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Bruselas versus Caracas: ¿ruptura total?
¿Qué sigue a la mutua expulsión de embajadoras de la UE y Venezuela? ¿Qué posibilidad hay de revisar las sanciones impuestas a Caracas? ¿Significa esto el fin de la cooperación y la ayuda humanitaria?
Nada deja entrever que vayan a aliviarse las tensiones entre la Unión Europea y Venezuela. En Caracas, la salida de la representante de la diplomacia europea es inminiente. En Bruselas, la embajadora de Venezuela conserva, hasta ahora, solo su cartera como representante ante el Reino de Bélgica y Luxemburgo. ¿Los canales diplomáticos, entonces, se han cerrado al haber declarado personas non gratas, recíprocamente, a las embajadoras de Caracas y de Bruselas? No del todo.
Según explica el Servicio Europeo de Acción Exterior, no se prevé cambiar la política de apoyo al pueblo venezolano, dejando abiertos todos los canales posibles para contribuir a encontrar una solución política y humanitaria, para apoyar a la sociedad civil. Cómo se lleve a cabo, está por verse.
De no haber un cambio en las posiciones, informan fuentes diplomáticas, Caracas podría nombrar un encargado de negocios. Lo mismo se haría en la delegación de la UE en Venezuela, para poder seguir gestionando los proyectos de cooperación y de asistencia humanitaria dentro de las fronteras del país.
“Es una lástima que el gobierno de Nicolás Maduro responda a las sanciones individuales con la expulsión de la embajadora de la UE: va a causar mayor aislamiento para el pueblo venezolano y una dificultad adicional para recibir las ayudas que ha acordado la UE. Ha habido mucho interés por tender la mano en la crisis humanitaria del país”, dice a DW Leopoldo López Gil, eurodiputado del bloque conservador y miembro de la Asamblea EuroLatinoamericana (EuroLat).
¿Ningún acuerdo de ningún tipo?
Con los últimos 19 sancionados, entretanto (desde 2017) son 55 los miembros del gobierno venezolano que ven sus activos congelados en los 27 países de la UE, a donde tampoco se les permite la entrada. Las sanciones “selectivas, reversibles y flexibles se impusieron a responsables de violaciones a los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”, se afirma en la decisión del Consejo Europeo.
“Que sean reversibles implica que están sujetas a revisión, si alguien puede demostrar que es inocente y no ha tenido nada que ver con lo que se le acusa”, sigue López Gil.
En esta caldeada situación, la reciente visita (26.02) de la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, a los proyectos humanitarios instalados en la frontera entre Venezuela y Colombia, encendió más las llamas de la ira en Caracas, que amenaza con una revisión de toda relación con la península. "O rectifican o no habrá nunca un acuerdo, de ningún tipo, ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea", declaraba Nicolás Maduro.
Sanciones en su territorio
La tensión aumenta, “fruto de una política errada por parte de la UE. Si violando el derecho internacional impone sanciones, no puede esperar que no haya consecuencias”, dice a DW Manu Pineda, eurodiputado del bloque de La Izquierda.
Pineda subraya que al Consejo de Seguridad de la ONU le compete imponer sanciones a países terceros; a Bruselas, le compete sancionar a sus Estados miembros. No obstante, desde diciembre de 2020, la UE dispone un régimen de sanciones para poder castigar, en su propio territorio, a responsables de violaciones contra los derechos humanos en cualquier rincón del mundo.
Justamente a mediados de febrero de 2021, la relatora especial de la ONU para medidas coercitivas y derechos humanos pedía que tanto Estados Unidos como la Unión Europea revisen las sanciones por el impacto humanitario de la pandemia.
“Son a título personal para personas que han violado derechos humanos, la Constitución y los derechos civiles y políticos. Decir que por las sanciones norteamericanas y las europeas faltan las medicinas es querer justificarse”, afirma López Gil.
“Por ahora yo creo que las sanciones deben permanecer”, dice López Gil, que en la Eurocámara lleva el tema de Venezuela para el bloque conservador.
“Claro que afectan al pueblo”, contrapone Pineda. “Afectan a miembros del gobierno que tienen una función que no pueden ejercer debido a las sanciones”, agrega. “¿No afecta a los venezolanos que se congelen fondos venezolanos en bancos europeos? Es una asfixia política y económica”, subraya.
¿Venezuela como Cuba?
Lo de las medidas coercitivas recuerda el caso de Cuba. En los veinte años que duró la posición común de la UE -que supeditaba toda relación y acuerdo con La Habana a avances en derechos humanos, los Estados miembros del bloque europeo siguieron manteniendo relaciones económicas y políticas con Cuba. La cooperación y la ayuda humanitaria de Bruselas tampoco dejó de estar presente.
A partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político (noviembre 2017), los diálogos regulares han estado también bajo la presión de las críticas por el respeto a los derechos humanos. También por la cercanía entre La Habana y Venezuela. En la Eurocámara, los mismos que piden suspender el acuerdo con Cuba son los que presionan por más sanciones a Caracas.
Mantener la asistencia al pueblo venezolano
¿Este nuevo dramático capítulo significa el fin de la cooperación? “No es esa la intención”, responde López Gil. “Mucho de esa cooperación está destinada a los países receptores de la migración para vivienda, medicinas y educación para la población que está en Colombia, Ecuador, Perú y Chile”, afirma, recordando las dos conferencias organizadas desde Bruselas para captar asistencia internacional para paliar la crisis migratoria.
Como fuere, desde el otro extremo del espectro político, Pineda relativiza lo de ofrecer asistencia en la crisis migratoria, pero no abogar internacionalmente por levantar sanciones para que ese país pueda vivir de sus recursos.
En cualquier caso, con este vacío diplomático entre Bruselas y Caracas, la situación “sí va a ser más difícil para la asistencia que entra a Venezuela a través de la Cruz Roja o de Cáritas”, concluye López Gil.