“No volvamos a tirarnos un tiro en los pies”

“Hay una premisa falaz en el tema del aumento del gas. Se cree que esto es una conspiración contra el usuario de las empresas con un gobierno ausente. Falso, aquí pierde el usuario porque, en el traumático reacomodamiento posdevaluatorio, su salario se retrasa respecto a otros aumentos. Sobretodo la clase media. Hay 1.800.000 usuarios protegidos por una tarifa social y el gas consumido en estos meses no tiene ningún costo al estar subsidiado.

Pero también pierden las empresas reguladas de transporte y distribución que tenían que recibir un ajuste en pesos por el índice IPIM que daba más de un 30%, y el Enargas -que está reinstitucionalizado como organismo profesional y autárquico- usó otro índice en función de la emergencia y le bajó el aumento más de un 10%. ¿Y las empresas productoras? Ellas tenían un contrato que les aseguraba un precio que en octubre iba a ser de un máximo de u$s 5,20 el MMBTU y en las audiencias públicas se terminó convalidando un precio de u$s 3,9 el MMBTU. Un 25% de rebaja en dólares que favorece al consumo residencial en el próximo semestre. Ahora bien, también con las famosas 24 cuotas todos perdían. Primero, las productoras tenían que recibir u$s 4,68 el MMBTU, al tipo de cambio del momento de la facturación. Se factura con 75 días de diferimiento. Las facturas por el gas que iban acumulando las distribuidoras tenían este nuevo precio del dólar pero no se trasladaron a los usuarios porque se esperó la recomposición de octubre para repartir cargas. La ley establece que esa deuda debe pagarse en el próximo semestre. La deuda por esa diferencia cambiaria es de unos $ 20.000 millones. Lo que había transcendido es que de ese monto sólo se iba a trasladar al usuario $ 10.000 millones, y en vez de seis cuotas, serían 24, ajustadas a una tasa de interés que siempre ha estado por debajo de la inflación. Es decir, la inflación iba a licuar las cuotas. ¿Quién pierde? Pierden sobretodo los productores que tenían un crédito a cobrar y por la emergencia y la intervención de la política pública lo van a cobrar en cuotas y con un interés que no recupera la inflación.

La explicación técnica de que todos han perdido en la cadena de valor del gas está clara. La política puede analizar alternativas en función del costo social. Pero la política también debe dejar de usas la posverdad para estructurar relatos falsos. Si destruimos las señales de precios del gas para hacer populismo energético (ya lo hicimos la década pasada) volvemos a importar gas. ¿A qué precio importamos? A Bolivia ahora le tenemos que pagar u$s 7 el MMBTU y a los barcos, entre u$s 11 y u$s 12. Hay que preguntarle al presidente Evo Morales si nos vendería gas en pesos argentinos. Hay que preguntarle al ex ministro Axel Kicillof por qué los planes gas plus de su gestión establecían precios de gas en pesos pasados al dólar del momento de la facturación. Si a los precios internacionales le cerramos la puerta se nos meten por la ventana vía importación. Hoy tenemos la oportunidad de que las familias compren un gas de producción interna de u$s 3,9 dólares el MMBTU. Sostener eso precios competitivos requieren mucha inversión. No volvamos a tirarnos un tiro en los pies”.