, la semana pasada comenzó a dictarse la capacitación para implementación del Código Procesal Penal Federal con más de 500 inscriptos de todo el país, en particular funcionarios de Rosario y de Mendoza que es, hasta ahora el nuevo objetivo después de Rosario a menos que se opte por la jurisdicción La Plata como afirman dos altas fuentes requeridas por este diario.
Desde el punto de vista edilicio, a través de la Dirección General de Infraestructura Judicial, el Consejo de la Magistratura se encuentra trabajando en las sedes de los Tribunales Federales en las ciudades de Santa Fe, San Nicolás de los Arroyos, Rosario, Rafaela y Venado Tuerto en la reubicación de puestos de trabajo. En este marco, el Consejo de la Magistratura hizo saber a Cúneo Libarona y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las exigencias de conectividad mínima de internet con las que deben contar los complejos penitenciarios para que las audiencias puedan llevarse virtualmente, en caso de que los magistrados decidan que el imputado participe desde dicho lugar y no en forma presencial.
Los magistrados reclaman salas de audiencias con medidas de seguridad máxima para el traslado de presos. Alguien propuso en estas frenéticas reuniones hacer las audiencias en una universidad de Rosario ,pero sus pares rechazaron categóricamente esa opción por lo peligroso de la medida. Por eso esperan que la ministra Bullrich y el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro apuren la terminación de la cárcel de Coronda porque si el sistema acusatorio agiliza los juicios, habrá más condenados. Por lo pronto, el presidente Javier Milei emitió ayer un DNU que declaró "zona militar" a las instalaciones de la fábrica de armas Fray Luis Beltrán, ubicada en San Lorenzo, con el objetivo de preservar la seguridad del predio en virtud de la inseguridad que atraviesan Rosario y otras localidades de la región.w