La modestia del pacto tarifario obligará al Gobierno a dar más respuestas políticas

Por el momento, la discusión sobre la adecuación tarifaria que aceptó hacer la Casa Rosada está en el plano financiero, no económico. El Gobierno y sus aliados estuvieron de acuerdo en mantener el precio al que se factura el gas y la electricidad, y convinieron en habilitar el pago en cuotas en los meses donde cae el consumo, una posibilidad que de hecho ya estudiaba el Enargas (pero solo por el 25% de la factura), como publicó en su momento El Cronista. Eso significa que el monto total que percibirán será el mismo, pero en un período diferente de tiempo.

Para la Nación, que tiene una espalda mayor, se- rá un tema que tendrán que resolver la AFIP y el Ministerio de Finanzas, ya que habrá menos ingresos por los impuestos que vienen en la mochila de las tarifas, y eso obligará a ajustar las colocaciones de deudas de corto plazo.

Para las provincias el efecto es similar, pero el margen para administrarlo es menor. Los gobernadores también aplican impuestos sobre el costo de la luz y el gas, encareciendo aún más lo que pagan los usuarios. Ninguno de los mandatarios que se queja de la tarifa propuso bajar las cargas que le cobra a sus coprovincianos, porque sabe que la manta corta lo obligaría a buscar recursos en otro lado. Además, el Ejecutivo les pedirá que compartan el costo de aplicar una tarifa social más extendida. Algunas podrán hacerlo, otras no. El Gobierno sabe que más allá del Consenso Fiscal, la mayoría de los distritos hoy están más líquidos. Según la Fundación Mediterránea, recaudaron en el primer trimestre 35% más que en 2017, casi 8 puntos por encima de la inflación.

A la Casa Rosada le hicieron una jugada política (encabezada por sus aliados, que quieren ganar relevancia de cara al futuro). Lo que debe hacer ahora es responderla, pero no como la racionalidad de un CEO sino con la picardía a la que apelan sus oponentes. Plata ya se aseguró que no va a perder.