El plan B de los PPP tuvo éxito: interés por los contratos diferidos para el río Salado
Son dos convenios por u$s 500 millones para las obras de dragado en el río. La ejecución debe hacerse a tres años. La firma que difiera más el cobro, tendrá más chances
En búsqueda de herramientas que financien obras de infraestructura en un contexto en el que el Gobierno no quiere erogar fondos del Tesoro, los contratos de Participación Público Privada (PPP) se presentan como la vedette. Pero hay un “Plan B” que parece estar dando buenos resultados.
Mientras varios carteras avanzaban con los PPP, la ahora Secretaria de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior desempolvó la opción contemplada en la ley de obras públicas de los contratos diferidos y, después de 25 años sin uso, salió a licitar obras de la cuenca del Salado por u$s 500 millones.
Esta herramienta hace que el privado aporte el financiamiento en el momento de la ejecución y el Estado difiere el pago del resto en un tiempo establecido post-obra.
Esta semana el secretario de Infraestructura y Política Hídrica Pablo Bereciartua, oficina que depende del ministro Rogelio Frigerio, abrió los sobres de las seis ofertas que se presentaron para el cuarto tramo de las obras en el Río Salado bajo este modelo de pago diferido.
“Esta licitación es muy significativa no solo por el monto de la inversión sino también por el hecho inédito de recurrir al pago diferido del contrato. La cantidad de ofertas presentadas demuestra el interés de los inversores por el plan de infraestructura que está llevando a cabo el Gobierno”, explicó Bereciartua a El Cronista.
Según la documentación a la que pudo acceder este diario, se presentaron seis Uniones Transitorias de Empresas (UTE) para los tramos tres y cuatro del Salado.
Con un presupuesto total establecido en $ 8241 millones, la única que se pasó en su oferta fue el consorcio conformado por José Cartellone y la australiana Jan de Nul N.V. Ofertaron poco más de $ 9000 millones. La que quedó más cerca fue Sacde (ex IECSA) junto a la compañía de los Países Bajos Van Oord con $ 7797, seguida de la UTE de las locales Dragados y Obras Portuarias (DYOPSA) y Supercemento ($ 7110 millones). Las otras 3 ofertas son de Pentamar más la china Communications Construction Company Limited sucursal argentina ($ 6496 millones); Helport junto a José Chediack y Sabavisa ($ 6334 millones) y por último Benito Roggio e Hijos junto a Eleprint y Ecodyma Empresa Constructura ($ 6046 millones).
El punto fundamental que determinará quién se queda con la obra del Salado no necesariamente será el monto. En
En Gobierno observan el pago diferido como la solución a los sobreprecios que auguran los PPP
La empresa que más difiera en el tiempo el pago tendrá más posibilidades de ganar el contrato
los pliegos se estableció que las empresas tenían que diferir como mínimo el 50% de la obra y que se les pagará la tasa Badlar más 4%. En ese contexto, quien más difiera es quien más posibilidades tiene de ganar.
Los plazos establecidos son tres años de ejecución y el pago diferido es a cuatro años. Es decir, una vez terminada la obra que el privado financió, el Estado cuenta con cuatro años de plazo para cancelar lo acordado.