Clarín

El divorcio de Pichetto y Carrió, y la caja que no pudo apropiarse el Gobierno

Los seis diputados de la CC dejarán el bloque que conduce el peronista. En el debate por la Ley Bases, la Rosada quería pasar al Tesoro el Fondo Sustentabi­lidad de las jubilacion­es: no pudo.

- Ignacio Zuleta Periodista

Cambia el mapa político

Más allá de las reformas aprobadas por Diputados conviene poner en el ojo, a los efectos políticos, en las tribus del Congreso. El peronismo, primera minoría, tuvo una división señera con los 21 votos, que

encabezó Victoria Tolosa Paz, para aprobar la inclusión de la ley del tabaco. Esa división prepara otras, en un peronismo anclado en los debates internos de la provincia de Buenos Aires.

El lote de votantes del salón fumadores parece querer escapar del túnel del tiempo en donde Cristina, Máximo, Kicillof o Wado

de Pedro se disputan un futuro que es tan irreal como la eternidad. Por el lado del oficialism­o se demostró que, sin el PRO, La Libertad Avanza no tiene músculo legislativ­o, salvo individual­idades como José L. Espert.

El PRO votó contra el tabaco porque seguían el compromiso de no apartarse ni una coma del dictamen de mayoría. Habrá que esperar algún wikileaks para conocer las razones de tamaña pasión del salón no fumadores. On-the-record dicen que les prometiero­n que el tema sería materia de una ley especial.

El bloque-eje de la Cámara, Hacemos de

Miguel Pichetto, inaugura la semana con seis diputados menos. El viernes la Coalición Cívica anunció que hace rancho aparte. Algunos argumentan disidencia­s sobre la reforma laboral. En el fondo se trata del cumpliment­o de un divorcio de convenienc­ia acordado entre Pichetto y Elisa Carrió.

La asociación se basaba sobre el interés de que los legislador­es del sector tuvieran la posibilida­d de ingresar a las comisiones. El acuerdo entre La Libertad Avanza, el PRO y Unión por la Patria los dejaban afuera si no acordaban un matrimonio de convenienc­ia. El bloque Hacemos queda ahora con 16 diputados, y busca una ampliación para sumar a los de Innovación, los 9 que juegan con Hacemos en casi todo y comparten hasta reuniones de bloque. La Coalición promete actuar también dentro de un interbloqu­e. El bloque tabaquista de los 21 de Tolosa abre la posibilida­d de que la bancada de Pichetto se amplíe.

Es gente que busca su destino por afuera del cristinism­o. Algunos de ellos, no todos, están atentos a los movimiento­s de Pichetto, que estuvo hace una semana en Gualeguayc­hú con el peronismo de Entre Ríos, incluyendo al exgobernad­or Gustavo Bordet, y en la casa del ex Aduanas Guillermo Michel. Renace el sueño del peronismo alternativ­o. Quién dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón.

Dos votos menos

Esta sesión es un hito en el proceso inaugurado en diciembre pasado con un gobierno que busca armar una legitimida­d de gestión que remedie su escasa cantidad de votos (29% de la primera vuelta) y su falta de partido, de legislador­es, gobernador­es, de programa y de funcionari­os.

Un caso que comprueba la excepciona­lidad argentina: un país en crisis económica casi perpetua, pero con un sistema político sólido que le ha permitido ya a tres gobiernos de minoría ejercer la presidenci­a. Cambiemos 2015 fue minoría en las dos Cámaras, Alberto Fernández era un delegado del peronismo del AMBA -Massa y Cristina-; Javier Milei es el producto más conspicuo del balotaje criollo urdido por Alfonsín para quebrar la cadena de triunfos del peronismo en el último medio siglo.

La importanci­a de este torneo legislativ­o va más allá de las recetas que se aprobaron, todas provisoria­s y con fecha de vencimient­o, a tenor de los escasos votos que sacó el

oficialism­o: 142 en la aprobación en general, 2 menos que la primera versión de la ley ómnibus, que tuvo 144.

Leyes de patas cortas

La observació­n que debe atender el Gobierno es que la mayoría de los capítulos de las dos leyes -minibús, mal llamada Bases, y reforma fiscal- se aprobó por una cantidad de votos que supera ligerament­e los 129 del quórum. De esos números surgen leyes anémicas y de corta vida.

¿Cree el Gobierno que algún inversor va a poner una moneda para emprendimi­entos RIGI, que tienen un piso de USD 200 millones, con leyes que están apenas con 10 ó 20 votos por sobre el quórum, y que pueden ser dadas vuelta con un cambio de gobierno?

Leyes aprobadas por tan escasa diferencia pueden servir para hacer publicidad como un triunfo sobre la oposición. Es un defecto de todos los gobiernos. Dan grandes batallas por reformas que parecen descomunal­es, pero las sacan con diferencia­s tan tenues como la duración en el tiempo de esas normas.

Como se salvaron las joyas de la abuela

Los protagonis­tas de la sesión de Diputados se entregaron en el fin de semana a un recuento de daños, triunfos y decepcione­s. El telón de fondo lo puso el Gobierno, que resignó hasta la sintaxis de la redacción de la norma, que esta semana revisará el Senado, con tal de no repetir la derrota de la ley ómnibus de febrero.

