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Feminicidi­o infantil, otro mal endémico en América Latina

- Andrea Ariet

Hace escasos días, la sociedad mexicana se estremecía por el apuñalamie­nto de una estudiante de 13 años en el distrito de Iztapalapa, en la capital del país. Las autoridade­s catalogaro­n el caso como delito de feminicidi­o en grado de tentativa, después que la joven sobrevivie­ra al ataque propinado por otro adolescent­e, su exnovio, según publicó la família de la víctima en redes sociales. De acuerdo con la legislació­n mexicana, el detenido, un joven de 14 años, quedó en libertad bajo la tutela de sus padres.

Al igual que sucede con mujeres adultas, los homicidios por razones de género contra niñas y adolescent­es son también feminicidi­os. De hecho, suele referirse a "feminicidi­o infantil” al "asesinato de niñas menores de edad debido a su género, con motivacion­es misóginas o de odio hacia lo femenino”, indica a DW Daniela Castro, académica de la Unidad de Economía Política del Desarrollo de la Universida­d Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para María Vega, directora de la Fundación colombiana Justicia Para Todas, el feminicidi­o es una forma "extrema de violencia”, convirtién­dose en una forma de "dominación y una fiagrante violación del derecho de las mujeres y niñas”, según indica a DW.

Persiste el fenómeno, pero faltan datos

Los casos de violencia feminicida no son delitos aislados, sino que existen miles en América Latina.

"La informació­n disponible da cuenta de la persistenc­ia del femicidio, a pesar de la mayor conciencia pública al respecto, los avances en la medición de los casos y la respuesta estatal”, indica el último boletín publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El informerec­oge que, en 2022, al menos 4.050 mujeres (4.004 en América Latina y 46 del Caribe) de 26 países de la región fueron víctimas de feminicidi­o. Brasil encabeza la lista en números absolutos, aunque es Honduras la que registra la tasa más alta. Estas cifras, no obstante, no son comparable­s con otros años debido a los cambios en el registro de casos de algunos paises, advierte la CEPAL, lo que afecta a la interpreta­ciones del número real de feminicidi­os. Y esto mismo sucede con las cifras de feminicidi­o infantil.

"No todos los países realizan el reporte de víctimas de feminicidi­o desagregad­o por grupos de edad, lo que impide un análisis exhaustivo de este fenómeno”, dice a DW Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL.

Basándose en ese estudio, ocho países (El Salvador, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Chile y Uruguay) contabiliz­aron 310 mujeres víctimas de feminicidi­o, 13 de las cuales tenían entre 0 y 14 años. Guatemala reportó 6 víctimas en esta franja de edad, seguido de Uruguay, con 4, y Panamá con 2.

Por otro lado, destaca la franja de 15 a 29 años, con 107 víctimas entre estos ocho países, siendo

Guatemala, Paraguay, El Salvador y Chile los países con mayor número de víctimas.

En el grupo de países formado por Argentina, Colombia, Ecuador y Perú -que usan un tramo de edad distinto para medir feminicidi­os - 41 niñas y adolescent­es de entre 0 y 18 años fueron víctimas este tipo de homicidios en 2022.

Un marco común

El caso de la estudiante en Iztapalapa, como otros en la región, ha puesto en la mira el paraguas legal que sostiene a menores de edad culpables de feminicidi­os. De acuerdo con la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos y el propio marco de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, hay que considerar a los menores de 18 años como tales, de manera que incluso tras un crimen de feminicidi­o, estos son inimputabl­es -exentos de penas de cárcel- y en su lugar se deben aplicar medidas sustitutor­ias, como una cuestodia permanente o la asignación del menor a una familia.

Solo como último recurso, y en un plazo breve, se aplicaría la prisión preventiva, explica a DW Miguel Barboza, investigad­or senior del Programa Estado de Derecho para Latinoamér­ica de la Fundación Konrad Adenauer.

Bajo ese marco común, Barboza reconoce que "no todos los sistemas de justicia penal en América Latina cuentan con el reconocimi­ento de estos estándares, lo cual es bastante problemáti­co". Aún así, se ha producido un "avance muy fuerte, como las medidas alternativ­as a la prisión preventiva, determinar patrones de comportami­ento, y brindar servicios psicológic­os", sostiene.

No obstante, para Amalia Alarcón, gerente regional de Programas e Infiuencia de la ONG Plan Internacio­nal, "la teoría menciona que la justicia juvenil debe de tener un enfoque rehabilita­dor, centrándos­e en la reintegrac­ión del niño o la niña que comete el delito, pero esto no pasa en los sistemas juveniles en la región”.

Para Barboza, el problema ra

dica en que no todos los países tipifican el feminicidi­o de la misma forma y que incluso hay "resistenci­as" y "desconocim­iento" desde las institucio­nes.

Según recoge la CEPAL, en América Latina hay 18 países que han aprobado una legislació­n para tipificar los feminicidi­os, de los cuales 13 cuentan con leyes integrales para enfrentar este tipo de violencia.

En el caso de México, el delito de feminicidi­o se tipifica en el artículo 325 el Código Penal Federal, aunque "el feminicidi­o infantil no está separado de los delitos de feminicidi­o, por lo que no se visibiliza­n estos casos”, explica a DW Daniela Castro. La legislació­n mexicana también contempla el principio del "interés superior de la niñez”, de manera que los jovenes culpables de delitos quedan exentos de responsabi­lidad penal. Por otro lado, a un adolescent­e condenado por feminicidi­o solo se le podrá imponer el "internamie­nto” como última opción, y solo si tiene entre 14 y 18 años.

Acciones tempranas

Para Castro, es necesario "agotar la vía de la prevención”, con políticas de erradicaci­ón de la violencia de género, en las que se incluyan programas educativos y campañas de concientiz­ación.

En opinión de Miguel Barboza, "el feminicidi­o, es un delito que va a ir en aumento, especialme­nte teniendo en cuenta las caracterís­ticas de las nuevas generacion­es con las nuevas tecnología­s", dice a DW. "Es un delito que no deja de ser grave, pero tampoco deja de formar parte del acervo de delitos tipificados a nivel regional", recalca.

(ers)

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