Pacto Verde y extractivismo en América Latina: ¿hay derecho a decir no?

En el territorio que cultiva el activista colombiano Wilder Aguilar se producen plátano, yuca, frijoles, maracuyás. "También cacao. Hemos estudiado y crecido mucho y nuestro cacao de Colombia acaba de ganar el puesto del mejor del mundo, y el precio ha subido. Tenemos también piscicultura. Cuando en enero sube el río Magdalena, trae nicuro, bocachico y bagre", dice a DW Wilder Aguilar. Apoyado por varias organizaciones (Catapa, Oidhaco, FIDH, OMCT), el activista ha presentado en varias ciudades europeas su gran problema. ¿Cuál es? Bajo su territorio hay oro y plata.

"El suelo es nuestro, el subsuelo del Estado. Y hay 13 concesiones mineras en marcha", explica Aguilar. Según información de la prensa local, basada en información de la Agencia Nacional de Minería, en esa región del Tolima están en exploración yacimientos de oro, plata, platino, cobre, asfalto natural, arenas y grava de río. Tres de estas materias primas figuran en la lista de las 17 materias primas críticas que la Unión Europea necesita para la transición energética y cuyo suministro se tiene que asegurar a toda costa.

"La verdad es que la transición verde europea nos preocupa mucho", dice a DW Carolina Monge, del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, también del Tolima colombiano.

"Porque no será solamente la extracción de un metal, vienen muchas otras detrás del litio y el níquel para satisfacer las necesidades de Europa. Las ventajas de esa extracción no se quedan en territorio colombiano. Pero sí pone en peligro a las comunidades y los territorios. Tememos que será más de lo mismo", agrega Monge, que exige también de su gobierno, que llegó con promesas de cambio, más transparencia e información para las comunidades. También exige que se respete "el derecho a decir no".

No es solo Colombia

"¿Qué es exactamente la transición verde y justa?", plantea, por su parte, David Velazco Rondón. También desde Bruselas, compartiendo las mismas preocupaciones de los activistas colombianos, Rondón, director de la organización peruana Fedepaz, califica de "esquizofrénicas" las propuestas actuales de Europa. "Con verde asociamos respeto del ambiente, de la tierra, del agua, del hábitat de muchas comunidades campesinas, muchos pueblos indígenas", dice a DW el director de Fedepaz.

Este abogado, especialista en derechos humanos, puso sobre la mesa en el European Citizens Summit, con apoyo de la Red EuLat, el tema del impacto de la minería en comunidades peruanas. "Pero cuando observamos que aprueban una ley para materias primas críticas, ya no sabemos qué es lo verde ni si va a ser justo. Tememos que consolide el modelo extractivista que tanto daño ambiental y violaciones de derechos humanos ha traído a las comunidades", agrega.

Hay que recordar que, según la organización Global Witness, el 88 por ciento de los asesinatos a defensores medio ambientales ocurren en países de América Latina. A pesar de todo, Wilder Aguilar quiere proteger ese territorio subtropical, en el centrooeste colombiano, a donde la minería llegó apenas hace diez años. Quiere también conservar la pureza de la cascada Jiménez, un imponente salto de agua, localizado en la vereda donde vive.

"Por oponerme a que entre la minería, ya me mataron un hijo", denuncia Aguilar. Según informa la organización Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, la sospecha de la comunidad en cuanto a la autoría intelectual del asesinato de Johan Ferney Aguilar se dirige a una de las empresas interesadas en la explotación de los minerales; a su demanda de información, no ha habido respuesta.

"Aunque la mayoría de la población está en contra, la minera ha regalado camas al hospital y ha patrocinado la fiesta de Santa Ana. Ha comprado al director del hospital y a la alcadía. Somos una región netamente agrícola, no queremos minería. Si se dan todas esas concesiones, de nuestro territorio no quedará nada, solo un desierto. El río Magdalena y las poblaciones se verán afectadas. Si no hay agua, no hay vida. Y tendremos que desplazarnos", sentencia el activista, esperando respuestas y protección de los derechos de su comunidad, también de Europa.

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lanos pues "no podemos con estas cantidades", señaló en la conferencia de prensa matutina.

"No hay duda de que el número de migrantes que transitan de manera irregular por México sobrepasa la capacidad institucional del gobierno mexicano", indica a DW Ariel Ruiz, analista del MPI.

"No solo es la cantidad de migrantes, pero también su composición con más familias y menores de edad en tránsito y que cada vez son de más diversas nacionalidades", dice Ruiz, y señala que el sistema migratorio mexicano, al igual que el sistema estadounidense, "no está diseñado ni para detener a este volumen de migrantes ni para atender sus necesidades de protección".

Ruiz recuerda que tan solo en los dos primeros meses de 2024, cerca de 56.000 migrantes venezolanos han sido detenidos por el Gobierno mexicano. En 2023, se alcanzó la cifra récord de 782.000 migrantes detenidos, de los cuales casi el 30 por ciento procedían de Venezuela, apunta.

"La situación se ha agravado, es evidente, hasta convertirse en una verdadera crisis humanitaria provocada por el mismo Gobierno mexicano", dice a DW Melissa Vértiz, secretaria técnica del

Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM).

En una entrevista con DW, Vértiz acentúa la "pésima gestión migratoria" llevada a cabo en México no solo en el último sexenio, focalizadas en la criminalización de los migrantes y el aumento de la seguridad, en lugar de garantizar su regularización, es decir, de abrirles la posibilidad real de acceder a derechos y servicios.

"Corresponsabilidad regional"

Las políticas migratorias y fronterizas llevadas a cabo por Estados Unidos han tenido "impactos significativos" sobre la situación migratoria en México y en toda la región, constata la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En este sentido, López Obrador pidió a Washington que "invierta 20.000 millones de dólares anuales para el desarrollo de Latinoamérica", entre otras cuestiones, algo que EE. UU. calificó de propuesta "absurda".

En opinión de Vértiz, debe haber una "corresponsabilidad regional", tanto del gobierno de México, como de EE. UU. y de países de origen de migrantes, para que se generen ciertas condiciones y que "el derecho a migrar sea una opción, y no una obligación", sentencia.

Para Ariel Ruiz, del MPI, aunque las propuestas de invertir más recursos en los países latinoamericanos es importante, "estas inversiones no darán resultados en el corto plazo", pues "es un proceso que dura décadas". Mientras, "se requieren programas y políticas que puedan brindar alternativas de corto plazo", señala a DW.

De momento, la Cancillería mexicana no ha informado sobre cuántos venezolanos se han acogido a esta medida desde que fue implantada en el mes de febrero.

(vt)