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Autogestión ciudadana en Colombia: el Estado tiene que garantizarla, pero los ciudadanos tienen que participar
Las Juntas de Acción Comunal cumplen una labor vital: solucionar problemas locales en campos, pueblos y ciudades. El Estado está obligado a garantizar la participación, pero los ciudadanos deben ejercer sus derechos.
El pasado 18 de diciembre el presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó una reforma que "moderniza” las llamadas Juntas de Acción Comunal (JAC). Se trata de la ley 743 de 2002, más conocida como la Ley de Comunales con la que se busca "actualizar la legislación” y crear una estrategia política en materia de trabajo ciudadano.
"La modernización de los estatutos de las JAC les garantiza el espacio para que participen en la construcción de los planes de desarrollo de los gobiernos de turno”, dice el proyecto. "Ya hace 30 años, la Constitución del 1991 modernizó el escenario democrático en Colombia y fortaleció los mecanismos de participación en las comunidades mismas”, dice a DW Sergio Ruano, profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica de Colombia, quien explica que "el artículo 1 de nuestra Constitución habla de cuál es la naturaleza que tiene el Estado de derecho y su modelo democrático, participativo y pluralista”.
Las Juntas de Acción Comunal son una especie de organizaciones democráticas de base en Colombia que autogestionan los asuntos más acuciantes para su comunidad, barrio o conjunto de viviendas, desde tapar las goteras de un techo hasta el cuidado del espacio público. "Las JAC son producto de las propuestas de la ‘Misión Lebret' del Centro Nacional de la Investigación Científica de París, que en 1958 recomendó promover el desarrollo, la equidad social y económica en Colombia, advirtiendo que urgía un cambio en las estructuras cuasi coloniales de la tenencia de la tierra”, dice en un estudio John Arbeláez Ochoa, de la Fundación Universitaria María Cano. Dicha reforma agraria nunca se llevó a cabo, lo que detonó el conflicto armado en Colombia,
Con esta nueva normativa firmada por Iván Duque, se otorga un papel más activo a los comuneros para el desarrollo de sus comunidades. En concreto, "les permite participar de forma directa en la construcción de los planes de desarrollo de los gobiernos y los presupuestos participativos, actualiza las estructuras para los estatutos de las juntas de acción, y permite la contratación bajo la modalidad de convenios solidarios”, dice el comumicado oficial.
El Pueblo es el soberano
"La soberanía reside en el Pueblo”, destaca el jurista Ruano, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, y agrega: "hay diversas sentencias de la Corte Constitucional que buscan el fortalecimiento este mandato constitucional; la necesidad de la exigencia de intervención de los ciudadanos en algunas actividades que son propias de los gobernantes y, a su vez, el deber que tiene nuestro Estado de evitar la estatización de la democracia”.
Respetar la autogestión de las organizaciones de base y, al tiempo, apoyarlas para que puedan realizar mejor sus tareas se convierte en un acto de equilibrio entre respeto legal y la injerencia estatal. "Esta Ley de Comunales ubica a la Acción Comunal como la organización lista para hacer la transformación del país en la pospandemia”, aseguró ante la prensa Ceferino Mosquera, presidente de la Confederación Nacional de las Juntas de Acción Comunal. Las JAC "para el 2022 tendrán un presupuesto de más de $70.000 millones (de pesos)”, resaltó, por su parte, Daniel Palacios, ministro del Interior de Colombia, en comunicado.
Pero no a todos les parece que el anuncio de millones de pesos para las JAC sea lo más indicado en plena campaña electoral. "Uno de los problemas que tienen las JAC es que también han sido usadas como parte del mecanismo electoral para obtener escaños en los Consejos municipales, por ejemplo. Es indudable que la plataforma ciudadana de las Juntas de Acción Comunal se ha prestado también para el clientelismo en donde, por ejemplo, concejales le han pagado a miembros de una JAC con el fin de recoger votos”, apunta el docente Sergio Ruano. Propone que "una verdadera modernización del modelo democrático se logra fortaleciendo las administraciones locales para que tengan la capacidad de resolver sus problemas más micro del día a día”.
El ciudadano es el motor del cambio
Pero para que la reforma firmada por Iván Duque sea efectiva, también se requiere, considera el constitucionalista, "que la población sea la que reconozca la necesidad de la participación”.
En este aspecto, el jurista pone el ejemplo de los Consejos de Juventud, en los que se ha registrado un "altísimo grado de abstención electoral”. Agrega que "los Consejos de Juventud se crearon precisamente con el fin de reactivar los mecanismos de participación entre los jóvenes de Colombia, pero las últimas elecciones internas demostraron que muchos jóvenes ni presentaron su candidatura ni participaron en la elección”. ¿Cuál es la razón? La respuesta es certera: "La inmensa desconfianza institucional” que, según el analista, se debe a varias cosas: "Una de ellas es la forma cómo se está haciendo política en Colombia, en donde hay una gran cooptación institucional”. Así, una juventud que no participa, no puede canalizar su descontento social expresado en las múltiples protestas.
La propuesta de Sergio Ruano es fundamental: "Fortalecer la institucionalidad, ya partir de esto, que exista la posibilidad de que los mecanismos de participación se conviertan estrictamente en un escenario que garantice eficientemente los derechos de las personas”, tanto en las Juntas de Acción Comunal, en los Consejos de Juventud y en todo espacio de autogestión comunitaria.
(er)