Avanza la idea de traspasar Aysa a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires
Por decreto, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, abrió la posibilidad a agentes estatales a dejar su empleo a cambio de un plan de pagos, mediante retiros voluntarios. “Va en línea con lo pedido por Nación”, indicaron fuentes ejecutivas provinciales.
Podrán adherirse los empleados públicos bonaerense de planta permanente con más de dos años de antigüedad y menos de 24 años en la función pública, pero no policías ni agentes penitenciarios. El decreto 465 establece en su artículo primero que “todos los agentes que revisten en las Plantas Permanentes con Estabilidad del Poder Ejecutivo Provincial, Organismos de la Administración Centralizada, Desconcentrada y Descentralizada, con las excepciones indicadas en el artículo siguiente, podrán optar por el régimen de retiro voluntario”.
En el artículo tres se establece que podrán optar por el retiro voluntario aquellos que registren “una antigüedad de 2 años o más e inferior a los 24 años en la administración pública y le faltaren más de 5 años para acceder a un beneficio jubilatorio”.
También se consigna que “la administración podrá denegar la solicitud cuando, a su juicio, el retiro del agente afectare el regular funcionamiento del área o el sector en que se desempeñe”. El mismo artículo dicta que “el plazo para adherir al Programa de Retiro será de seis meses contados a partir la entrada en vigencia del decreto”; aunque el Ejecutivo se reserva el derecho de prorrogar ese plazo por seis meses más. El pago convenido en el retiro se efectuará mediante un sistema de un abono inicial en el momento de la baja y “cuotas mensuales, iguales y consecutivas”.
Luego que se conociera la firma del decreto de retiros voluntarios para los agentes del Estado provincial, desde ATE provincia de Buenos Aires consideraron que la decisión “es una manifestación más del ajuste feroz que se está desatando sobre la clase trabajadora”
Oscar de Isasi, secretario general de ATE y la CTA Autónoma bonaerense, señaló: “Este decreto debe enmarcarse en una sucesión de decisiones que perjudican a los trabajadores del Estado”.