La causa de la Mafia de la Aduana fue elevada a juicio oral y público
El juez cerró la investigación y pasó a esa instancia a 100 procesados, entre ellos tres ex directivos de la Aduana K.
La Mafia de la Aduana, la causa por contrabando en la Aduana más grande de la historia argentina y que permitió frenar el ingreso ilegal de cerca de 1500 contenedores que generaron un fraude de más de 300 millones de dólares al Estado, pasó el viernes a juicio oral y público. En la causa, que investigó el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky desde el 2016, están procesados tres altos jefes de la Aduana de Cristina Kirchner, los hermanos Paolantonio y despachantes de Aduana, entre otros.
Como jefes de una asociación ilícita fueron elevados a juicio oral Diego Raúl Paolantonio, Alejandro Cesar Paolantonio. El tercero de los hermanos Paolantonio falleció durante el proceso. Otros de los integrantes de la “banda” de los Paolantonio, según el juez, son Darío Donolo, Alejandra Carames y Paola Noemí Díaz.
Como miembros de la banda también quedaron ex directivos de la época de la gestión al frente de la Aduana y de la AFIP de Ricardo Echegaray. Se trata del ex subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Daniel Santanna y los directores del organismo en Buenos Aires, Eduardo Bernardi y Edgardo Paolucci. En total son casi 100 procesados.
En cuanto a los responsables de los depósitos fiscales que guardaron la mercadería de contrabando en el auto de elevación a juicio figuran Horacio Norberto “Cholo” Palmieri (ex número 5 de Boca), Maximiliano Carlos Montero, Terminal Carga Tigre, Néstor Alberto Suarez, y Carestiba S.A, a quienes Elisa Carrió vinculó con el massismo y un sector del PRO. Por su parte los despachantes de Aduana involucrados son Juan Manuel Benavides y Sicem BA S.R.L.
La causa se abrió en el 2016 en base a una investigación del ex periodista de Clarín Matías Longoni, a quien el abogado de los Paolantonio, Maximiliano Rusconi, intentó violar su secreto profesional periodístico. Además, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió aportó los apoyos políticos que tenían los empresarios y funcionarios procesados a quienes supuestamente vinculó con el ex candidato presidencial Sergio Massa y el operador judicial macrista Daniel Angelici.
Los procesados están acusados por asociación ilícita según el artículo 210 del Código Penal, delito que tiene una pena de prisión de 3 a 10 años. En el caso de jefes tiene un mínimo 5 años de cumplimiento efectivo. Y contrabando agravado según los artículos 863 y 864 del Código Aduanero que contemplan una condena de entre 4 a 10 años de prisión.
Los hermanos Paolantonio controlaban las empresas “Diferent Imports S.A., New Unique Imports S.A., Corport S.A., Las Cortaderas S.R.L., Origin Rm S.R.L. Y Sicem Ba S.R.L. las cuales resultarían personas jurídicas de existencia meramente formal que serían utilizadas presuntamente para ocultar la real identidad del verdadero dueño o real importador de la mercadería, como así también, que la mercadería declarada ante el servicio aduanero diferiría presuntamente de aquélla realmente importada”, agrega el fallo de la Cámara de apelaciones que confirmó los procesamientos.
En realidad, la causa de la Mafia de la Aduana incluye varios expedientes judiciales. El juez como estrategia para asegurar el avance de la investigación, decidió no tratar el tema como una sola megacausa, porque la experiencia de la Justicia argentina con los trámites de grandes objetos procesales es difícil de tramitar. Por ejemplo, el caso del cuñado de Julio De Vido, Claudio “Mono” Minnicelli, se sustanció en otra causa.
De esta manera, ningún contenedor de los 1.500 ha quedado sin ser investigado en el período de tiempo que abarca la causa entre el 2014 y 2016 en esta maniobra de productos de contrabando traídos desde China. La mayoría de los productos de contrabando fueron donados a entidades sin fines de lucro.
En estos 8 años de trabajo hubo impugnaciones de todo tipo, pedidos de nulidad, recusaciones, intervención de distintas instancias revisoras dentro de la Justicia, incluso hasta la Cámara Federal de Casación Penal.
En el acta de elevación a juicio, el juez Aguinsky recomendó al recomendado al Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, que en el futuro la Aduana implemente la tecnología llamada de “body cam” para que todas las verificaciones de cargas que ingresen al país queden grabadas en video.
En su resolución sobre los procesamientos en la causa de la mafia de la aduana, Aguinsky recordó que desde 1983 estallaron los casos de contrabando conocidos como “Los Galpones de Tierra del Fuego” (año 1988), “Contrabando de autos para discapacitados” (1991), “La Mafia del Oro” (1995), “Aduana Paralela” (1995), “Autos con franquicias para diplomáticos” (2008), “DJAI” (2016), “Mudanzas” (2016) y la “Mafia de los contenedores” (2016), entre otros.
Estos casos demuestran como "la delincuencia económica organizada en complicidad con funcionarios corruptos provocan daño a la sociedad y el estado" en términos de millones de dólares, subrayó.
En la causa de la mafia de la Aduana “se ha podido observar a lo largo de esta investigación una práctica ilícita estructurada, planificada, temporalmente estable, particularmente homogénea y ejecutada diversificadamente por numerosos actores que difícilmente podrían haber logrado el éxito frente a un serio control establecido en las líneas de la burocracia estatal”.
En ese escenario, “las evidencias colectadas en autos permitieron arribar a la conclusión de que tales maniobras fueron instadas dentro del mismo sistema aduanero, es decir, por quienes paradójicamente debían custodiar los intereses del Estado y sus recursos públicos”.
De esta manera, ya no solamente son “iniciativas privadas apalancadas por ciertos integrantes del órgano de control”, sino “una suerte de institucionalización del delito de contrabando enquistado en la estructura del servicio aduanero, coordinado por estudios y profesionales del comercio exterior y utilizado por determinados empresarios”.
Además, durante la causa se hicieron unos 120 allanamientos realizados se secuestraron mails de los empresarios en que explicaban la maniobra de contrabando. Por ejemplo, los mensajes de los contrabandistas enviados a “Perkerman” eran, en realidad, pa
ra el entonces director de la aduana de Buenos De Bernardi a quien se le secuestró US$ 500 mil en efectivo en su lujosa casa del country Abril.
El fallo se refirió, como una prueba clave, al documento electrónico denominado “BAPLIE”, que es la planilla de la estructura de cargamentos de los barcos portacontenedores que no puede contener datos falsos sobre el peso que llevan por cuestiones de seguridad de la navegación. En este caso entre China y la Argentina. Los pesos registros en los BAPLIE no eran los de flores de plástico como decían las declaraciones aduaneras sino electrodomésticos o textiles de mucho valor. En el auto de elevación a juicio también figuran procesados como supuestos testaferros y titulares de empresas apócrifas como Carlos Luis Ferreyra, Gonzalo Alberto Álvarez.w