Estado pobre con deudas a favor de energéticas ricas
Aun año vista cualquier especulación acerca de quién será el sucesor de Mauricio Macri, incluyéndolo a él mismo, deviene en fantasía. Lo real y computable es que sea quien fuere el próximo habitante de la Casa Rosada tendrá que honrar deudas abultadas en moneda dura a favor de un heterogéneo núcleo de empresas energéticas.
El Gobierno modificó el programa financiero para el año próximo para cubrir un mayor vencimiento de Letes y destinar 600 millones de dólares a una deuda remanente por el Plan Gas, que empezará a pagarse en cuotas a partir de enero.
Este retoque que hizo Hacienda, añadido los últimos días de septiembre al proyecto de ley de Presupuesto, debe haber relajado las vísceras de los ejecutivos de un núcleo de petroleras lideradas por YPF, PAE y Total, que en conjunto tienen un saldo a favor por aquel programa de 1583 millones de dólares. La incógnita ahora se ciñe a qué certeza tendrán de cobrar u$s 1000 millones restantes.
Otro paquete de obligaciones que impactará en futuros ejercicios, empezando por el del año eleccionario, se genera por la garantía de un precio sostén para Vaca Muerta, que el Estado hoy no está en condiciones de afrontar íntegramente. Para no vulnerar el derecho adquirido por las productoras de gas no convencional, que empezaron a invertir con ese anzuelo, una porción de este subsidio por la producción ya puesta en el sistema podría diferirse a partir del último trimestre del año próximo.
Como el precio del gas está dolarizado, los compromisos también se asumen en esta moneda. Su monto definitivo depende en parte de la letra fina de acuerdos que funcionarios y productores reformulan por estos días de discusiones casi permanentes. En cualquier caso, son varios cientos de millones por proyectos en ejecución y otros a motorizar en breve.
El Estado también asumió como propia una deuda a favor de las productoras de gas por la diferencia entre el tipo de cambio de los últimos meses y los 20 pesos por dólar que se comprometieron a pagarle por contrato las distribuidoras, evitando que ese sobrecosto cambiario lo afronten los consumidores. En su versión más generosa, implicaría unos 540 millones de dólares. Y van…
Las generadoras de electricidad, núcleo que incluye a actores de renombre como Aes, Pampa Energía o Enel, entre otras varias ilustres, también tienen trámites de cobro abiertos, aunque hoy no lo plantean como una prioridad de agenda. Quizás porque Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) les está pagando puntualmente la energía que entregan al sistema, con tarifas de alrededor de 67 dólares el mega, que remuneran generosamente esa entrega.
Hay al menos dos conceptos por los que computan acreencias, ambos ligados a las liquidaciones de subsidios al sistema eléctrico en años pasados.
En un caso porque están pendientes créditos estatales para obras o mantenimientos específicos, recursos que ahora podrían capitalizar, utilizándolos en la compra de las empresas bajo la órbita de IEASA, que se privatizarán en breve. Oficiosamente, en despachos oficiales esa obligación se estima próxima a los 300 millones de dólares, monto por debajo de las expectativas privadas.
Los generadores también aspiran a un resarcimiento por los pagos tardíos que en otros momentos hacía el Tesoro a través de Cammesa, articuladora de los subsidios. Pero la pretensión de hacerse de intereses por mora difícilmente encuentre un terreno fértil para prosperar, menos en esta coyuntura difícil en la que las usinas aparecen como muy aventajadas.
No es que la bonanza invalide un reclamo legítimo. Menos que en el espíritu de la administración macrista exista voluntad de desairar a las empresas privadas y no sólo porque su amigo Nicolás Caputo está entre los accionistas de Central Puerto, que integra el grupo. Ni hablar. Sucede que la situación fiscal no habilitaría exigencias extemporáneas y de fundamentos endebles.
En este momento, la preocupación de las térmicas está centrada en cómo comprarán ellas mismas el combustible hasta ahora de provisión estatal, algo que reclamaron Periodista a coro pero que, llegado el momento de hacerlo, no les resulta tan sencillo y amigable: el padrinazgo público en esta materia se prolongará un tiempo adicional indefinido.
Hay otra categoría de compromisos sobre el erario vinculados al sector que permanecerán como legado. Entre ellos, los contratos de compra de energía renovable que firmó Cammesa, es decir “el sistema”, pero cuyas cuentas siguen equilibradas con aportes de dinero público.
En el legado podría incluirse la contratación de inversiones como las líneas de transporte eléctrico que se están licitando por el sistema de Participación Pública Privada, pasivo contingente superior a los 2000 millones para la Nación. O la nueva central nuclear que construirán los chinos por el casi el cuádruple de ese valor, y que empezaría a pagarse dos mandatos después que el actual.
Claro que la infraestructura es otro cantar y no pone sobre la mesa la urticante noción de subsidios, que para funcionarios y operadoras están siempre destinados a los consumidores, aunque de inmediato nutran las cajas empresarias.