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Nicaragua, la violencia sexual como método de tortura
Un Tribunal de Conciencia creado en Costa Rica acusó al gobierno de Daniel Ortega de los "delitos de tortura, mediante el abuso sexual y la violación" de personas arrestadas tras participar en protestas en 2018.
"Nosotros presenciamos cómo violaban a las chavalas. A unos los ponían de frente y les cortaban tal vez un dedo, los amputaban, les quitaban las uñas o les metían cuestiones dentro del ano (...). Usted podía ver a través del vidrio lo que les estaban haciendo a los chavalos".
Así relató una nicaragüense que brindó testimonio ante un Tribunal de Conciencia que se instaló el pasado martes (08.09.2020) en Costa Rica, para conocer y documentar casos de violencia sexual y crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno sandinista de Daniel Ortega contra jóvenes detenidos entre abril y agosto de 2018, en el marco de las protestas sociales que estallaron en ese país.
La persona, solo identificada como E013 por razones de seguridad, es una de los 18 ciudadanos (10 mujeres y ocho varones) que contaron sus historias a la instancia, creada por la no gubernamental Fundación Arias para la Paz y el Progreso, una ONG formada por el expresidente costarricense y Nobel de la Paz Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010).
El tribunal sesionó en un hotel de San José, aunque la mayoría de sus jurados y peritos asistió de manera virtual. También las víctimas, que no revelaron sus verdaderos nombres por temor a represalias, siguieron la transmisión desde las redes. Sus dramáticos relatos se plasmaron en el informe proyectado en pantallas durante la primera sesión.
Golpeada hasta abortar
"Empezaron a golpearme con los puños y patadas. Me tiraron al piso y me violaron dos de los tres hombres encapuchados.
Mientras unos me violaban el otro me apuntaba con el arma; yo sentía que quería morirme, ellos estuvieron como una hora mientras me abusaban", narró una joven que fue capturada por paramilitares en la vía pública.
Y una tercera víctima recordó: "La única mujer que no fue violada sexualmente fue porque no sabía que estaba embarazada, tuvo un aborto involuntario por los golpes que recibió y en virtud de las hemorragias no se atrevieron a violarla, pero sí la obligaron a ver cómo violaban a su compañera de celda".
Integrado por reconocidos psicólogos, abogados y activistas de derechos humanos como la actriz y pacifista nicaragüense Bianca Jagger, el Tribunal de Conciencia que cerró sesiones el viernes (11.09.2020) recopiló y documentó los delitos de violencia sexual, en su mayoría cometidos dentro de las cárceles del país centroamericano entre el 21 de abril y el 18 de agosto de 2018.
Todos los entrevistados dijeron haber sufrido golpes, torturas o violencia sexual de parte de las fuerzas del gobierno. Doce de ellos fueron vejados en la cárcel El Chipote, en Managua, que organismos humanitarios identifican como un centro de torturas.
Entre los abusos mencionaron golpes a puñetazos, patadas, violaciones sexuales, penetraciones con objetos, quema de los genitales con ácido, fracturas de mandíbula y de nariz, quebraduras de dientes y torturas psicológicas por parte de policías, entre estas privarlos del agua y los alimentos, además de obligarlos a presenciar torturas a otros reos.
La sentencia: delito de tortura
Al concluir sus sesiones tres días después, el tribunal emitió su sentencia: "No hay duda de que el Estado nicaragüense cometió el delito de tortura mediante el abuso sexual y la violación de mujeres y hombres bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país".
Las torturas se cometieron de forma "sistemática por agentes del Estado contra la población civil nicaragüense, constituyendo por tanto un crimen de lesa humanidad", destacó la resolución, que incorpora también denuncias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la represión de 2018 en Nicaragua.
Según la Fundación Arias, tras anunciarse la instalación del tribunal, activistas ligados al gobierno de Ortega iniciaron una campaña de "ataques cibernéticos, amenazas e intimidación" a través de las redes sociales contra esa ONG.
DW solicitó una declaración oficial sobre el tema a la asistente de la vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, pero no hubo ninguna respuesta.
Un acto de justicia simbóli
La Fundación Arias informó que el trabajo del tribunal busca "empoderar" a las víctimas de violaciones de derechos humanos, para darles "un reconocimiento simbólico, individual y colectivo que ayude a su reparación". También espera poder presentar estos casos ante organizaciones internacionales de derechos humanos.
"Este tribunal formado por especialistas representa un acto de justicia simbólica que reafirma el derecho de las miles de víctimas a la verdad y la reparación", dijo a DW Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI).
Agregó que el tribunal "constituye en sí mismo un importante legado que puede servir como cuerpo de evidencia para la continua lucha por la justicia".
El pleno del tribunal estuvo compuesto además por las juristas costarricenses Sonia Picado y Aida Facio; la abogada española Almudena Bernabéu; la psicóloga colombiana Clemencia Correa, y el abogado español Jared Gensier.
Como relator del mismo participó el director de la Fundación Justicia y Género, Rodrigo Jiménez, y el peritaje estuvo a cargo de la exdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Soraya Long, y los nicaragüenses Javier Meléndez y Roberto Samcam, este último un mayor en retiro del Ejército de Nicaragua.
En declaraciones a DW, Samcam dijo que una de las instancias para presentar las denuncias podría ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), siempre que las víctimas estén dispuestas a participar en el proceso.
El exmilitar nicaragüense, quien analizó las operaciones de la cadena de mando policial durante la represión de las protestas, aseguró que en estos delitos "se involucraron directamente altas autoridades, como jefes policiales, funcionarios de gobierno, alcaldes y secretarios políticos del partido Frente Sandinista", quienes a su juicio "tendrán que ser juzgados por crímenes de lesa humanidad".
El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta cívica contra Ortega en Nicaragua, que inició con protestas estudiantiles contra una reforma al seguro social y culminó con acciones de represión estatal que dejaron al menos 328 muertos, varios centenares de detenidos –que la oposición considera "presos políticos"– ymás de 88.000 exiliados, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estrés postraumático
El gobierno, que reconoce 200 fallecidos, acusó a sus adversarios de promover un "fallido golpe de Estado" para desalojarlo del poder, que ostenta desde 2007. Ortega, que ha sido reelegido en dos ocasiones, también había sido presidente de 1985 a 1990, durante la revolución sandinista.
"La práctica de violación sexual en Nicaragua por agentes estatales constituyó tortura", afirmó por su parte la costarricense Soraya Long, exdirectora de la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que tuvo a su cargo el peritaje psicosocial de las víctimas.
Long, quien integró un equipo de cuatro psicólogas y tres abogadas que practicaron exámenes psicológicos a las víctimas, dijo que del
total de afectados, 10 mujeres y dos hombres sufrieron violación sexual, en algunos casos de forma múltiple y simultánea.
Las víctimas presentan hoy síntomas de estrés postraumático que se reflejan en dolencias físicas y otros problemas como depresión e insomnio. Una de las psicólogas que atendió al grupo, y que tampoco quiso ser identificada, advirtió que "la tortura sexual quedó inscrita en sus cuerpos". (chp)