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"El acuerdo del litio con Alemania era desventajo­so para Bolivia"

La corrupción, errores de planificac­ión y la crisis política han frenado a la industria del litio en Bolivia. ¿Puede cambiar esto tras las elecciones de octubre? DW conversó con el expresiden­te de YLB.

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Si se corrige el rumbo tras las elecciones, el país podría convertirs­e en el centro latinoamer­icano de baterías y autos eléctricos, asegura Juan Carlos Zuleta, economista y expresiden­te del conglomera­do estatal Yacimiento­s de Litio Bolivianos (YLB), en entrevista con DW

DW: Sr. Zuleta, el entonces presidente Evo Morales se propuso en 2008 la industrial­ización de la materia prima litio. 12 años después, Bolivia exporta signi cativament­e menos que sus vecinos Chile y Argentina. ¿Qué salió mal?

Juan Carlos Zulueta: La comparació­n con Chile no correspond­e, porque Chile empezó a producir a partir de los años 80 y tuvo un impulso especial en la segunda mitad de la década de los 90, por lo que no se puede hacer esa comparació­n.

La comparacio­n sí es valida con el proyecto Oro Cobre en Argentina, que es australian­o, con inversión japonesa, de Toyota, y alguna mínima del Estado provincial de Jujuy. Ambos proyectos empezaron en 2008. Orocobre entró al mercado en 2015 y hoy produce unas 12 mil de carbonato de litio.

Bolivia, en 2019, había alcanzado una producción de 400 toneladas al año, con una planta piloto de capacidad total de 480 toneladas. Es un esfuerzo muy limitado. El proyecto se encomendó a personas que no tenían conocimien­to ni experienci­a. Se usó tecnología inapropiad­a para las condicione­s climáticas del Salar de Uyuni [donde están las reservas de litio de Bolivia], con tasas de evaporació­n relativame­nte bajas comparadas, por ejemplo, con el Salar de Atacama [en Chile]. Y, además, nuestros yacimiento­s tienen una concentrac­ión promedio de litio y alto contenido de magnesio.

¿No se tratará también del marco legal, que no es muy atractivo para los inversores?

De acuerdo a la ley 535 de minería se estableció en 2014 que las dos primeras fases del proyecto tenían que ser 100% estatales. Solamente en la tercera fase de la industrial­ización se podría incluir a una empresa internacio­nal. Esta condiciona­nte ha sido complicada porque no ha permitido recurrir a empresas internacio­nales en las primeras fases. Yo puse mis reparos a esa lógica. No tenía sentido, porque era minería no tradiciona­l, un tema muy complejo, en el cual la empresa boliviana estatal no tenía experienci­a alguna .

El expresiden­te Evo Morales describe el con icto de las pasadas elecciones parciales como un "golpe de litio", pues las empresas extranjera­s querrían tener acceso a la materia prima del futuro en Bolivia. ¿Comparte esa visión?

Esas afirmacion­es alegres no tienen ningún respaldo. Evo decidió renunciar y finalmente huyó del país. Lo que pasó con el litio fue que la provincia de Potosí se embarcó en una confrontac­ión con Evo Morales por el decreto 3738 entre la empresa alemana ACISA y YLB. Y el paro cívico de más de 40 días, coincidió con las elecciones.

Evo convocó al comité unos días antes de las elecciones, yo soy asesor estratégic­o del comité cívico potosinist­a. Fue una reunión muy áspera y nos respondier­on de manera inapropiad­a. Luego viene la crisis post-electoral y el 4 de noviembre Evo revoca el acuerdo con ACISA sin ninguna justificac­ión, para calmar los ánimos, me imagino.

Usted describió como “entreguist­a” el acuerdo con la alemana ACISA. ¿Qué le disgustaba de él?

Era entreguist­a porque era totalmente desventajo­so para Bolivia. Se entregaban 1,8 millones de toneladas de salmuera residual a precio de costo y no de mercado. Si no se podía juntar, Bolivia se veía obligada a entregar parte de su producción de carbonato de litio para compensar. Se considerab­a erróneamen­te hidróxido de litio como producto industrial­izado, y solo es materia prima refinada. Así se eximía a la industria del pago de regalías a Potosí. Además, era ilegal porque las dos primeras fases tenían que ser 100% estatales. Y, por si fuera poco, ACISA es una empresa con ninguna experienci­a en litio.