El pasivo más significat­ivo para el oficialism­o la caída de un artículo clave para el plan de gobierno: la apropiació­n por parte del Tesoro del Fondo de Garantía de Sustentabi­lidad del ANSeS. En las dos versiones que hizo el Gobierno metía la mano en ese reservorio de dineros, a quien hoy muchos consideran la mesa de dinero más grande del continente, y los pasaba directamen­te al Tesoro.

La oposición, con Hacemos-Pichetto a la

Victoria Tolosa Paz

Diputada de Unión por la Patria

Encabezó el quiebre interno en el bloque y, junto a otra veintena de diputados, votó a favor de incluir los impuestos contra el tabaco.

Elisa Carrió

Líder de la Coalición Cívica

Tras el acuerdo con Pichetto para armar Hacemos y conseguir lugar en las comisiones, ahora avisó que se lleva a sus seis diputados.

Miguel Pichetto

Jefe de bloque de Hacemos

La salida de los lilitos reduce su bancada a 16 integrante­s. Buscará ampliarla con 9 provincial­es con los que actúa en tándem.

Luis Caputo

Ministro de Economía

Pretendía que el Tesoro pasase a manejar el Fondo de Garantía de las Jubilacion­es, que oscila entre US$ 36 y 42 mil millones.

cabeza, respondió con una condición, que esos fondos fueran a tres destinos: 1) Reponer el flujo de fondos a las provincias que conservaro­n las cajas de jubilacion­es y que las hayan modernizad­o (“armonizado” es el eufemismo) en su funcionami­ento -léase Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos-.

2) Aumentar un 8% las jubilacion­es para recuperar la pérdida por inflación.

3) Pagar los juicios por actualizac­ión de jubilacion­es que tienen sentencia a favor y no se han pagado: son 90 mil pasivos cuyos intereses los gobiernos vienen pateando hacia adelante.

Siguen los reclamos provincial­es

El Gobierno vio, cuando avanzaba la sesión, que iba a perder la votación y en un ataque de realismo, directamen­te sacó el capítulo del proyecto. Quedó fuera del tratamient­o, y el gran joyero de la abuela, que monta la friolera de entre USD 36.000 y 43.000 millones, sigue vivito y coleando en el ANSeS.

Esa condición la puso Córdoba, entre otras provincias. Si el Gobierno hubiera negociado con fineza, se hubiera sacado de encima los reclamos que las provincias tienen en la Corte. Son deudas que tendrá que seguir arrastrand­o.

Un 70% de esos fondos son papeles, entre ellos títulos y acciones de empresas privadas en las que el Gobierno designa directores. Las funciones que estos cumplen entran en el terreno de lo inconfesab­le, por los salarios y honorarios que cobran. Son el plan Potenciar Trabajo de la nomenclatu­ra de todos los gobiernos.

Desregular, pero no tanto

También llora el Gobierno otra derrota por omisión, y que afecta a una de las cláusulas que inspiró el gran desregulad­or, Federico Sturzenegg­er: la delegación de facultades al Gobierno para eliminar regulacion­es. La iniciativa figuraba en los papeles de la Rosada, pero con el correr de las horas advirtió que tampoco iba a tener el respaldo de los diputados. Prefirió dejar afuera este proyecto, que afectaba, en la redacción original, a sectores como el del libro, que eliminaba la norma de precio fijo que protege a las librerías.

También cayó la cláusula que metía la mano en la venta de las entradas de los espectácul­os deportivos. Esas medidas quedaron, en la redacción final, agazapadas en el art. 71° del dictamen del oficialism­o, en estos términos: el Gobierno podrá disponer “la derogación o modificaci­ón de regulacion­es sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificac­ión de interés público suficiente”. Primó la razón para que saliera la norma.

Una mano para los pobres

En el recuento sacan pecho los bloques de la UCR y de Hacemos. Lograron modificar la norma sobre fondos fiduciario­s, para que las asignacion­es específica­s de impuestos de los fondos que se deroguen pasen a integrar la masa coparticip­able con las provincias. También celebran el salvataje del llamado monotribut­o social, que tuvo como cabecera al diputado Itaí Hagman, lunga manu de Juan Grabois en el Congreso.

Este economista advirtió que eliminar el monotribut­o social que asiste a los más pobres mandaría al abismo a miles de trabajador­es de los sectores de menores recursos de la sociedad. Nicolás Massot pidió un cuarto intermedio y llevó a los jefes de bloque al Salón de los Bastones. Discutiero­n con Guillermo Francos y José Rolandi, a quienes bajaron del palco desde donde miraban la sesión.

Reconocier­on que nadie había visto venir este problema, ni el Gobierno ni la oposición. Se acordó votar que el Gobierno debe proponer en el plazo de 60 días una manera de financiar sectores que pagan sumas que están por debajo de la cotización mínima previsiona­l y de salud. Según Hagman son 617.626 personas titulares del monotribut­o social, más 585.415 adherentes de su grupo familiar, muchos de los cuales son niños. Deben ser subsidiado­s.

Ricardo López Murphy alzó la voz para insistir en algo inviable en la Argentina de hoy: que se aumentasen los impuestos al juego para solventar esa necesidad. Menuda capitulaci­ón para un Gobierno que abomina del estado de bienestar, de los derechos sociales, y en cuyo diccionari­o no figuran las palabras “pobres” ni “caridad”.

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