El arte de administrar tarifas, con disimulo y sin ofender a las partes
No tendrá el heroísmo del proyecto de Martín Luther King, líder de un movimiento libertario, pero Javier Iguacel también tiene un sueño: que en cinco años Argentina duplique la producción de petróleo y gas y exporte a razón de u$s 15.000 millones por año. Claro que para alcanzar esa meta antes hay que transitar un camino vidrioso, con ajustes tarifarios que se perciben tan difíciles de digerir como de evitar inversores sensibles.
Los responsables de una energética norteamericana con fuerte presencia en la generación eléctrica se entusiasmaron con el respaldo internacional que consiguió Mauricio Macri y su política de déficit 0.
Su líder local no comparte el optimismo. Con un termómetro mejor calibrado para detectar conflictos se preguntaba si “habrá tolerancia al ajuste”, justo antes de la judicialización de la última suba del gas.
Mientras, el Gobierno intenta administrar precios sin que se note la intervención directa del Estado en algunos capítulos ni asustar a inversores que amenazan todo el tiempo con dejar de producir si no se los contenta. Tarea improbable.
La nafta es un buen ejemplo. Iguacel opina en público que es relativamente barata si se la confronta con valores vigentes en la región o con alimentos como el agua mineral. Pero, al mismo tiempo, tiene bien presente que hasta marzo ese negocio operó con márgenes brutos que duplicaban los internacionales y pretende que esto no vuelva a ocurrir.
Para contener el precio de los combustibles piensa aplicar “precios indicativos”, referencia de valores calculados en base a márgenes menos exagerados para la industria. “Será como poner el elefante sobre la mesa”, se entusiasma el secretario, apostando a que esa explicitación oficiará de límite para que las empresas no remarquen muy por encima.
El precio del crudo y del dólar, dos variables decisivas para el valor de los combustibles, no están bajo su dominio. Pero sí lo está la determinación de que el petróleo cueste adentro lo mismo que afuera y que ya no volverá el “barril criollo”, que le garantizaba a las petroleras un precio por encima del internacional para alentarlos a producir. Si impera el mercado, las empresas tendrán que jugársela, pareciera ser el principio.
El secretario bajo la órbita de Nicolás Dujovne también sostiene que cuando el petróleo se abarate afuera, el barril y las naftas también serán más baratas adentro, idea fuerza que sostiene con una candidez casi enternecedora. De no ser así, la importación pondría un límite al precio local. Aunque las restricciones de la infraestructura para comprar carburante y distribuirlo tornan utópica a esta herramienta disciplinadora.
Aquí el as en la manga: promover la aparición de otros actores en el mercado, reactivando el GNC para autos o permitiendo a los productores de biocombustibles hacer cortes con etanol. Menú variado para una idea osada.
Otro ejemplo de los malabares oficiales son las recientes decisiones para el ajuste estacional del gas, que muestran cuán difícil es complacer en simultáneo a Dios (los usuarios) y al Diablo (las empresas). Está previsto que el margen de distribución y transporte se ajuste por el índice de precios mayorista. Su aplicación literal hubiera implicado un aumento que casi duplica al resuelto por este concepto para las tarifas que regirán desde este mes, pero el Enargas decidió combinarlo con otros indicadores, como el de variación salarial, mucho más bajo, y así atenuó el ajuste.
La medida tuvo tan poca prensa como otra, que conjuga una reverencia al Supremo (consumidores), luego de un guiño a Lucifer (productoras). El precio del gas boca de pozo –no regulado formalmente y que representa alrededor de la mitad de las facturas— está en dólares y subió en pesos producto de la devaluación. Esto alteró los contratos de provisión firmados entre productoras y distribuidoras, sobre la base de $ 20 por dólar.
El mayor costo cambiario implicó una diferencia millonaria que, luego de una ardua negociación entre funcionarios y empresarios del rubro, se decidió transferir a los usuarios “sólo parcialmente”, a decir de una fuente oficial. Así surgió una deuda en pesos, a pagar en veinticuatro cuotas y ajustable según la tasa pasiva del Nación: el cargo hoy resistido.
Presuntamente, las productoras de gas estarían resignando una parte de sus acreencias, ya que terminarán de cobrar en dos años y con un ajuste menor al IPC el precio pleno del gas, haciendo un aporte a una solución que los reguladores consideran “salomónica”. Sus espaldas son fornidas.
El detalle, casi tan desapercibido como ese supuesto sacrificio compartido, es la base de los cálculos. Doña Rosa pagará u$s 3,9 el millón de BTU, por debajo del valor promedio que correspondería si no se hubiese desmantelado el sendero fijado en los albores del macrismo. Pero bastante por encima de lo que pagaron los domicilios en los últimos años.
Con conmisceración hacia los usuarios, Energía también trabaja en el diseño de una tarifa plana que permita diferir para el verano el pago de una parte del gas consumido en el invierno. Pero no sobre una estimación sino sobre lo que efectivamente gastó el cliente. Prolijidad de un ingeniero en petróleo con sentido social y sueños, disparadores de proyectos políticos.