Vidal se desmarca otra vez: no replicará el “protocolo Bullrich”
Su ministro Ritondo le argumentó su imposibilidad de aplicarlo por ahora. Tampoco Córdoba y Santa Fe se adherirán. Sólo Chubut firmó un convenio con Nación
LO RECHAZAN DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO Y MATERIAL DE LA BONAERENSE
Mientras en la gobernación bonaerense evalúan cada vez con mayor seriedad la posibilidad de desdoblar las elecciones 2019, María Eugenia Vidal volvió a desmarcarse de una política de la Casa Rosada: la mandataria adelantó que no adherirá al nuevo protocolo de seguridad, redactado por Patricia Bullrich. Tomó la decisión después de escuchar a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.
La gobernadora no lo dijo públicamente aún. Pero tanto Ritondo como su secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, quedaron en prepararle un documento con las razones para justificar la negativa ante el presidente Mauricio Macri. “La Regulación 956/2018 introduce una excepción a la prohibición general del uso de armas de fuego que es contraria a los estándares internacionales, que establecen que: “en cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida” (Principio 9 de los Principios de la ONU)”, le escribió anteayer Cantón a Ritondo una carta con una postura similar a la que marcó Elisa Carrió, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El propio Cantón reveló su diferencia con la resolución de Bullrich ayer a Infobae. En cambio, la argumentación de Ritondo no es el lado jurídico sino por la actualidad de la Bonaerense (a la que alguna María Eugenia Vidal no adhiere a la iniciativa que el Gobierno impulsó desde el Ministerio de Seguridad
vez se la llamó “La maldita policía”): “Consideramos que el policía tiene que tener todas las herramientas para hacer cumplir la Ley pero no todas las policías son iguales”, dijo, antes de añadir que “cuando llegamos nos encontramos con muchos policías que nunca habían hecho una prueba de tiro y no tenían el equipamiento necesario para cuidarnos”. “Antes que redefinir su marco de actuación tenemos que culminar este proceso de reforma profunda e integral”.
No sólo Buenos Aires ya se negó a adherir al polémico protocolo que, entre otras modificaciones, permite que la policía le dispare a un sospechoso sin dar la
voz de alto ni agresión previa. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta apela un amparo judicial del juez Roberto Gallardo para implementarlo (ver aparte), los otros dos distritos más poblados del país adelantaron su rechazo.
“No está bajo análisis su implementación en Córdoba”, reveló el secretario de Seguridad provincial, Alfonso Mosquera, consignó La Voz del Interior. Se trata de un territorio trampolín para Macri en los comicios de 2015, con un electorado cuyas sensaciones suele medir la Casa Rosada en sus encuestas.
“El único protocolo que rige en Córdoba son los límites que establece el Código Penal”, sentenció el funcionario mediterráneo. Por ahora, su gobernador, Juan Schiaretti, no emitió opinión.
Quien sí lo hizo fue el socialista Miguel Lifschitz. “No pasa por ahí resolver el problema de la inseguridad en la Argentina”, adujo el mandatario de Santa
Fe. Y completó: “No necesitamos fuerzas más violentas sino más inteligentes, mejor preparadas, organizadas y equipadas”. En cambio, el intendente
“Es contraria a los estándares internacionales”, subrayó el secretario de Derechos Humanos
“No necesitamos fuerzas mas violentas sino más inteligentes”, opinó el gobernador Lifschitz
capitalino José Corral (UCR) reclamó la adhesión.
Por ahora, la única provincia que se apuró en adherirse fue Chubut, como resaltó Télam. El ministro de Gobierno, Federico Massoni, ya lo firmó en una reunión con Bullrich.
El Gobierno debatirá el resto de las adhesiones, probablemente, en febrero, en la próxima reunión del Consejo de Seguridad Interior, que integran los ministros y secretarios del área de todas las provincias.