La discusión por los aumentos empieza la ruta hacia la Corte
EN 2016, EL MÁXIMO TRIBUNAL FRENÓ LA SUBA DE GAS DECIDIDA POR EL GOBIERNO
Así como sucedió en agosto de 2016, cuando frenó los aumentos dispuestos por el Gobierno, la Corte Suprema de Justicia comienza a trabajar sobre los primeros expedientes que van llegando a raíz de las denuncias por la suba de tarifas de gas.
El primer paso será resolver la competencia de un amparo colectivo que presentó el municipio bonaerense de Leandro N. Alem, radicado en el juzgado federal de Junín, contra el Estado Nacional, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y Camuzzi Gas Pampeana. A ese reclamo se sumó el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), un organismo platense que logró el fallo a favor hace dos años.
Desde el Ministerio de Energía intentaron que las disputas en torno a tarifas se diriman en el fuero contencioso administrativo porteño, pero el juez ju- ninense Héctor Plou mantuvo el caso bajo su órbita, al tiempo que elevó las actuaciones a la Cámara Federal de La Plata para que resuelva la cuestión de competencia.
El máximo tribunal platense, no obstante, decidió enviar el caso a la Corte, adonde llegará en las próximas horas. A partir de allí, los jueces analizarán el caso y deberán resolver qué juzgado se hace cargo. No se tratará de una decisión de fondo, que recién podrá tomar el máximo tribunal una vez que los expedientes completen los pasos de la justicia ordinaria.
En agosto de 2016, recién completada su integración tras la designación de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, la Cor- te obligó a retrotraer los incrementos a los usuarios residenciales y ordenó realizar una audiencia pública.
Una de las causas que, cumplidos los plazos judiciales, podría llegar a la instancia cortesana, es la que se tramita en el juzgado federal de La Plata de Adolfo Ziulu, quien le pidió ayer al Gobierno nacional un informe sobre el último aumento de la tarifa de gas previo a resolver un pedido del Cepis.
Fuentes judiciales informaron que en el marco de un proceso de acción colectiva, cuyos efectos tienen incidencia a todos los residentes del país, el magistrado pidió informes al Ministerio de Energía que brinde detalles del aumento en un plazo no mayor a los tres días.
En su planteo, el Cepis pidió la nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones 300 a 309 del Enargas a través de las cuáles se dispusieron un aumento del 40% en la tarifa del gas. Para la asociación civil, el aumento debe regir desde el 1
El máximo tribunal deberá definir sobre la competencia de dos denuncias contra los aumentos
de mayo y no desde el 1 de abril tal cual se decidió.
“Se encuentran reunidos los requisitos necesarios de viabilidad para una acción de índole colectiva, en razón de la idoneidad de quien los representa y la homogeneidad de las cuestiones individuales de hecho y derecho invocadas”, sostuvo el juez Ziulu en su fallo.
Ziulu le solicitó al Enargas y al Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren, que en tres días elabore un informe sobre la demanda presentada, tras lo cual quedará en condiciones de resolver el planteo: si habilita el aumento o no.