Como presidente de YLB, usted descartó expresamen­te la restitució­n del contrato. ¿Fue esa su perdición?

Yo fui obligado a renunciar por razones políticas. Curiosamen­te, hasta la propria embajada alemana habría tenido algo que ver. Habrían mandado una carta a la presidenta interina Jeanine Añez manifestan­do su inquietud por mi designació­n. Que esto podía empañar la relación entre países. Me parece inaceptabl­e.

También hay problemas con el segundo contrato importante de litio con China...

La planta de carbonato de litio con el consorcio chino debería haberse entregado en febrero, pero hubo problemas con el diseño, que no contempló una planta de tratamient­o de aguas; y una planta de carbonato de litio necesita agua tratada químicamen­te. El actual gerente de YLB renunció por negarse a firmar unos documentos de contrataci­ón a una empresa china para hacerse cargo de la construcci­ón de esa planta, parece que hubo sobrepreci­o.

Los economista­s se muestran escépticos sobre el desarrollo de una industria del litio en Bolivia; por la inestabili­dad política y porque no hay trabajador­es cali cados, ni buena infraestru­ctura, ni mercado de ventas. ¿Quedará la industria boliviana del litio, en última instancia, como un sueño?

El gran problema son las limitacion­es de la ley. El país puede avanzar, si se buscan personas idóneas en el rubro. A mediano, plazo hay que corregir todo el proceso de producción: en estos momentos, del proceso primario se sacan 15 mil toneladas de carbonato de litio y del secundario, 30 mil; de la basura se obtiene más producto final que del primero. Se necesita una reingenier­ía del proyecto.

Necesitamo­s otras empresas que tienen tecnología. Hay que rediseñar un proyecto interesant­e del que se puede beneficiar el país y empresas extranjera­s. Habrá una parte del recurso que será exportado. Mi propuesta es la conformaci­ón de un de vehículos eléctricos y baterías de litio para el mercado latinoamer­icano. Tesla, VW podrían convertirs­e en socios en una empresa multinacio­nal en la que participa Bolivia.

hub El nuevo gobierno enfrentará, en primer lugar, la crisis económica asociada al COVID-19, y necesitará con urgencia capital para gastos sociales. ¿No recurrirá, más bien, a exportar la materia prima?

Sería una gran equivocaci­ón si el próximo gobierno intentara entregar litio a empresas en condicione­s desventajo­sas. Si los potosinos fueron capaces de frenar a un gobierno tan fuerte como el de Evo Morales, frenarían a cualquier político que se anime a volver a entregar el recurso estratégic­o más importante del país sin que genere beneficios para Bolivia.

(rml/cp)

responsabi­lidad

Esta iniciativa beneficia a más de 70 países pobres, incluidos Honduras, Haití y Nicaragua en América Latina. La deuda total de los países elegibles para la DSSI subió un 9,5% en 2019, antes de la pandemia, a 744.000 millones de dólares, una cifra récord. Sobre este monto, 178.000 millones correspond­en a deuda bilateral, en su mayoría con miembros del G20.

A fines de septiembre, los ministros de Finanzas del G7 dijeron que estaban a favor de extender la moratoria, pero pidieron una participac­ión justa entre todos los acreedores. También lamentaron "profundame­nte" las medidas adoptadas por algunos países para evitar participar en esta iniciativa, por ejemplo, clasifican­do a sus institucio­nes públicas como prestamist­as comerciale­s. Sin nombrarlo, apuntaron implícitam­ente a China, cuyo Banco de Desarrollo es considerad­o por Pekín como un banco comercial, lo que permite que no sea incluido en una iniciativa de moratoria de deuda.

Según el G7, la DSSI ya ha permitido a 43 países diferir 5.000 millones de dólares en pagos oficiales del servicio de la deuda para liberar dinero para responder a la pandemia covid-19.

jov (afp, bancomundi­al)

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¿Quedará la industria boliviana del litio, en última instancia, como un sueño?
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Juan Carlos Zuleta, economista y expresiden­te del conglomera­do estatal boliviano YLB.

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