El Salvador: claves para combatir la impunidad

Organizaciones señalan a la Fiscalía salvadoreña de aunar a que la impunidad en el país sea “lo normal”, mientras que los cuerpos de seguridad son acusados de delitos que deberían de combatir.

La poca efectividad del trabajo de la Fiscalía General de la República ( FGR) de El Salvador frente a las estructuras del crimen organizado ha erosionado su credibilidad debido a los altos índices de impunidad acumulados por años, según lo señalado por organizaciones sociales.

Acción Ciudadana es una ONG salvadoreña que ha evaluado a la FGR desde 2013 hasta 2018. "Hemos encontrado una institución con insuficiencia de recursos para combatir la criminalidad, la corrupción y la impunidad”, explica a DW su director ejecutivo, Eduardo Escobar. "Lo que encontramos es una institución con una débil capacidad para la investigación del delito. Esto incide directamente en la capacidad de atención a la demanda de justicia que tiene la sociedad salvadoreña”, afirma Escobar, y agrega que "todavía quedan muchos aspectos que mejorar, como transitar de un modelo basado en la acusación de un testigo hacia un modelo basado en prueba científica”.

Escobar explica que ese era el panorama cuando asumió el actual fiscal general, en 2019, período que aún no ha analizado Acción Ciudadana. Pero aclara que un indicador con el que se puede medir si ha habido mejora con el cambio de titular "es la relación de impunidad directa e impunidad procesal”.

"La diferencia se hace porque, en la impunidad directa, hay casos que pueden llegar a solucionarse por medio de la conciliación, mientras que la impunidad procesal ve los casos depurados que sí continuaron con una investigación”, ilustra Escobar. Entre 2013-2018, en cuanto a impunidad directa, hay cerca del 90%, "es decir que de 10 casos que inició la FGR, solo se tiene condena en uno. En impunidad procesal, el porcentaje de efectividad aumenta a cerca de 20%. Es decir que, de 10 casos judicializados, la Fiscalía obtuvo dos condenas. Ese es un indicador importante porque muestra cuánto logra investigar, cuánto logra fundamentar, cuánto logra acusar”, señaló Escobar.

Cifras de la FGR entregadas a DW indican que, entre el 1 de junio de 2019 y el 2 de junio de 2020, se imputó a 942 elementos de los cuerpos de seguridad ( 783 policías y 159 soldados) por delitos de homicidio, lesiones, amenazas, daños, extorsión, acoso sexual, expresiones de violencia contra las mujeres y limitación ilegal a la libertad de circulación. Datos de la Dirección General de Centros Penales enviados a DW por su Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) muestran que, en el mismo período, hubo 144 imputados (110 policías y 34 soldados) que ingresaron a la cárcel.

"Lo que podemos observar es que solo 15% de los imputados por la Fiscalía están detenidos, eso significaría que 85% de los procesados están siendo juzgados en plena libertad, están detenidos en las bartolinas (calabozos) o tienen alguna otra medida sustitutiva. Lo que habría que preguntarse es si también están en el ejercicio de sus funciones. Eso, técnicamente, es posible. Ahí es donde aplican los controles internos de la PNC y de la FAES porque la Fiscalía los puede dejar en libertad, pero -si ellos han demostrado un comportamiento agresivo- podrían sancionarles con la suspensión”, dice a DW el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Manuel Escalante.

DW solicitó tanto a la PNC como a la FAES información sobre cuántos elementos habían sido expulsados de sus filas tras ser señalados de estos delitos. La FAES contestó a través de su UAIP que "el ordenamiento jurídico militar no prevé dar de baja por el cometimiento de los delitos descritos” y añadió que "en caso de existir una causal ligada al cometimiento de un ilícito penal, debe prevalecer el proceso penal para luego diligenciar el administrativo por lo que únicamente podría realizarse un proceso de baja a personal condenado: de igual forma al ser un procedimiento administrativo, se tratan de establecer causales ligadas a faltas administrativas y no de carácter penal”. Por su parte, la PNC no dio respuesta.

En otra nota enviada por la UAIP de la Fiscalía a DW se aclara que "los datos estadísticos se brindan de manera general, es decir, no es posible determinar si los delitos han sido cometidos en el ejercicio de sus funciones, ya que no se cuenta con ese nivel de detalle de forma automatizada en nuestro sistema institucional, lo cual no afecta las investigaciones en casos concretos”.

Escobar subraya que "si se le está apostando, en realidad, al combate de la criminalidad en general, no hay que dejar de lado el fortalecimiento de la Fiscalía porque, de lo contrario, lo que va a significar es que la ciudadanía le comience a perder todavía más la confianza a la FGR y por lo tanto las personas no acudan a denunciar los delitos porque van a estar con la idea de que de nada sirve”.

En tanto, Escalante analiza que "aquí el problema no es si es grande o si es pequeño, sino que existe. ¿Qué va a hacer el Gobierno para erradicarlo? Porque este no es un problema de la Fiscalía ni de los jueces, es un problema de la policía".