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Ambientali­stas hondureños: un premio Sájarov manchado de sangre

En la recta final hacia el Premio Sájarov, el asesinato de uno de los finalistas que defienden el río Guapinol evidencia la vulnerabil­idad de los ambientali­stas en Honduras.

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La edición 2020 del prestigios­o galardón del Parlamento Europeo va un poco más allá y viene manchada de sangre: si se ha secado ya la de la Berta Cáceres, defensora del río Gualcarque asesinada en 2016, la de Arnold Joaquín Morazán, uno de los 32 acusados por defender el río Guapinol, está muy fresca.

A semejanza del caso de Cáceres, Morazán, pequeño agricultor y miembro de una iglesia evangélica, fue asesinado a tiros en su casa. Es el segundo que muere de los 32 acusados por protestar, entre agosto y octubre de 2018, contra una concesión minera en el Parque Natural Carlos Escaleras.

"La comunidad está cercada por militares armados y hay mucha tensión”, explica a DW Leonel George, defensor de derechos humanos de Tocoa, ciudad cercana a Guapinol. "Que haya un grupo armado pagado por la empresa que intimida a los miembros del comité y a sus familiares infunde mucho temor”, subraya.

"Es sumamente preocupant­e la situación de los defensores de la tierra y el medio ambiente en Honduras”, explica a DW Manon Cabaup, especialis­ta de la Federación Internacio­nal de Derechos Humanos.

"Hay un verdadero aumento de la represión y el asesinato de Arnold Joaquín Morazán (y que el autor intelectua­l del asesinato de Berta Cáceres no haya ido aún a juicio), lo ejemplific­a: su criminaliz­ación y la impunidad son las dos caras de la misma moneda”, subraya.

La base del problema son los megaproyec­tos mineros, como en el caso del río Guapinol, o hidroeléct­ricos, como en el caso del río Gualcarque: se llevan a cabo sin consulta previa, violan derechos territoria­les o ambientale­s, afectan a las poblacione­s. Éstas protestan. Son acusadas de terrorismo.

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Las protestas ante la concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras llevó a juicio a 32 activistas.

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