Maniobrando entre el desequilibrio fiscal, el Fondo y las inversiones
Apenas cuatro meses y medio después del veto presidencial a la Ley que había frenado los aumentos tarifarios de principios de año, y con un nuevo ministro de Energía cuyo rol ha sido desde que desembarcó en la gestión, la difícil tarea de desagiar contratos dolarizados frente a un salto no controlado del dólar y una aceleración en la tasa de inflación, las tarifas volvieron a la tapa de los diarios.
Su tarea consistió en buscar un cuadro tarifario “socialmente viable” pero que en simultáneo sostenga las señales a la inversión en el sector y limite los costos presupuestarios de los subsidios en función del ajuste fiscal comprometido con el FMI. Tarea para Mandrake, más que para un ministro, en un contexto donde la crisis cambiaria se agravó y donde el peso de las tarifas en los presupuestos familiares y en los costos de las empresas empiezan a ser cada vez más relevantes.
Tomando, los datos de nuestro relevamiento de precios, partiendo de un índice que arranca en diciembre de 2001, a septiembre 2018 la factura promedio de Gas y Electricidad en el AMBA acumulaban subas de 3800% y 3100% frente a aumentos en los salarios del sector formal y en el nivel general de precios de 3400% y 2800% respectivamente. Parados a fines de 2015 y contrastando también contra fines de 2001, los aumentos eran 534%, 86%, 1700% y 1100% respectivamente.
Es cierto que la dinámica de los precios globales de la energía justifica que los aumentos vayan por encima del resto de los precios de la economía (en 2001 el barril de petróleo valía u$s 12, hoy vale u$s 74 el WTI), pero también es cierto que, partiendo de una distorsión grosera al arranque de la gestión actual, volver como se hizo a los marcos regulatorios de los ‘90 no era consistente. Mucho menos fijar una recomposición del precio del gas en función del costo marginal de importación para toda la oferta y bien por encima del precio de referencia del Gas (Henry Hubb que hoy cotiza a u$s 3 el millón de BTU). Sobre esto escribimos en abril de 2016 en un informe del Estudio titulado “Vecinos subsidiando petroleras… no es Pro” en donde cuestionábamos la forma y la distribución de los de estos aumentos entre la hoja de balance de las empresas y la cuenta de subsidios energéticos (dos terceras partes de los subsidios que pagaba la Nación) y los riesgos de volver a indexar al dólar los contratos.
Ese manejo de la política energética, no sólo dilató la corrección fiscal ya que aumentó la carga de subsidios al duplicar el costo en dólares de generación eléctrica y distribuyó el aumento en el precio a toda la oferta y no sólo a la que recibía subsidios a través del Plan Gas, sino que además generó incentivos encontrados a la nueva oferta. Sobre todo, a partir de los cambios al Plan Gas donde se subsidiaron sólo los nuevos yacimientos favoreciendo a algunas empresas en detrimento de otras que ya habían hundido capital en tight y sale gas (entre ellasypf).
Los aumentos en las facturas consistentes con los cuadros tarifarios definidos al arranque de la actual gestión implicaban con un dólar de $37 una duplicación de las facturas de gas y electricidad a partir de este mes que se montaba por sobre las subas mencionadas en el párrafo anterior, lo cual se tornaba inviable políticamente.
Vale recordar que la Ley que frenaba los aumentos en las facturas de gas y electricidad se sancionó a fines de mayo cuando el dólar todavía valía $25 (el debate arrancó a principios de abril cuando el dólar valía $20) y cuando aún estaban vigentes los compromisos firmados por el ministro de Energía anterior que imponían un sendero creciente en el precio del Gas en dólares (u$s 3,8 en octubre 2017, u$s 4,3 en abril 2018, u$s 4,8 en octubre 2018, u$s 5,3 en abril 2019 y u$s 5,8 en octubre 2019 el millón de BTU) y uno decreciente de los subsidios a la tarifa eléctrica con costos de generación dolarizados (la tarifa de Gas que pagaba Cammesa ascendió desde que arrancó la gestión actual a u$s 5,5 el millón de BTU). Y cuando además, los otros dos componentes de las facturas antes de impuestos, el transporte y la distribución, también estaban indexados a los precios mayoristas en el caso del Gas, y a una polinómica que incluye salarios, precios minoristas y precios mayoristas en el caso de la Electricidad.
La redefinición de las facturas del nuevo Ministro incluyó dos estadios. Por un lado, frente al salto del dólar, las distribuidoras gas que son las que emiten la factura que incluye los tres componentes antes de impuestos: transporte, distribución y el precio del Gas, mantuvieron por decisión del Gobierno Nacional el precio en dólares del Gas vigente en el sendero a partir de abril pasado, pero con un dólar de $20, generándose una deuda a favor de las petroleras. Deuda que según resolución del Ministerio de la semana pasada iba a ser pagada en 24 cuotas por los usuarios a partir de 2019, y que ahora sería consolidada a través de un bono del Tesoro por u$s 350 millones.
Por otro lado, se desagiaron los contratos hacia adelante, desdoblando el aumento fijado del precio del transporte y la distribución (la segunda parte se pagaría en cuotas a partir de 2019) y se bajó casi u$s 1 el precio del millón de BTU respecto al precio fijado a partir de octubre a partir de las licitaciones donde jugó fuerte la nueva oferta que cobra un subsidio diferencial por sobre el precio que paga la demanda. El mismo juego se hizo con el precio que paga Cammesa donde al menos por el verano se bajó el precio de u$s 5,5 a u$s 3,7 el millón de BTU. Con esto la factura de Gas subiría en promedio 35% en octubre en lugar del 110% contractual, aunque parte de la diferencia en transporte y distribución se pagaría en cuotas a partir de 2019, tal cual se hizo con los dos componentes de la factura eléctrica.
La herencia era muy complicada, y el manejo voluntarista de manejar la política energética sin tener en cuenta la consistencia macroeconómica de las correcciones terminó agravando la situación. Maniobrar entre la viabilidad política, las señales a la inversión y la corrección fiscal comprometida con el FMI no es fácil, lo que no resulta intuitivo es la escalada que provocó una resolución cuyo impacto se iba a reflejar en las facturas recién en 2019. Hubo una falla en la comunicación del Gobierno hacia la política y hacia la sociedad. Queda por ver cómo se van a manejar los ajustes pendientes en un contexto donde el margen del Gobierno para compensar con más deuda los desfasajes es muy acotado.