Un fiscal dictaminó contra la retroactividad de la movilidad
El fiscal Gabriel de Vedia firmó cinco dictámenes a favor de medidas cautelares por la inconstitucionalidad de las cláusulas de la reforma previsional que impusieron la retroactividad de la fórmula de actualización de las jubilaciones. Para el representante del Ministerio Público, los aumentos de las jubilaciones, las pensiones y la Asignación Universal por Hijo deberán ser revisados para determinar si fueron inferiores a los establecidos por la Ley de Movilidad Jubilatoria, sancionada en 2009.
De Vedia indicó en los dictámenes presentados en distintos juzgados que los aumentos de marzo debieron calcularse con la anterior fórmula, que hubiera llegado a una suba de las jubilaciones del 14,5%, en lugar del 5,71% otorgado a su juicio, de manera inconstitucional.
Tras el dictamen del fiscal, deberá ser la Justicia Federal de la Seguridad Social la que resuelva los distintos trámites.
La ley 27.426, vigente desde el 29 de diciembre de 2017, retrotrajo su aplicación a julio del mismo año, momento durante el cual regía la Ley 26.417, que establecía otra fórmula para el cálculo de la movilidad jubilatoria. De Vedia declaró que era la ley más beneficiosa, por lo que correspondía aplicarla.
Por el cambio legal, la fórmula para calcular los aumentos dejó de estar sujeta al aumento de los salarios y de la recaudación, y pasó a calcularse por una combinación de la inflación y, los salarios. En concreto, la suba de 5,71% correspondió a la evolución del 70% de inflación y 30% de los salarios del tercer trimestre de 2017.
En los primeros días de junio, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social falló a favor de un jubilado al sostener que en el cálculo para los haberes de marzo, la denominada cláusula de anclaje estuvo mal aplicada.