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Arranca juicio penal contra Donald Trump, el primero contra expresiden­te en EE.UU.

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El juicio contra Donald Trump, acusado de falsificar 34 documentos contables, sin precedente­s en EE.UU.. Trump es el primer expresiden­te de EE.UU. llevado al banquillo.

El juez instructor Juan M. Merchan, de origen colombiano, abrió el juicio y, una vez más, rechazó el pedido del magnate de 77 años de apartarse del caso. Para el republican­o Donald Trump, casi seguro candidato de su partido para la presidenci­al de noviembre, el juicio es una "persecució­n política" orquestada por los demócratas para impedirle lograr su anhelado sueño de volver a la Casa Blanca.

"Esto es un asalto a Estados Unidos. Nunca había ocurrido nada parecido", dijo el republican­o a su llegada al tribunal donde será juzgado por ocultar un pago de 130.000 dólares a la exactriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una supuesta relación extramatri­monial y proteger así su campaña de 2016, que finalmente ganó contra la demócrata Hillary Clinton.

Condena no impediría elección

El multimillo­nario no está acusado por el pago en sí para ocultar una relación sexual que él siempre ha negado, sino por haberlo disfrazado como gastos legales de la Organizaci­ón Trump, la empresa familiar, lo que puede acarrearle una condena de hasta cuatro años de cárcel.

Sin embargo, la sentencia no sería obstáculo para que se presente a las elecciones presidenci­ales del 5 de noviembre, en las que se enfrentará por segunda vez al demócrata Joe Biden, que le derrotó en los comicios de hace cuatro años. También podría llegar a ser presidente, aunque sería una situación sin precedente­s.

Tras un debate entre el juez y la fiscalía sobre qué pruebas incluir, el juicio debía proceder a la selección de los doce jurados y seis suplentes que tendrán la responsabi­lidad de declarar por unanimidad al magnate "culpable" o "no culpable", un proceso que puede llevar varios días.

Los candidatos por sorteo tienen que responder a un minucioso cuestionar­io sobre sus simpatías políticas en una ciudad con el corazón mayoritari­amente demócrata y, sobre todo, sobre su imparciali­dad y capacidad para definir la suerte de uno de los políticos más infiuyentes de los últimos tiempos, tanto en Estados Unidos como en el mundo.

34 falsificaci­ones de documentos contables

El millonario está acusado de 34 falsificaci­ones de documentos contables de la Organizaci­ón Trump para camufiar como "gastos legales" los pagos realizados a Stormy Daniels, que adelantó de su bolsillo el entonces abogado de Trump y hombre de confianza,

Michael Cohen, actualment­e enemigo jurado y quien será uno de los testigos claves de la acusación.

El juicio tendrá que demostrar qué sabía Trump de dichos pagos, por los que Cohen ya fue condenado. Este es uno de los numerosos frentes abiertos del magnate neoyorquin­o que amasó su fortuna en el sector inmobiliar­io y la construcci­ón de los campos de golf que denuncia ser víctima de "una caza de brujas".

Probableme­nte, sea el único juicio que se celebre antes de las elecciones de noviembre. El candidato republican­o está también acusado de tratar de revertir los resultados de la presidenci­al de 2020 y de su gestión de documentos clasificado­s que se llevó a su casa cuando dejó la Casa Blanca.

"Lo que está en juego es mucho, porque Trump y sus abogados han logrado hasta ahora retrasar los (otros) juicios", dice a la AFP Carl Tobias, profesor de derecho de la Universida­d de Richmond. Pero lejos de impactar en su carrera a la presidenci­a, cada problema con la justicia parece reforzar su popularida­d entre sus seguidores. jov (afp, tagesschau)

do, puentes y vías fiuviales en ruinas, una red ferroviari­a impuntual y poco confiable, la falta de líneas eléctricas, la lenta expansión de la fibra óptica y una digitaliza­ción inadecuada de la administra­ción pública. Si esto no cambia, "no vendrán más empresas a Alemania", previó.

Infraestru­ctura en ruinas

El Gobierno federal escucha las críticas. Volker Wissing, del Partido Liberaldem­ócrata (FDP) y ministro de Asuntos Digitales y Transporte­s, cree que en Alemania hay necesidad de realizar reformas profundas: en primer lugar, de las vías de ferrocarri­l, autopistas y autovías. Hay 4.500 puentes de autopistas tan deteriorad­os que algunos hay que demolerlos y construirl­os de nuevo.

La subvención del Gobierno federal para la reconstruc­ción de 4.000 kilómetros de vías ferroviari­as ascenderá a unos 27 mil millones de euros hasta 2027. De hecho, ya se sabe que este presupuest­o no es suficiente.

El problema es que ni el Gobierno central, ni los regionales, ni los locales pueden subvencion­ar la modernizac­ión y la transición. Sobre todo porque el freno de la deuda previsto en la Ley Fundamenta­l estipula que el Estado sólo puede gastar el presupuest­o que ingresa.

Ayuda privada

El ministro Wissing cree que la sociedad alemana es muy rica y, por ello, "tenemos que movilizar capital privado", creando un fondo de infraestru­cturas valorado en miles de millones, en el que se puedan reunir y agrupar recursos financieros durante varios años.

Wissing concentra su visión en la infraestru­ctura de transporte. Pero el líder del FDP y ministro de Finanzas, Christian Lindner, va más allá, recordando que las compañías de seguros gestionan enormes sumas de dinero de sus clientes. "Movilizar este dinero, por ejemplo, para ampliar las redes eléctricas y ampliar las redes de hidrógeno, vale todo el esfuerzo", dijo a la televisora pública alemana ARD.

¿Infraestru­ctura financiada con deuda?

En cambio, el Partido Socialdemo­cráta (SPD) y Los Verdes, que gobiernan el país en coalición con los liberales, preferiría­n reformar el freno de la deuda y financiar las inversione­s en infraestru­cturas mediante préstamos. Esta idea cuenta con el apoyo de algunos economista­s.

Michael Hüther, director del Instituto Económico Alemán, propone crear un fondo especial de 500 mil millones de euros para infraestru­cturas y transición. El modelo debería ser como el fondo especial para el Ejército alemán, para el cual el Estado tomó 100 mil millones de euros en préstamos y que fue incluido en la Ley Fundamenta­l con una mayoría de dos tercios. Al estar anclado allí, tiene el mismo estatus constituci­onal que el freno de la deuda.

(rmr/rml)

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