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¿Adiós al refugio seguro de los latinoamericanos en Europa?
El Gobierno de España niega que pretenda endurecer el derecho al asilo. No obstante, los cada vez más refugiados de Venezuela, Colombia o Centroamérica se encuentran con un sistema de acogida al borde del colapso.
Antes llegaban en precarias precarias embarcaciones, ahora la imagen ha cambiado. El número de solicitantes de asilo se ha disparado en España. Pero estos llegan ya en su mayoría en avión y aterrizan en el aeropuerto madrileño de Barajas. Una vez en suelo español, se dirigen a algunas de las entidades responsables, normalmente una Oficina de Asilo y Refugio. Los saltos a las vallas de Ceuta y Melilla o las pateras en el Mediterráneo han pasado a un segundo plano estadístico, pese a seguir siendo igual de trágicas.
Estos nuevos contingentes de solicitantes de asilo hablan español y provienen de algunos de los lugares más problemáticos de América Latina. La mayoría llega de Venezuela, donde la crisis económica y humanitaria no cesa. Otros salieron de Colombia huyendo de diferentes formas de violencia que sobrevivieron al acuerdo de paz, o que han brotado con posterioridad. Otros muchos huyen de países centroamericanos como El Salvador, Honduras o Guatemala, de las sangrientas maras o la persecución de grupos específicos, como las minorías sexuales. Otro de los factores, según expertos y organizaciones civiles, es el endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump en la frontera sur de Estados Unidos.
España batió en 2019 un nuevo récord de solicitantes de asilo, que sobrepasaron los 118.000, más del doble que el año anterior. El diario El País informó que desde comienzos de 2020 las cifras han escalado hasta las 3.500 peticiones semanales. A diferencia de países como Alemania, Italia o Grecia, aquí tres de cada cuatro solicitudes son latinoamericanas. La burocracia, sin embargo, avanza lenta: se resolvieron poco más de 60.000 demandas de protección internacional, de las que solo resultaron favorables el 5%, veinte puntos menos que en 2018.
"En España el sistema de asilo lleva colapsado muchísimos años”, dijo a DW Lucila Rodríguez- Alarcón, directora general de la Fundación porCausa. Según los últimos datos facilitados por el Gobierno a los medios de comunicación, el país ibérico sigue acumulando alrededor de 133.000 expedientes por resolver.
El enorme aumento de las llegadas de venezolanos ha contribuido a sobrecargar el sistema, sobre cuya precaria situación llevaba años advirtiendo el Defensor del Pueblo. No obstante, España ha encontrado un arreglo especial para el caso de Venezuela: las solicitudes rechazadas obtienen casi automáticamente un permiso de residencia por razones humanitarias durante un año. En 2019 se concedieron 39.667 de estos permisos a ciudadanos venezolanos, pero solo 45 para el resto de Latinoamérica. "Ahora empezarán las renovaciones”, declaró a DW María Jesús Vega, portavoz de ACNUR, quien asume que no habrá problemas a este respecto.
No obstante, los venezolanos, al tener que pasar por el sistema estándar de asilo –pese a que el 96% de sus peticiones son denegadas- estarían contribuyendo a saturar el sistema. Los venezolanos no pueden solicitar directamente el permiso de residencia por razones humanitarias.
El colapso del sistema de acogida de las personas solicitantes de asilo es uno de los dramas que más preocupan a las organizaciones de derechos humanos implicadas. La portavoz de ACNUR explicó a DW que las citas para formalizar la solicitud se demoran hasta tres o cuatro meses. Posteriormente, la tramitación puede durar a veces hasta un año y medio. Como consecuencia, cada vez más individuos y familias pasan las noches a la intemperie. Cuando los servicios sociales no dan abasto, solo les queda la solidaridad de vecinos y parroquias de barrio. Para muchos, un "fracaso” del Estado.
En ese contexto, el diario El País informó la semana pasada que el Gobierno prepara una nueva ley para "endurecer” el derecho al asilo. Entre las nuevas restricciones figurarían la introducción de un plazo para las solicitudes de los recién llegados, o la ampliación de los motivos para denegar las peticiones. De acuerdo con el modelo de la Unión Europea (UE), el texto preliminar también contemplaría el concepto de país seguro.
Daniel Campos, portavoz del Ministerio del Interior español, negó en entrevista con DW la veracidad de esta información del diario. "Se trata de un borrador de técnicos que se hizo hace seis o siete meses y que no pasó el filtro político”, explicó el vocero.
El asunto no es únicamente un problema humanitario que obstruye las ramificaciones de "una administración que no tiene los recursos para hacer frente a esta situación de saturación”, como denuncia Rodríguez-Alarcón. Hay otra dimensión de la que nadie se pronuncia abiertamente, aunque todo el mundo es consciente. La migración es un claro punto de fricción en el seno de la frágil coalición que gobierna España desde el mes pasado. Casualidad o no, Venezuela es la otra "patata caliente". Podemos quiere una política migratoria y de asilo más abierta, mientras que no todo el mundo en el PSOE comparte esta perspectiva. De hecho, su ministro del Interior, el independiente Fernando Grande-Marlaska, tiene un enfoque mucho más duro.
El Ministerio del Interior español aclaró que las modificaciones que se realicen serán en el sentido de trasposición de las directivas de la UE, respecto a la que España acumula retrasos. El problema: el concepto de país seguro forma parte del modelo comunitario. Y algunos analistas temen que algunos de los países latinoamericanos de los que llegan refugiados, precisamente por carecer de situaciones de conflicto tradicional, puedan situarse en esta categoría.
"No se baraja introducir ese concepto”, dijo el portavoz a DW. ¿Y si lo pide la UE? "Entonces es de obligado cumplimiento”. Por ahora se mantiene la incertidumbre. Mientras tanto, las solicitudes de asilo de origen latinoamericano siguen aumentando a un ritmo vertiginoso. La pregunta es cuánto aguantará un sistema ya de por sí desbordado.
(ers)
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