La defensa del juez Alonso cargó contra la Corte de Justicia
En el descargo que presentó, acusa al máximo tribunal de no preocuparse por la Segunda Circunscripción y le endilgó no nombrar personal para atender el aumento de causas.
En el descargo por escrito que hizo ante el Jurado de Enjuiciamiento, Javier Alonso negó haber causado las demoras que lo ponen contra las cuerdas como juez de la Segunda Circunscripción Judicial y sin rodeos, disparó en dirección a la Corte de Justicia. La responsabilizó de los atrasos en las causas que se tramitan en Jáchal por no designar personal para atender el significativo aumento de la litigiosidad y uno de sus abogados directamente atribuyó la situación a la "desidia" que hay en el máximo tribunal. El viernes se conocerá la fecha de inicio del juicio oral y público que podría terminar con la remoción del magistrado.
Alonso es uno de los dos jueces multifueros que tiene la Segunda Circunscripción (el otro fue designado el año pasado), que abarca los departamentos de Jáchal e Iglesia, y el escrito defensivo que presentó revela el eje principal de la estrategia que ensayará en el juicio oral que se llevará a cabo en su contra. Quien habló en nombre del magistrado es Marcelo Fernández, uno de sus abogados defensores (el otro es Franco Montes), quien aseguró que el proceso de destitución contra su cliente es una forma de tapar la “desidia” de más de una década por parte de la Corte de Justicia a la hora de solucionar los problemas que hay en el servicio de Justicia en esa zona de la provincia.
Fernández explicó que en el descargo presentado ante el Jurado de Enjuiciamiento ponen en evidencia la falta de personal. En ese sentido, remarcó que en la Primera Circunscripción (es el resto de la provincia) se nombraron unos 500 funcionarios para poner en marcha el sistema acusatorio y en Jáchal, "ni un empleado". Al mismo tiempo, sostuvo que el juez nunca obtuvo respuesta a sus pedidos de más empleados para compensar el aumento de causas que hubo en los últimos años y agregó que sigue trabajando con 17 agentes. Fernández destacó que tanto en Jáchal como en Iglesia se registró un crecimiento importante a partir del desarrollo de la minería a gran escala y con ello, subió la conflictividad social y, en consecuencia, las causas judiciales. Así todo, remarcó como parte central del descargo defensivo de su cliente, que la Corte “le dio la espalda a Jáchal” y no tomó medidas para dotar de mejoras al juzgado en materia de recursos humanos e infraestructura (el juzgado funciona en el edificio municipal). Alonso quedó en la mira en abril, cuando la Corte de Justicia pidió su destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento. Lo hizo a partir de una auditoría que revela que hay profundas demoras en más de 500 expedientes, muchos de ellos muy sensibles por ser por violencia de género y tener detenidos por distintos hechos. La situación del magistrado se complicó cuando el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani; y el fiscal de Estado, Jorge Alvo, lo acusaron formalmente de morosidad, negligencia, mala conducta e incumplimiento de deberes. El juez fue suspendido preventivamente mientras dura el proceso y a partir de esas acusaciones, deberá comparecer en un juicio oral. El abogado contó que en el escrito advierten que la auditoría contiene información y conclusiones "falsas" porque, entre otras cosas, no tiene en cuenta que muchas causas se demoraron por haber sido apeladas a la Cámara Penal, donde permanecieron entre 6 y 10 meses. Incluso, dijo que en varios expedientes se analizó solamente el primero cuerpo y se concluyó que estaban parados, cuando en realidad había un segundo cuerpo con más medidas que demuestran que no existía tal parate.
Sobre las causas del fuero Civil, afirmó que “es sabido” que son las partes las que deben instar el avance del proceso y aprovechó para descargar artillería contra el otro de sus acusadores, Alvo, quien sostiene que la morosidad detectada poner en peligro las cuentas de la provincia por eventuales reclamos judiciales de los afectados. Fernández aseguró que en las expropiaciones en trámite se notificó el fiscal de Estado y que el funcionario podría haber articulado las acciones que creyera conveniente ante las supuestas demoras y perjuicios y no lo hizo. “En todo caso, fue inactividad propia”, señaló. Fernández citó un caso como ejemplo, con la intención de demostrar que las demoras no son culpa de su defendido. Contó que cuando Alonso asumió como juez (en 2019), se anunció la expropiación de un terreno para construir las nuevas dependencias judiciales y que el intendente Miguel Vega y el asesor letrado del municipio se tomaron 9 meses para presentar el trámite en el juzgado.
Causas de violencia de género
Acerca de las causas de violencia de género, el abogado manifestó que en la presentación que hicieron demuestran que el juez dictó perimetrales para el agresor y allanamientos y que era él mismo el que se encargaba de que esas medidas fueran instrumentadas por la Policía. Por otra parte, señaló que Alonso no tuvo eco frente a los pedidos que hizo a la Corte para capacitar a empleados del juzgado en una tema tan delicado como los atentados contra las mujeres.
Junto al descargo, los defensores de Alonso presentaron un pedido de nulidad que fue rechazado in límine este lunes por los miembros del Jurado de Enjuiciamiento. Con la versión del denunciado y las acusaciones en la mano, los miembros del cuerpo colegiado se volverán a reunir el próximo viernes, para resolver la fecha de inicio del juicio que determinará si el magistrado es culpable y debe ser destituido o si no hay elementos en su contra y corresponde que continúe en el cargo.