La Legislatura porteña votó multas de hasta $ 200.000 para choferes de Uber
Su bloque legislativo aprobó multarlos hasta por $ 200.000 y retenerles el registro para desalentar su vinculación con la plataforma, que hoy opera en la ilegalidad
ADEMÁS, SANCIONARÁN A MICROS CON MANIFESTANTES
Con el explícito apoyo del sindicato de taxistas, tanto en la calle como en el interior del recinto, la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves una serie de modificaciones al Código de Tránsito y Transporte que busca elevar las sanciones contra los choferes que se contratan mediante aplicaciones no habilitadas por el Ejecutivo porteño, como es el caso de Uber, a la vez que elevó las penas contra los conductores de transporte de carga o de pasajeros que circulen trayendo manifestantes al centro de la urbe.
Con 37 votos, 34 de ellos del oficialismo contenido en Vamos Juntos, el cuerpo aprobó modificaciones al capítulo que regula el servicio de taxis para incorporar la vinculación de pasajeros con choferes de taxi mediante aplicaciones “autorizadas por el Gobierno” o bien a través de la aplicación oficial “BA Taxi”. En adelante, cualquier chofer estará obligado a suscribirse estas aplicaciones.
El proyecto estipula que los agentes viales podrán, por un lado, retener la licencia de manejo a quien “preste un servicio de transporte de pasajeros sin el permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción que la normativa aplicable requiera, sin perjuicio de la sanción pertinente”, y a la vez multas económicas de hasta $ 200.000 e inhabilitación de hasta cinco años sin manejar para el “titular o responsable de un vehículo que transporte pasajeros y que lo explote sin la autorización y/o habilitación para prestar el servicio establecida por la normativa vigente”.
Cruces en el recinto
El referente de la bancada de Unidad Ciudadana, Carlos Tomada, acusó al macrismo de “envenenarnos con la uberización de la economía”, la flexibilización del mercado laboral y “el verso del emprendedurismo”. El legislador opinó que “el problema no se arregla cortando el hilo por lo más delgado” y criticó la decisión de penar a los choferes, muchos de ellos gente que ha perdido su empleo o se contrata con la empresa norteamericana para lograr un ingreso adicional.
“Este debate tiene directa relación con el modelo económico imperante, que reduce el empleo, el salario, y empuja a la desesperación de miles de personas”, analizó el ex ministro de Trabajo de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
El diputado Fernando Vilardo, del monobloque que responde al dirigente de izquierda Luis Zamora, coincidió en que el proyecto del oficialismo “no hace nada contra Uber y solo penaliza a los choferes”. Vilardo y otros tantos diputados fueron abucheados por referentes del sindicato de Taxis, con quien el macrismo, primero, y el larretismo, después, basó una de sus alianzas estratégicas de gobernabilidad.
Por la bancada del semioficialista bloque Evolución, del diputado nacional Martín Lousteau, el legislador Marcelo Guouman -autor de una iniciativa para habilitar a Uber- opinó que “es excesivo el monto de las multas y el poder que se da a los agentes de tránsito” para actuar en la vía pública, y sugirió que “el Estado se pone contra la libertad de las personas de acordar”, a la vez que “se pretende convertir en delincuente a un chofer, que no lo es”.
La diputada oficialista Cristina García, autora de la iniciativa, defendió al cierre del debate el proyecto y aseveró que “la sanción que se está buscando (imponer a los choferes de Uber) es para que se genere el cambio de conducta y ya no brinden un servicio para el cual no están habilitados y que puede llevar a poner en riesgo a la gente en el espacio publico”.
Al aire por Radio Nacional, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, justificó las sanciones contra los conductores de la app y no sobre la plataforma porque, interpretó, “no hay relación laboral entre Uber y los choferes”, y sentenció: “Quien comete el acto ilegal es el que está manejando; no deja de ser ilegal quien maneja”.
En la misma norma, la Legislatura aprobó que se sancione a los choferes de micros escolares y otros rodados de gran porte que movilicen a manifestantes.
La misma ley prevé multas contra micros escolares contratados por manifestantes para llegar al centro porteño